Ocho de cada 10 denuncias por lavado de dinero vienen de la banca

Instituto Costarricense sobre Drogas recibió 340 casos de actividad sospechosa durante este año, de los cuales 42 fueron enviadas a la vía judicial para su investigación.

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Las entidades financieras denunciaron, durante este año, la mayoría de los casos sospechosos de lavado de dinero en el país.

Los datos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), muestran que ocho de cada 10 operaciones anómalas (83%), efectuadas entre enero y setiembre del 2018, fueron informadas por los bancos.

Este año, la institución pública recibió 340 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de los cuales 283 casos fueron remitidos por bancos.

Del total de denuncias, el ICD envió 42 informes a las autoridades judiciales para su investigación.

Entre los sectores productivos con mayor actividad sospechosa de lavado de dinero están construcción, servicios, alquileres, agentes inmobiliarios, jurídico y automotriz, según los datos revelados por el ICD, este 2 de octubre, durante la inauguración del IV Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

“El sector financiero es de los más regulados en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, por eso trabaja de manera permanente en este campo, no solo realizando los reportes que corresponde ante el ICD, sino que procuramos que los funcionarios bancarios estén al día en materia regulatoria, de mejores prácticas de prevención”, dijo Mario Gómez, asesor legal de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC).

Por su parte, Guillermo Araya, director del ICD, recalcó que el país aún debe trabajar temas como el anonimato de las criptomonedas y los beneficiarios finales de las transacciones sospechosas.

“El país debe sentarse a estudiar los temas a profundidad y alinearse con las tendencias internacionales para no quedar rezagados, no podemos quedarnos esperando a ver qué sucede en otros países, mientras nuestra realidad está siendo carcomida por el crimen organizado”, enfatizó el funcionario público.

Tanto la ABC como el ICD coinciden en que es urgente trabajar en el establecimiento de regulaciones y medidas que limiten el uso del efectivo.