Óscar Rodríguez. 23 mayo
La Caja prevé entregar, en el segundo semestre de este año, el plan para fortalecer el IVM. Foto: Jorge Castillo.
La Caja prevé entregar, en el segundo semestre de este año, el plan para fortalecer el IVM. Foto: Jorge Castillo.

Las medidas ‘emergentes’ para proveerle nuevos ingresos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) ayudarán, pero no darán sostenibilidad futura al principal fondo de pensiones de Costa Rica.

La solución para el sistema pasa, inevitablemente, por ajustes en la edad de retiro, la cotización y el monto de jubilación recibido por las personas cada mes.

Así coincidieron los especialistas Álvaro Ramos, actual jerarca de la Superintendencia de Pensiones (Supén); el actuario Rodrigo Arias; Édgar Robles, exsuperintendente de Pensiones y Pablo Sauma, exdirectivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La urgencia de recursos para el fondo se fundamenta en que, en las próximas dos décadas, se triplicará la cantidad de pensionados del sistema, según el estudio actuarial del IVM, elaborado por la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Costa Rica, en el 2016.

El régimen cuenta actualmente con 272.000 beneficiarios, los cuales se incrementarán a 800.000 para el 2040, proyectó el estudio de la UCR.

La Caja prevé entregar, en el segundo semestre del año, un plan que ofrezca estabilidad futura al IVM, después de que el mandatario Carlos Alvarado pidiera a Román Macaya, presidente de la institución, presentar una propuesta concreta.

Alvarado solicitó, el pasado 14 de mayo, encontrar medidas “emergentes” o “creativas” para garantizar la sostenibilidad del régimen.

Para el presidente Alvarado, las sugerencias conocidas, como incrementar la contribución, elevar la edad de retiro y modificar el cálculo del monto de la pensión, son polémicas.

Plan en construcción

Macaya confirmó en entrevista con La Nación, el pasado 17 de mayo, que explorarán opciones de recursos frescos mediante titularización de ingresos de obra pública e inversión en infraestructura.

Incluso, José Luis Loría, directivo de la CCSS, propuso que el ingreso de los peajes de la ruta 32, una vez concluida la ampliación, ingresen al IVM.

Para el actuario Rodrigo Arias, quien coordinó el estudio actuarial elaborado por la UCR, las posibles opciones de nuevos recursos deben ser estables y continuos en el tiempo debido a las obligaciones futuras.

Las presiones al régimen se derivan de que la cobertura de trabajadores cotizantes pasó de 44%, en el 2001, al 62% en el 2015.

Arias destacó que la “oleada” de nuevos pensionados comenzará a partir del 2035, y recibirán el beneficio, en promedio por 18 años, lo cual implicará un aumento en los gastos del fondo.

“El monto de los nuevos ingresos a recibir deben determinarse mediante estudios científicos. Debe saberse cuántos ingresos son y en qué fecha ingresan. El ingreso debe ser estable, permanente”, recalcó el actuario.

Las opciones financieras de posibles nuevas inversiones de la reserva del régimen irán acompañadas de un aumento del riesgo, destacó, por su parte, el superintendente Álvaro Ramos.

El jerarca incluso enfatizó en que el IVM no presenta espacios importantes de mejora en gestión de inversiones o costos administrativos.

Hasta marzo pasado, el 66% de las reservas estaban invertidas en bonos de deuda del Gobierno; 9,3% en otras instituciones públicas, el 3,3% en créditos hipotecarios y 2,2% en el sector privado. El restante 19,2% está registrado como cuentas por cobrar al Estado, patronos y trabajadores.

“Los aumentos en la tasa de cotización mejoran los ingresos, así como aumentos en la edad de retiro (...) así como reducciones en la tasa de reemplazo (beneficio). Esos tres parámetros son los de mayor impacto”, enfatizó Ramos.

Evaluar estructura

Para Édgar Robles, exjerarca de Supén, fortalecer el IVM sin modificar su estructura básica –o haciendo cambios mínimos– no es viable.

“Primero hay que pensar las pensiones que queremos como país y cómo se van a financiar. La forma actual de beneficios no es sostenible, e insistir en esa fórmula es simplemente condenarnos al fracaso”, recalcó este economista.

Los problemas de sostenibilidad del régimen costarricense, ya ocurrieron en otros países con fondos básicos de pensiones.

Robles destacó que la solución en Uruguay fue obligar a los jubilados a cotizar al régimen, y en España, los aumentos en el monto de pensión son inferiores a la inflación.

“En otros países europeos crearon impuestos específicos para financiar los sistemas públicos de pensiones. Y en la inmensa mayoría de países de Latinoamérica, el Gobierno paga el déficit con gasto público”, destacó el exsuperintendente.

Las medidas emergentes o innovadoras de brindar recursos frescos al fondo son difíciles que tengan un impacto profundo en el IVM, pues el sistema tiene "vida propia", recalcó Pablo Sauma, exdirectivo de la Caja.

Además, Sauma destacó que la Caja tiene un margen limitado de acción debido a que la Junta Directiva solo tiene injerencia en los aportes, beneficios y administración de las inversiones.

Añadió que la alianza con el Presidente de la República es muy importante para el impulso de medidas fuera de la CCSS.

“Se puede ser muy creativo, pero no veo cuáles son las opciones (...) Las operadoras complementarias tienen más plata que la Caja y no han podido hacer nada en inversiones de obras públicas”, afirmó el Sauma.

Incluso comentó que desde hace casi 10 años se preparó un primer estudio para permitir al IVM invertir recursos en el exterior, pero este movimiento no se ha hecho.

Sauma fue enfático en que cualquier medida nueva debe fundamentarse en estudios actuariales rigurosos.

En el 2017, una mesa de diálogo presentó 33 recomendaciones para fortalecer el régimen.

Sin embargo, un análisis de la Dirección Actuarial de la Caja concluyó, en octubre anterior, que dichas propuestas logran un mínimo efecto en el fondo.

El IVM es el principal régimen de jubilaciones de Costa Rica para el cual cotizan más de 1,5 millones de trabajadores, 80.000 patronos y el Estado.

A marzo pasado, la reserva del sistema reportó un saldo de ¢2,6 billones, según los estados financieros de la Caja.