Patricia Leitón. 8 marzo

Las leyes y mandatos constitucionales dispararon las transferencias de dinero que tiene que hacer el Gobierno a otras entidades del sector público y privado, en cuestión de 12 años.

De acuerdo con el Informe de Presupuestos Públicos 2018, de la Contraloría General de la República, el gasto del Gobierno Central (incluye los tres poderes de la República) en transferencias pasó de ¢783.739 millones, en el 2007, a ¢3.345.955 millones, en el 2018.

Como porcentaje de la producción del país dicho monto pasó de representar un 5,7% a 9,6%, en ese mismo periodo.

Si se traen los montos de años anteriores a valores del 2017, para excluir el efecto de la inflación, pasan de ¢1,2 billones a ¢3,3 billones en esos mismos 12 años, es decir, ahora son casi el triple.

09-07-2014/San José Costa Rica. El 7% del tributo de renta debe trasladarse al PANI, por ley. En la foto, un niño juega en el albergue infantil del PANI Aldea Arthur Gough, en Santa Ana/Fotografia: JOHN DURÁN
09-07-2014/San José Costa Rica. El 7% del tributo de renta debe trasladarse al PANI, por ley. En la foto, un niño juega en el albergue infantil del PANI Aldea Arthur Gough, en Santa Ana/Fotografia: JOHN DURÁN

Otro cálculo que hace la Contraloría son las transferencias netas, aquellas que restan a las transferencias entregadas por el Gobierno, las que recibe de otras entidades. Esas también muestran un fuerte crecimiento, pues se duplicaron entre el 2006 y el 2018 respecto a la producción: pasaron de representar 3,4% a 6,3% del PIB (producto interno bruto).

Las transferencias son los montos que una entidad traslada a otra, sea pública o privada. Existen las corrientes, como las que el Gobierno aporta al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) o al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), entre las más importantes.

También están las de capital, que son para obras como las que traslada al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) a las Juntas de Educación.

Transferencias del Gobierno Central
Transferencias del Gobierno Central
Necesarias para operar, pero con problemas

Estas transferencias son necesarias para la operación de las entidades y para realizar obras; no obstante presentan varios problemas.

Para comenzar, tienen un crecimiento acelerado frente a una recaudación de tributos que no aumenta al mismo ritmo; luego, en muchos casos existe obligación legal de entregarlas aun cuando no se utilicen en su totalidad y como algunas están ligadas a los impuestos, las reformas para aumentar los tributos terminan generando nuevos gastos.

La Contraloría estima que el crecimiento de las transferencias continuará hacia futuro porque muchas están ligadas a la producción o a la recaudación y no a la capacidad de la hacienda pública.

Un ejemplo de una transferencia que está ligada a la producción es el 1,5% que el Gobierno debe dar al FEES. En teoría, conforme crece la producción, debería aumentar la recaudación, pero eso no se cumple, pues en nuestro país no toda la producción está gravada.

Una asignación ligada a un impuesto es el PANI, al cual le corresponde el 7% de la recaudación del impuesto sobre la renta y para el 2018 la Sala Constitucional ordenó incluir todo el monto en el presupuesto ordinario.

En el caso del Patronato, señala la Contraloría, la ejecución presupuestaria de la institución, en el 2017, fue poco satisfactoria (76,3%), pero aún así, Hacienda debe transferir todos los recursos. Lo mismo sucede con otras entidades, lo cual genera que acumulen recursos sin usar en la caja única del Estado.

Sobre este tema de la ejecución se consultó la opinión del Patronato, pero no se obtuvo respuesta.

Aumento en impuestos eleva el gasto

Otra dificultad adicional que tienen las transferencias es que, como algunas están ligadas a la recaudación de impuestos, las reformas en los tributos que generen aumentos en la recaudación elevan también el gasto.

Por ejemplo, actualmente se discute en la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que tiene como uno de sus componentes cambios en el tributo sobre la renta.

No obstante, el 7% de la recaudación de dicho tributo debe ir al PANI y el 2% para la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).

