Óscar Rodríguez.   24 enero
Hermes Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), afirmó que hay una probabilidad alta de que las OPC continúen valorando las inversiones a precios de mercado, aunque se apruebe el cambio en la normativa. Foto: Óscar Rodríguez A.

Las operadoras de pensiones complementarias (OPC) garantizaron que serán precavidas en el uso del nuevo método propuesto para valorar las inversiones de los ahorros de sus clientes.

Hermes Alvarado, presidente la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), no prevé que las OPC modifiquen de manera drástica la forma de valoración de las inversiones de sus clientes si el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) aprueba el cambio normativo impulsado a finales del 2018.

“Si existe una posibilidad de un riesgo legal futuro o la duda razonable técnicamente (del cambio de valoración) hay una alta probabilidad de seguir valorando razonablemente (a costo de mercado) que a costo amortizable (al vencer los bonos)”, detalló Alvarado, durante el foro Medidas recientes sobre las operadoras de pensiones, organizado, este 24 de enero, por la Academia de Centroamérica y Deloitte.

El vocero de las operadoras complementarias consideró que todas las empresas supervisadas deben usar la misma metodología, pues eso permite comparar y hacer una transferencia equitativa de recursos, en el caso de que el cliente decida pasarse de OPC.

La reforma propuesta por el Conassif, en noviembre pasado, tiene el objetivo de modificar la Normativa contable aplicable a los entes supervisados.

Actualmente es obligatorio realizar diariamente la valoración a precios de mercado de los instrumentos que se adquieren, sean bonos de deuda del Gobierno o emisiones de empresas públicas y privadas, según el Reglamento sobre valoración de instrumentos financieros.

Alvarado resaltó que, en el caso de aprobarse el cambio, hay parte de las inversiones de las OPC que podrían valorarse a precios de mercado y otra, hasta el vencimiento.

Señaló, por ejemplo, que la valoración de los recursos del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) debe mantenerse a precios de mercado, al ser dinero que se utiliza para pagar constantemente a trabajadores que renuncian o son despedidos.

Para Édgar Robles, exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén), la reforma propuesta en la valoración de las inversiones muestra una ausencia de transparencia.

“Lo más preocupante es que no valorar a precios de mercado hace que los estados financieros de cada afiliado contendrá información que es falsa, pues es un indicativo de una cifra que no es de él”, aseguró Robles.

Este economista insistió en que la ecuación se complica con la decisión del Conassif de elevar el tope permitido para invertir en el Ministerio de Hacienda y Banco Central, del 50% de los recursos administrados hasta el 80%.

“¿Qué asesor financiero le puede recomendar a un inversionista invertir el 80% de su dinero en un solo emisor?”, cuestiono Robles.

Pero Álvaro Ramos, jerarca de la Supén, consideró “erróneo” afirmar que el nuevo tope implique subir las inversiones en títulos de Gobierno.

Ramos destacó que la Superintendencia sí efectuará una fiscalización a las OPC en caso de decidir dejar de valorar parte de sus inversiones.

“Vamos a hacer una revisión de los acuerdos y si nos damos cuenta de una decisión extraña podemos preguntar antes de que se haga la inversión”, recalcó Ramos.

El Superintendente recalcó que ahora hay una responsabilidad mayor sobre las juntas directivas de las operadoras, pues las estrategias del negocio son aprobadas allí.