Por: Óscar Rodríguez.   14 mayo
Hacienda decidió, este año, efectuar una contribución estatal solo del 0,58% al fondo de pensiones de la Corte y del Magisterio Nacional en vez del 1,24%. En la imagen, empleados judiciales en un juicio en San José. Foto: Alonso Tenorio.

El Ministerio de Hacienda debe ¢138.380 millones de contribuciones estatales a los tres principales fondos de pensiones básicos de Costa Rica.

El monto adeudado es en el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Régimen de Capitalización Colectiva (RCC) del Magisterio Nacional y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.

El 91% del monto pendiente de pago es con IVM, es decir, ¢125.966 millones, se detalla en los estados financieros del régimen de febrero pasado.

El resto de los recursos se distribuye entre el régimen del Magisterio y la Corte.

En estos sistemas la contribución es tripartita: cotiza el trabajador, el patrono y el Estado.

Al IVM aportan 1,5 millones de trabajadores; en el RCC, 94.035 educadores; y en el Poder Judicial, 13.203 empleados.

Los administradores de los tres regímenes enfatizaron que la deuda provoca un impacto financiero y pone en riesgo la pensión futura de los trabajadores.

Incluso la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) proyectó un déficit de ¢86.000 millones.

En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Junta Directiva ordenó a la Gerencia de Pensiones, en octubre del año pasado, efectuar un estudio para determinar el impacto financiero del impago por parte del Estado.

El resultado del informe está pendiente de entregarse a los directores de la institución autónoma.

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Medidas judiciales

La deuda estatal con los fondos básicos se incubó en la decisión de la Directiva de la Caja, en julio del 2016, de elevar la contribución estatal de 0,58% a 1,24% para obtener ¢54.000 millones adicionales y así poder financiar la pensión mínima de los jubilados.

El ajuste comenzó a regir, en setiembre del 2016, y también significó un alza en el sistema del Poder Judicial y el Magisterio, porque el aporte estatal es el mismo hecho al IVM.

La contribución del Estado a las pensiones básicas lo financia Hacienda mediante el pago de tributos de los contribuyentes.

El Gobierno no presupuestó en 2016, 2017 y 2018 el alza de 0,66 puntos porcentuales en la contribución estatal, confirmó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la Caja, en marzo pasado.

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Pero Hacienda sí hizo el aporte en el caso del régimen de la Corte y el Magisterio Nacional en 2016 y 2017.

Sin embargo, la entidad pública decidió volver a realizar solo la contribución estatal de 0,58% para este año.

Martha Cubillo, Tesorera Nacional, confirmó que la contribución de 1,24% no fue presupuestada en ninguno de los regímenes básicos para este año, porque Hacienda no ha aceptado el aumento de la contribución por la insuficiencia fiscal de recursos.

"El ajuste fue una decisión unilateral de la CCSS, sin consultar previamente al Ministerio de Hacienda, sin analizar la situación fiscal que atraviesa el país, sin que se determine la fuente de recursos para asumir esa nueva obligación y sin medir la afectación a otros programas sociales que atiende el Estado", recalcó Cubillo.

Jupema y el Poder Judicial confirmaron que preparan la presentación de medidas legales contra el Gobierno debido al impago.

El Consejo Superior, administrador del fondo del Poder Judicial, ordenó a la Dirección Jurídica emprender las acciones que estime necesarias para que Hacienda realice el aporte pendiente al fondo, según consta en el acta 26-18 del 05 de abril del 2018.

"Para el año 2018, el Ministerio de Haciendo recortó del presupuesto del Poder Judicial, lo correspondiente al aumento en el aporte estatal. Por esa razón, el Ministerio mantiene un saldo pendiente de pago de ¢526 millones", confirmó Sandra Castro, asesora legal del Departamento de Prensa del Poder Judicial.

Añadió que se han realizado varias solicitudes formales para recibir el pago, pero el resultado fue negativo.

La vocera resaltó que incluso Carlos Chinchilla, presidente de la Corte, se reunió con Helio Fallas, anterior jerarca de Hacienda.

Hacienda también informó al Ministerio de Educación Pública (MEP) que para este año no se presupuestó el aporte de 1,24% correspondiente a la cuota estatal, según el oficio DGPN-0132-2018 de Hacienda, del 9 de abril anterior, del cual tiene copia La Nación.

"Se debe recordar que considerando la difícil situación fiscal que atraviesa el país, en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario del 2018, se presupuestaron recursos equivalentes al 0,58% para el pago de cuota estatal", detalló Marjorie Morera, directora General de Presupuesto de Hacienda en la misiva enviada al MEP.

Roger Porras, director ejecutivo de Jupema, afirmó que la decisión de Hacienda implica poner al régimen en una situación financiera difícil.

Agregó están en el proceso de agotar el cobro por vía administrativa, pero ya valoran ejercer las acciones judiciales.

Jupema es el administrador del fondo de pensiones del Magisterio Nacional.

