Los incentivos salariales es el rubro, dentro de las remuneraciones totales del sector público, que más crece en el presupuesto de las entidades públicas para el 2019, respecto al presupuesto definitivo del 2018, según el análisis de los planes de gasto para este año, que realizó la Contraloría General de la República.
Según el documento, los incentivos del sector público para el 2019 suman ¢2.551.799 millones, lo cual representa 40,5% del total de remuneraciones y un aumento de 3,9% respecto al presupuesto definitivo del 2018.
Los incentivos incluyen la retribución por años servidos, el aguinaldo, la restricción al ejercicio laboral de la profesión y el salario escolar, entre otros.
“Los incentivos salariales son la subpartida con mayor asignación y crecimiento, lo cual es evidencia de un crecimiento inercial que incide en la sostenibilidad del sistema remunerativo. Además, existen problemas estructurales asociados con disparidades, complejidad y transparencia en los sistemas remunerativos”, señaló la Contraloría, en el Informe Presupuestos públicos 2019 Situación y perspectivas, que publicó la mañana de este jueves 28 de febrero.
Según el informe, para el ejercicio económico del 2019 se presupuestan para remuneraciones ¢6.306.567 millones, 2,8% más que en el presupuesto definitivo de 2018. El monto representa un 16,8% de la producción esperada.
Por su parte, para remuneraciones básicas se presupuestan ¢2.334.415 millones (37% del total), lo cual implica un aumento de 2,2% respecto al presupuesto definitivo del 2018.
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Consultada sobre este crecimiento, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, explicó que cuando se hicieron estos presupuestos no estaba vigente la nueva Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual empezó a regir el 4 de diciembre del 2018, y que incluyó cambios en el pago de incentivos salariales como la dedicación exclusiva, la prohibición, las anualidades y la cesantía.
Solo en el caso del Gobierno Central se comenzaron a aplicar cambios desde mayo del 2018, como por ejemplo un monto fijo por anualidades, en lugar de un porcentaje del salario.
Por ello, Aguilar espera que el crecimiento real de estos incentivos en el 2019 sea menor luego de la aplicación de las nuevas reglas.
En el caso del Gobierno Central, Aguilar prevé que los incentivos salariales respecto a la producción pasen de 3,2% en el 2018 a 3,1% en el 2019 tras los cambios aplicados y las remuneraciones en general de 7,6% a 7,2%.
La Contraloría, en su informe, reconoce los cambios en empleo público que incluyó la nueva legislación, pero considera que se requiere avanzar más en el tema.
“A pesar de los cambios en el empleo público incluidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, enfocados principalmente en la contención del gasto en remuneraciones, persiste la necesidad de una reforma estructural que permita solventar las debilidades señaladas por esta Contraloría, analizadas bajo los ejes de disparidades; simplicidad y sostenibilidad; transparencia y rendición de cuentas”, detalla la entidad en su informe.
En total, los fondos públicos aprobados por la Contraloría para el Sector Público sin consolidar para el 2019 son de ¢28.082.166 millones, lo cual representa un 75% de la producción.
Nota: Esta información fue modificada a las 5:26 p. m. con declaraciones de la Ministra de Hacienda.