EscucharCiudad de Panamá. El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Dulcidio De La Guardia, presentará ante el Congreso de Diputados un proyecto de ley para que la evasión fiscal a partir de $300.000 pase a ser delito en el país, informó el viernes pasado el gobierno.
El Consejo de Ministros en sesión extraordinaria aprobó un proyecto de ley que incluye la defraudación fiscal en el Código Penal, anunció el Ejecutivo panameño.
De acuerdo a un comunicado, el objetivo es: "evitar que el sistema financiero sea usado para el blanqueo de dinero".
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El gobierno panameño pretende imponer de dos a cinco años de prisión y una multa de hasta 10 veces el importe defraudado para quien evada $300.000 o más en cada año fiscal. Archivo (Alejandro Bolivar)
En Panamá la evasión fiscal es una falta administrativa y no un delito. Por tanto, no conlleva pena de cárcel.
La iniciativa gubernamental busca sancionar con dos a cinco años de prisión y una multa de hasta 10 veces el importe defraudado para quien evada $300.000 o más en cada año fiscal.
El proyecto también indica que si el defraudador devuelve el dinero evadido no tendrá pena de cárcel, medida que solo podrá ser aplicada una vez por cada individuo.
En estos momentos el Congreso, que en su mayoría apoya al gobierno, está en receso y no sesionará hasta enero del próximo año.
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El sistema financiero panameño fue duramente criticado tras el escándalo en el 2016 de los "Panama papers", una divulgación de documentos que reveló cómo desde un bufete panameño de abogados se crearon infinidad de sociedades opacas.
Algunas de estas sociedades habrían servido para que personalidades de todo el mundo evadieran impuestos o blanquearan dinero de actividades ilícitas.
Tras el escándalo, el gobierno panameño aceleró una serie de reformas para blindar su sistema financiero, como anular las acciones al portador, y se comprometió ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a intercambiar información tributaria con más de un centenar de países.
Varias organizaciones internacionales habían aconsejado a Panamá en el último año declarar delito el fraude fiscal.