"Entendemos la situación fiscal del Gobierno, pero nuestra responsabilidad como administrados del fondo es ejercer las acciones de cobro de los recursos", recalcó Porras.

Jupema presupuestó una contribución estatal al RCC de ¢16.200 millones para este año. Sin embargo, la decisión de Hacienda significará que no reciban el 53% de los recursos del 2018.

Fondo del Magisterio proyecta déficit de ¢86.000 millones
El más reciente estudio actuarial hecho al fondo de pensiones del Magisterio revela que la baja en la contribución estatal generará déficit de ¢86.000 millones al régimen. Foto: Jeffrey Zamora.

La decisión del Ministerio de Hacienda de no efectuar la contribución completa de aporte estatal generará un déficit futuro de ¢86.000 millones al fondo de pensiones del Magisterio Nacional.

Así lo reveló la Evaluación Actuarial del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), publicada en febrero anterior.

El informe determinó que el daño financiero ocurriría en el escenario en que el Gobierno efectúe un aporte estatal de 0,58% al fondo, en vez del 1,24%.

La baja en la contribución del Estado al fondo se materializó este año, cuando Hacienda informó de la reducción al Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

El argumento de Hacienda para reducir la cuota estatal fue la situación fiscal del Gobierno. Así se detalla en dos oficios de abril anterior.

"En cuanto al pago de las cuotas estatales al MEP, instituciones privadas y universidades se debe recordar que, considerando la difícil situación fiscal que atraviesa el país, se presupuestaron recursos equivalentes al 0,58%", detalló Marjorie Morera, directora General de Presupuesto de Hacienda, en el oficio DGPN-0133-2018, del 13 de abril pasado.

El Ministerio sí hizo la contribución de 1,24% en el 2016 y el 2017.

"La decisión (de Hacienda) nos complica. Por ley estamos obligados a cobrar el aporte y los intereses que se generan por no hacer la contribución", explicó Róger Porras, director ejecutivo de Jupema.

El jerarca enfatizó que si la contribución no se completa, deberán realizar ajustes en el fondo para evitar el deterioro.

"De acuerdo al estudio actuarial, para logra el equilibrio tendríamos que revalorar las pensiones por debajo de la inflación en 1,25 puntos porcentuales, lo cual es irracional porque implicaría una pérdida de poder adquisitivo", explicó Porras.

Adicionalmente, Jupema debería lograr que las inversiones de la reserva del RCC generen un rendimiento real de 5,56% cada año.

Dicha posibilidad, según el mismo estudio, es una opción complicada debido a la realidad del mercado de inversiones local, en el que predominan los instrumentos del Ministerio de Hacienda.

Suspensión de aportes en el pasado generó costosa factura a contribuyentes
El Gobierno asumió con cargo al presupuesto, desde 1992, el pago de las pensiones de más de 17 regímenes de jubilación. Para este año el costo se prevé en ¢953.756 millones. Foto: Rafael Pacheco.

Las deudas del Estado con fondos de pensiones y la seguridad social no son una situación nueva.

En la década de 1990 se realizó una amplia reforma para cerrar regímenes de pensiones desfinanciados y, en los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, se saldó parte de la deuda estatal con el seguro de salud.

Ambas decisiones provocaron una costosa factura a los contribuyentes, pues se financiaron con el pago de tributos.

En julio de 1992 se emite la Ley Marco de Pensiones que crea el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional, y cierra 16 fondos de jubilación como los de Obras Públicas, Hacienda, Correos, Ferrocarril, entre otros.

La decisión se tomó porque ningún gobierno hizo, desde mediados del siglo XX, la reserva para pagar las pensiones.

Para el 2018, el costo de las pensiones de unas 40.000 personas ascenderá a ¢953.756 millones.

El pago se financia mediante el cobro de impuestos que se hace los contribuyentes.

"Estos regímenes de pensiones se crearon, pero nunca se hizo la reserva provisional para pagar las jubilaciones", explicó Róger Porras, director ejecutivo de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

Porras enfatizó que a los docentes se les reducía el aporte, pero el dinero se usó para otros fines.

En el caso del seguro de salud, el pasivo estatal se generó debido a que el Ministerio de Hacienda no efectuó, durante años, la cuota de trabajadores independientes, personas recluidas en centros penales, entre otros.

"Debido a que la Caja no realiza ningún ajuste ni en pensiones, ni en el seguro de salud lo que hace es echar mano a mayores contribuciones del Estado", recalcó Pablo Sauma, economista especialista en temas de pensiones y seguridad social.

Sauma recordó que la Constitución Política establece la obligatoriedad del Estado de financiar la seguridad social en caso de falta de recursos, con lo cual la Directiva de la entidad autónoma puede establecer los montos adicionales a financiar.

Durante la administración de Laura Chinchilla se cancelaron ¢227.200 millones en tres diferentes convenios de arreglo de pago.

Mientras que en el gobierno de Luis Guillermo Solís parte de la deuda se saldó con un crédito de $420 millones con el Banco Mundial para financiar infraestructura médica.