Entonces, parte de la recaudación esperada del tributo sobre la renta generaría un nuevo gasto y por lo tanto no puede ir a reducir el déficit fiscal.

“El ajuste fiscal en las operaciones del Gobierno, resulta insuficiente si no se frena la dinámica de las transferencias”, advirtió la Contraloría General de la República.

José Francisco Pacheco, exviceministro de Hacienda y asesor económico del Partido Acción Ciudadana, explicó que por eso la aprobación de la reforma tributaria no significa que si se genera un 1,5% del PIB en nuevos ingresos, se vaya a bajar el déficit en ese mismo monto.

Por su parte, Édgar Ayales, exministro de Hacienda y asesor económico del candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, añadió que el plan de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas es un paliativo, pero debe ser acompañado con medidas de gasto, que incluyen las transferencias, para poder reducir el déficit.

Regla fiscal sí, pero en la Constitución

Existen varias vías para frenar el crecimiento acelerado de las transferencias. Una es el proyecto de ley sobre una regla fiscal, a nivel constitucional, que se discute en la Asamblea Legislativa.

Dicha regla prioriza la sanidad fiscal al sujetar el crecimiento del gasto a ciertas reglas y está por encima de las leyes que obligan al Ministerio de Hacienda a hacer transferencias por montos específicos y, además, queda al mismo nivel de otras asignaciones que señala la misma Constitución Política, como los traslados para educación.

Se consultó al Consejo Nacional de Rectores sobre el caso del FEES, pero la entidad respondió que no se referirá al tema, debido a que el proyecto se encuentra en proceso de trámite en la Asamblea Legislativa.

Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la Contraloría, manifestó que una regla fiscal a nivel constitucional es conveniente y podría contribuir a alcanzar y mantener una posición fiscal sostenible.

“Sería deseable, además, que su aplicación sea extensiva a todas las instituciones públicas más allá del Gobierno Central. La Contraloría ha insistido en la necesidad de realizar cambios a la legislación en materia de destinos específicos para ajustarlos a la realidad económica y social del país”, añadió.

Otro proyecto que contribuiría a un uso más eficiente de los recursos es el que establece que el presupuesto de todos los órganos desconcentrados (muchos de ellos reciben transferencias) se detalle en el presupuesto ordinario de la República, de manera que se discuta en la Asamblea Legislativa.

Actualmente, solo se incluye el monto total de la transferencia que hace cada ministerio.

Este plan fue aprobado en segundo debate, el pasado 21 de febrero, y permitirá una mayor eficiencia en la ejecución de los recursos. De acuerdo con la Contraloría, dicha ley permitirá ahorrar al Gobierno ¢115.000 millones al año.

Para Pacheco, hay tres puntos clave para enfrentar la situación: tramitar una legislación para flexibilizar la entrega de destinos específicos, modificar el manejo de la caja única de manera que las entidades utilicen primero el dinero que tienen ahí antes de pedir más y que los ministros, que ahora que tienen más fuerza en el manejo de los órganos adscritos, puedan asignar los recursos según su enfoque estratégico y no según la legislación que hoy está vigente.

Pacheco dijo que también apoyan la regla fiscal. “Una de las ideas que hemos venido planteando es la posibilidad de aplicar, como regla, para que los distintos actores económicos sepan cómo se va a manejar la política fiscal, que el gasto corriente del Gobierno va a crecer una fracción de lo que crece el PIB, esa es la regla que el Gobierno había definido”, comentó Pacheco.

Por su parte, Ayales, explicó que algunas transferencias requieren cambios en las leyes, pero hay otras que podrían modificarse sin necesidad de eso y están dispuestos a enfrentarlas.

“Va a ser una lucha contra todos los sectores interesados, que van a pelear contra eso, pero eso se sabía, no hay nada fácil que quede por hacer, todo es difícil (…) es una locura cómo nos hemos ido poniendo la soga al cuello, automáticamente, como sin darse cuenta, de un año para otro se incrementa (las transferencias) un 7% u 8% (…) con una inflación de menos de un 2%, no es posible así”, dijo Ayales.