Óscar Rodríguez. 12 marzo
El proyecto Monte del Barco está ubicado en el Polo Turístico Papagayo. Imagen del desarrollo previsto por Aldesa. Foto: Cortesía Aldesa.
El proyecto Monte del Barco está ubicado en el Polo Turístico Papagayo. Imagen del desarrollo previsto por Aldesa. Foto: Cortesía Aldesa.

El Juzgado Concursal de San José suspendió, por segunda vez, la audiencia que iba a definir el remate de 26 propiedades del proyecto Monte del Barco, de Aldesa.

El juez aplazó dicha cita ante una solicitud de la empresa, pues su abogado en este proceso de intervención judical no podría participar en la audiencia.

La nueva cita judicial quedó programada para el próximo 19 de marzo, informó la compañía.

En la audiencia se iba a definir si el Juzgado aceptaba o no la medida cautelar, pedida por Aldesa, de suspender el remate administrativo de 26 propiedades del proyecto, ubicado en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.

Banco Lafise busca ejecutar un fideicomiso de garantía, firmado con el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, con el fin de obtener los terrenos como dación de pago por el financiamiento otorgado a la empresa, en el 2008.

En ese año, Aldesa obtuvo un préstamo de $10 millones, cuyo saldo actual es de menos de $5 millones, según Javier Chaves, presidente de la empresa, a La Nación, el pasado 5 de marzo.

El empresario destacó que, de aceptarse el remate, se generaría un gran daño a sus casi 600 acreedores en beneficio de uno solo.

Chaves consideró que la cláusula de garantía del crédito es abusiva, pues las propiedades que se pretenden rematar tienen un valor muy superior a los $5 millones.

“Lo que se presentó al Juzgado fue un alegato nuestro de que había una garantía excesiva. Sobre este tema hay jurisprudencia hasta de casación, de que cuando las garantía son excesivas se perjudica a los otros acreedores, por eso se pidió la medida cautelar, para que no se ejecute el fideicomiso de garantía”, sostuvo Chaves, en entrevista con este diario.

Aldesa confirmó que los terrenos en ejecución representan una proporción importante del total de las tierras del Proyecto.

La empresa solicitó, desde marzo del año pasado, intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas.

La empresa ya consiguió arreglos de pago firmados y ejecutados con 150 acreedores por un valor de $65 millones.