El impuesto sobre la renta es el tributo que ha logrado recaudar más dinero por concepto del proceso de amnistía tributaria.

Hasta el pasado 17 de febrero, la Dirección General de Tributación reportó la cancelación de ¢180.510 millones, de los cuales el 88,7% corresponden a renta, es decir, ¢160.172 millones.

El segundo rubro en importancia es el pago de las sanciones, que ascendió a ¢13.817 millones, lo cual significa el 7,7% de la recaudación.

Carlos Vargas, director de Tributación, confirmó que hasta esa fecha un total de 24.939 contribuyentes se acogieron a la amnistía.

“La amnistía busca que un contribuyente pueda cancelar una deuda con el fisco con un beneficio. En este caso es la condonación del pago de intereses y una reducción de la cuantía de las sanciones”, explicó Vargas.

El jerarca explicó que las ventajas impositivas aplican sobre todos los impuestos y tasas administradas por Tributación.

Los principales impuestos son el de renta y ventas. Pero también se incluyen el marchamo, el de casas de lujo y sociedades anónimas, entre otros.

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, vigente desde el pasado 4 de diciembre, estableció un periodo de tres meses de amnistía en el cual se perdona el cobro de los intereses y entre el 80% y 60% de las multas establecidas por el fisco.

El plan fiscal establece al contribuyente el pago inmediato de tributos o la posibilidad de un arreglo de pago fraccionado, por un periodo de seis meses.

El beneficio establecido con la reforma fiscal finaliza el próximo 4 de marzo.

Efecto positivo

El Director de Tributación explicó, durante una entrevista en vivo con La Nación, vía Facebook, que los primeros dos meses de la aplicación de la amnistía generó un ingreso adicional de recaudación de ¢80.000 millones en cada mes.

Incluso, el pago extraordinario en diciembre pasado fue una de las razones que permitieron que el déficit fiscal del Gobierno fuera del 6% de la producción, en vez del 7,2% previsto para el 2018 por parte del Banco Central.

Para Vargas, una de las ventajas adicionales del proceso es que logran cerrar casos de disputas administrativas de hasta cinco años con contribuyentes.

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“Cuando se trata de deudas tributarias, luego de un proceso de fiscalización, lo que la ley dicta es que para acogerse a la amnistía el contribuyente debe aceptar los cargos para dar por cerrado el caso”, explicó el funcionario.

Por tipo de contribuyente, el pago se ha concentrado principalmente en personas físicas y pequeñas y medianas empresas.

Hasta el momento, el Banco Nacional, el Popular y el Banco de Costa Rica (BCR) son quienes más recursos han cancelado.

En conjunto las tres entidades financieras pagaron ¢142.113 millones, es decir, el 78% del total de dinero obtenido por Hacienda en la amnistía tributaria.

El Nacional pagó ¢70.946 millones, el Popular ¢57.029 millones y el BCR ¢14.138 millones, confirmaron las tres entidades, en diciembre pasado.