Siete empresas públicas tienen una deuda acumulada de ¢23.692 millones con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El 98,7% del saldo pendiente de pago corresponde a las compañías estatales Banco de Costa Rica (BCR), la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS), así lo confirmó la Gerencia de Pensiones a La Nación.

En tanto Correos de Costa Rica, el Banco Nacional y la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS adeudan el restante 1,3%.

Los recursos adeudados son un saldo entre los años 2013 y el 2018. El monto principal pendiente de pago asciende a ¢17.907 millones y por intereses son ¢5.785 millones, según la información suministrada por la entidad autónoma.

El dinero en cobro corresponde a parte de las ganancias reportadas, durante ese periodo, por dichas empresas.

La Ley de Protección al Trabajador establece, en el artículo 78, que las compañías públicas deben contribuir al IVM, anualmente, con el 15% de sus utilidades.

La legislación ordenó efectuar el aporte especial desde el 2000, pero fue hasta el 2013 que se empezó a recaudar, después de que un reglamento estableció un cronograma de los aportes: de 5% de las ganancias, en el 2013; del 7%, en el 2015; y del 15% a partir del 2017.

Sin embargo, la discrepancia entre la Caja y las empresas públicas se inició porque la institución autónoma hizo el cálculo del cobro sobre la utilidad bruta (antes del pago de impuestos).

Pero algunas de las compañías trasladaron los recursos sobre la ganancia neta. Otras no hicieron el aporte del todo, confirmó Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de Caja.

Para resolver la controversia entre la Caja y las empresas, en junio del 2018, la Asamblea Legislativa reformó la Ley de Protección al Trabajador y estableció que la contribución es sobre las utilidades netas. Además incluyó al INS entre las empresas obligadas a pagar.

Entre el 2013 y el 2018, la Caja hizo traslados de cobros por ¢67.529 millones, de los cuales recibió ¢50.270 millones, es decir el 74% del total.

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“Del INS, Recope y el ICE prácticamente no hemos tenido recursos, también porque en algunos años tuvieron pérdidas. El INS se incorporó este año, pero no ha pagado. Los recursos han venido principalmente de los bancos estatales”, dijo Barrantes.

De los recursos dados por las empresas públicas, el 95% se usa para fortalecer el fondo de pensiones y el 5% restante como subsidio para los jubilados en condición de pobreza.

Detalle por empresa

El BCR es la entidad que mantiene la morosidad más relevante con el IVM, según la CCSS.

Hasta agosto anterior, el saldo adeudado ascendió a ¢10.136 millones (principal e intereses), es decir el 42,7% del total de dinero puesto al cobro a las empresas públicas.

La información brindada por la Caja muestra que, entre el 2013 y el 2018, el banco estatal efectuó contribuciones por un total de ¢16.931 millones, que se calcularon sobre la ganancia neta.

“El Banco de Costa Rica está sosteniendo conversaciones para ver si establecemos un arreglo de pago”, contó Rebeca Watson, directora Administrativa de la Gerencia de Pensiones.

Rossy Durán, gerente Corporativa de Finanzas del BCR, confirmó que están en un proceso conciliatorio con la Caja por las diferencias entre el dinero cobrado y pagado.

“Sin embargo, continuaremos en defensa de la posición del Banco (...) el BCR realiza el traslado de acuerdo como a lo interpretado con lo que se establece en la Ley de Protección al Trabajador”, sostuvo Durán.

En el caso de Recope, la deuda acreditada por la Caja reportó un saldo de ¢5.685 millones a agosto pasado. De dicho monto ¢4.222 millones son del cobro principal y ¢1.463 millones de intereses.

La Refinadora informó, por escrito, que este año se hizo el pago del periodo 2018, una vez que se reformó la Ley y se definió claramente la base imponible, es decir las ganancias netas.

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“Los años previos igualmente se pagó a pesar de las divergencias en cuanto a la base de cálculo. Los periodos 2013, 2014, 2015 y 2016 no tenían base imponible por cuanto registraron pérdidas y no utilidad”, recalcó Recope.

La información de la Caja muestra que la Refinadora solo hizo contribuciones sobre las ganancias del 2017 y 2018, pero por un monto menor al cobrado.

Recope detalló que el cálculo de pago se hizo con base en la utilidad fiscal gravable, tal como se hace con el impuesto sobre la renta, pues así lo indicó un criterio de la Procuraduría General de la República.

Por otra parte, la Caja le atribuye al Instituto Costarricense de Electricidad el monto de ¢4.748 millones pendiente de pago, entre cobro principal e intereses.

La deuda corresponde a solo a los periodos del 2013 y del 2016, cuando el ICE reportó ganancias. En los restantes años la empresa tuvo pérdidas.

La Nación consultó al ICE su posición sobre la deuda acreditada por la CCSS, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

En el caso del INS, la CCSS calculó una deuda de ¢2.813 millones correspondiente al pago pendiente sobre las utilidades del 2018.

En los años previos, no hay registro de cobros, pues hasta el año pasado la ley estableció que está obligada contribuir sobre sus ganancias.

Sin embargo, para el Instituto el pago debe hacerse hasta el próximo año, sobre las ganancias del 2019, según la Dirección Jurídica del INS.

“El primer pago debería ejecutarse en el año 2020, sobre la base de la utilidad neta declarada en los estados financieros auditados del período 2019, en razón de un 5%”, detalló la aseguradora.

La empresa pública informó que solicitaron un criterio a la Procuraduría sobre el tema, por lo cual no han efectuado el pago.

“El INS procederá a explicar a la CCSS su posición sobre el tema”, detalló la entidad.

La directora administrativa de la Gerencia de Pensiones explicó que el Banco Nacional realizó los pagos, según el cobro hecho por la Caja, pero lo hizo bajo protesta. La entidad financiera aún registra ¢34 millones pendientes de cancelar correspondientes a intereses.

Sin embargo, en el aporte dado sobre las utilidades del 2018, el banco transfirió ¢4.127 millones al IVM, pese a que el cobro hecho por la Caja fue de ¢3.467 millones.

Correos de Costa Rica tiene un pendiente de pago de ¢191 millones del periodo comprendido entre el 2013 y el 2018. En dicho plazo sí contribuyó con ¢724 millones.