Ricardo González. 21 enero

En nuestra columna del pasado 25 de diciembre (publicada solo digitalmente pues ese día no circuló la versión impresa), comentamos sobre el proyecto de resolución que regulará la utilización de poderes de actuación ante la Administración Tributaria.

Es importante tomar en cuenta que no se trata de poderes de tipo judicial, cuya regulación expresa se contempla en el Código Civil, sino de poderes de tipo administrativo, sede en la cual han existido diversidad de criterios en cuanto al tipo de mandato y a los requisitos que debe cumplir el poder para gestionar eficazmente ante las diversas oficinas e instancias administrativas

Y es que ha sido un error común de los contribuyentes y de algunos asesores fiscales, darle el mismo formato a los poderes especiales judiciales y a los poderes especiales administrativos.

La regulación del Código Civil (artículos 1289 y 1290) se refiere a los primeros, pero la norma no es de aplicación automática a los segundos. Lo particular que tiene un poder especial (regulado por la norma 1256) es que el mandatario solamente queda facultado para los actos especificados en el mandato, sin poder extenderse ni siquiera a los que se consideren consecuencia natural de los que el apoderado esté encargado de ejecutar. Esta dualidad de regulaciones (una expresa para lo judicial y otra diferente para lo extrajudicial) ha provocado que algunas oficinas administrativas rechacen diversas actuaciones de los apoderados especiales, bajo el argumento de que esa gestión específica “no está contemplada en las facultades del poder especial (administrativo) que se pretende utilizar”.

Lo ideal entonces sería que la Administración emitiese pronunciamientos que traten de resolver la falta de regulación específica que ha existido en materia de mandatos y poderes especiales tributarios. Pero el proyecto que se pretende poner en vigencia no apunta en esa dirección, sino que en su mayor parte es un resumen general, de tipo más bien didáctico, de lo ya dispuesto en el Código Civil, con algunas reglas prácticas sobre la acreditación y registro de los poderes.

El problema del poder especial administrativo no parece solucionarse con el proyecto, pero aún estamos a tiempo de incluir ese tema y poner en vigencia una regulación que brinde seguridad jurídica a los contribuyentes