Si la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) accede a la exigencia de los sindicatos de elevar el reconocimiento de cesantía a sus empleados, de los ocho años actuales a 12 años, el pago significaría un costo adicional de ¢203.318 millones para la institución.

La proyección de la entidad autónoma es que reconocer ocho años de prestaciones legales, como se aplica desde enero pasado, significará un gasto acumulado de ¢524.629 millones (en colones corrientes), entre el 2019 y el 2032.

Sin embargo, si el beneficio se sube a los 12 salarios, el monto ascendería a ¢727.947 millones para el mismo periodo de 13 años.

Así se detalla en el informe técnico Estimación del Impacto Financiero de las Modificaciones en Cesantía y Pluses, contenidos en la Ley N° 9635, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS y que fue conocido por la Junta Directiva de la entidad, el 29 de abril anterior, según consta en el acta 9.029, de la cual tiene copia La Nación.

El monto extra, de elevarse el gasto por el pago de prestaciones legales, sería equivalente a construir y equipar cuatro centros médicos como el nuevo hospital de Turrialba cuyo costo asciende a ¢52.358 millones y comenzará a edificarse en las próximas semanas.

El beneficio de la cesantía es uno de los puntos que la CCSS y los sindicatos acordaron reactivar para su discusión y definición, en un plazo de 30 días, según el acuerdo pactado el lunes 12 de agosto para poner fin a la huelga.

La conversación entre las partes se efectuará con la participación del Ministerio de Planificación y el Ministerio de Trabajo.

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Gilbert Alfaro, director Jurídico de la Caja, argumentó que en el tema de cesantía se cumple con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“La cesantía en la Caja es de ocho años, a partir de ahí se puede conversar; pero esa es la posición de la Caja, así se está aplicando desde que salió la ley. No se ha otorgado nada”, resaltó Alfaro.

Sin embargo, Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae), sostuvo que, desde el 2005, en la Caja se rompió el tope de cesantía sobre los ocho años, luego de una resolución judicial y así está dictado en el reglamento de Normativa de Relaciones Laborales de la institución.

“El tope de cesantía nuestro debe llegar a 12 años, tal como lo han indicado criterios de la Sala Constitucional y la misma Ley 9.635”, explicó Hernández en un vídeo publicado el sitio web de la organización gremial este 13 de agosto.

Por su parte, Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), declinó brindar declaraciones cuando fue contactado por La Nación.

La Sala IV estableció, el año pasado, 12 años como tope máximo de reconocimiento de cesantía en el sector público. Previamente este límite superior estaba en 20 años.

En el caso de la Caja, este rubro se financia con los aportes de los trabajadores y patronos que cotizan al seguro de salud.

Detalle del impacto

El efecto financiero de la cesantía lo conoció la Directiva de la CCSS como parte de una amplia exposición sobre los alcances, aplicación e impacto financiero de la ley fiscal, según consta en el acta de Junta de abril pasado.

Jaqueline Castillo, jefa de Estadística de la Dirección Actuarial, fue la encargada de explicar los efectos del pago de cesantía de ocho años y de 12 años, como piden los sindicatos, a los directores de la entidad.

Castillo explicó, según se detalla en el acta, que en la Caja anualmente se jubilan, en promedio, 1.000 empleados al año.

El análisis efectuó una estimación del costo anual para la entidad cuando se reconoce el pago de prestaciones legales de ocho años y la diferencia cuando son 12 años.

El resultado muestra que, para este año, la entidad autónoma estima pagar ¢23.154 millones de cesantía, pero solo reconociendo un máximo de ocho salarios.

Si fueran 12 sueldos, el monto se elevaría hasta los ¢33.969 millones, es decir, una diferencia de ¢10.815 millones.

El mismo ejercicio se repite para los años siguientes hasta finalizar en el 2032.

Para dicho año, la estimación es que por ocho años de cesantía se cancelará ¢63.179 millones a los empleados que se pensionen; pero si fueran 12 años el monto se elevaría hasta los ¢83.085 millones, es decir un adicional de casi ¢20.000 millones, según consta en el estudio.

El análisis de la Dirección Actuarial tomó en cuenta los cuatro grupos ocupacionales de la institución.

Hasta julio pasado, la institución contaba con 57.313 empleados. En enfermería eran 23.090 personas; profesionales de ciencias médicas, 14.972; administrativos, 10.183 y en servicios generales, 9.059 personas, según datos de la Dirección de Administración de la CCSS.

Del total de trabajadores el 54%, es decir, 10.950 personas, tienen más de 20 años de laborar en la institución y en los próximos 13 años cumplirán los requisitos para pensionarse, con lo cual tendrán derecho a retirar sus prestaciones legales.

Efecto por tipo de empleado

El análisis de la CCSS muestra también que los médicos serían los empleados donde el costo sería más alto, si se ajusta la cesantía.

La proyección de la Dirección Actuarial es que, para este año, un profesional en ciencias médicas que se jubile recibirá, en promedio, ¢33 millones de prestaciones, calculada con el reconocimiento de solo ocho salarios.

Pero si se estimara con un tope máximo de 12 años el monto promedio se elevaría hasta los ¢46,1 millones.

En el caso de un empleado administrativo, bajo el mismo supuesto, el beneficio promedio para 2019 será de ¢10,5 millones, pero aumentaría a ¢15,3 millones de pasarse a 12 años de cesantía, este mismo año.

En enfermería, donde se concentra la mayor cantidad de trabajadores, el reconocimiento de cesantía de ocho años significará un beneficio promedio de ¢8,8 millones, por persona, este año, mientras que si, fueran 12 años, subiría hasta los ¢12,5 millones.

Para el 2032, los montos promedios de cesantía se elevarán significativamente principalmente para los profesionales en ciencias médicas, dado los ajuste salariales futuros, según la estimación de la Dirección Actuarial.

Bajo los supuestos del estudio, un médico cuyas prestaciones se calculen con un reconocimiento máximo de ocho años recibirá ¢132,3 millones en promedio si se pensiona ese año.

Pero si el beneficio se establece con el tope máximo de 12 años, la cuantía promedio subirá hasta los ¢157,8 millones.