El Gobierno rehúsa dar la contribución adicional al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para garantizar la pensión mínima a 80.500 personas.
Por eso, el Ministerio de Hacienda no incluyó en el plan de gastos del 2017 el aporte extra del Estado, de unos ¢60.000 millones, al fondo de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Helio Fallas , ministro de Hacienda, confirmó a La Nación que el dinero no se incluyó, primero, porque no fueron notificados a tiempo por la Caja sobre el aumento en el aporte de 0,58% a 1,24%. Adicionalmente, porque pidieron a la Junta Directiva de la CCSS posponer la aplicación del monto extra por la crisis fiscal del Gobierno, dijo.
El Ministerio también consultará a la Procuraduría General de la República (PGR) si están obligados a cotizar el doble al régimen de pensiones básico.
“Hacienda hará una diligencia de índole legal, ante la Procuraduría, para saber si debemos pagar eso (la contribución extra)”, manifestó José Francisco Pacheco, viceministro de Egresos de Hacienda.
La Junta Directiva de la Caja aprobó el incremento en el aporte del Gobierno al IVM el pasado 28 de julio y empezó a regir el pasado 1. ° de setiembre.
La medida se acordó como una subvención del Estado para garantizar la pensión mínima de ¢130.000 a los jubilados que no cotizaron suficiente para obtener dicho monto.
La Caja calculó, con datos a junio del 2015, un aporte adicional al IVM de ¢54.000 millones. Sin embargo, Pacheco consideró que la suma rondará los ¢60.000 millones con los datos más actuales del régimen.
Este monto se sumará a los ¢50.000 millones de contribución actual del Gobierno.
Dinero clave. Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, aseguró ayer que si Hacienda no transfiere los recursos se tomarán de los intereses generados de las inversiones de la reserva del fondo de jubilaciones.
“Hacienda presentó un nuevo planteamiento a la Junta Directiva en la línea de que están opuestos al ajuste (del aporte) por el tema fiscal y piden una negociación en el marco de las reformas de fondo al IVM”, dijo Barrantes.
El jerarca enfatizó que, al entrar a regir la nueva contribución estatal al fondo, la Caja cobrará el aporte adicional al Gobierno.
Por su parte, el viceministro de Hacienda dijo que si la PGR confirma la obligación del pago, los recursos se incluirían en un presupuesto extraordinario en el 2017 o quedaría como una deuda pendiente por pagar a la Caja.
El cambio en la contribución estatal al IVM también elevará el aporte del Gobierno al fondo de pensiones del Magisterio Nacional y al del Poder Judicial , pues la ley establece que ambos reciban igual monto que el IVM.
Pero el Gobierno tampoco incluyó los recursos adicionales para la Corte y el Magisterio.
Róger Porras, director ejecutivo de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), confirmó que para el 2017 presupuestarán los recursos adicionales, pues ya entró a regir el nuevo aporte al fondo.
Hacienda presupuestó un aporte estatal de ¢6.744 millones en el 2017 para las pensiones del Magisterio. Jupema prevé que adicionalmente deberán transferirles ¢6.629 millones.
En el caso del Poder Judicial solo se incluyeron ¢1.510 millones. La contribución adicional rondaría los ¢1.700 millones. Colaboró Patricia Leitón.