Ricardo González. 25 noviembre, 2018

En la columna anterior iniciamos el análisis de la situación actual de las sociedades comerciales en Costa Rica y de la forma en que su régimen jurídico se ha transformado merced a las diversas leyes relativas tanto a la identidad como a la responsabilidad de los socios y de los administradores.

Sumemos a lo anterior el hecho de que, durante los últimos 25 años, se ha venido incrementando la aplicación en nuestro medio de la doctrina del abuso de la personalidad jurídica como instrumento para combatir la evasión de las obligaciones tributarias.

Este tema tiene una eminente finalidad práctica, la cual es permitir a la administración tributaria –en primer lugar– y también a los jueces, apartarse del formalismo conceptual, a fin de interpretar de modo adecuado las formas jurídicas para desprender la objetiva valoración de los hechos y por ende, de la verdadera realidad económica (en este sentido se había pronunciado la sentencia número 76-91, de las 14:20 horas del 12 de junio de 1991, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). Esto es prescindir de las formas o apariencias jurídicas para aplicar la legislación tributaria según la realidad de los hechos económicos, que no siempre son coincidentes con aquellas, para que la norma impositiva cumpla la función prevista.

Por su contenido e implicaciones prácticas es que la doctrina y jurisprudencia ha denominado este principio como "doctrina de la transparencia fiscal " o "doctrina de la penetración o desestimación de la personalidad jurídica " (sentencia número 49-1996, de las 14:45 horas del 19 de mayo de 1996, de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia); en tanto se aboga por prescindir de las formas jurídicas cuando éstas son inapropiadas a la realidad de los hechos gravados o poseen un fundamento o finalidad distinto de la norma tributaria, con lo cual, su finalidad es esclarecer plenamente las circunstancias reales, levantar el velo de la personalidad jurídica para aprehender la realidad de los hechos.

El tema forma parte de uno más amplio, que cabe denominar como “el problema del abuso de las formas contractuales” (y no solamente la figura societaria). De ello hablaremos más adelante.