Un grupo de 60 adultos mayores tienen en algunos casos hasta dos años a la espera de que se resuelva una disputa entre el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para poder jubilarse del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Para poder pensionarse requieren que Hacienda efectúe el pago de ¢675,7 millones en cotizaciones a la Caja o, de lo contrario, la entidad autónoma cobrará el dinero a las personas, concluyó la Dirección de Pensiones de la CCSS, en el oficio GP-DAP-0522-2021, del pasado 23 de abril.

Estas personas, durante su vida laboral, cotizaron para el Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional y el de Hacienda y Poder Legislativo, ambos cerrados en 1992, pero no tienen derecho a jubilarse por dichos fondos, pero sí por el IVM.

William Cascante y Gonzalo Chavarría, ambos de 67 años, están entre el grupo de afectados dado que la CCSS determinó que hasta cuando se pague ¢15,8 millones y ¢12 millones, respectivamente, ellos podrán jubilarse.

Ambos trabajaron como docentes en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y tienen cuotas registradas, pero no las suficientes para obtener una pensión del Magisterio. En cambio sí por el IVM porque allí cotizaron como trabajadores independientes.

“Desde diciembre del 2019 estoy en el proceso para obtener la pensión. Cuando hice el trámite empezaron a pasarse la bola de uno al otro (de la CCSS a Hacienda). Luego ya se determinó el monto pendiente actualizado (a valor presente) por ¢12 millones, pero de dónde voy a coger dinero si no tengo”, contó Chavarría quien vive en Parrita.

En el caso de Cascante, vecino de San Francisco de Heredia, el proceso para obtener la pensión se inició a mediados del año pasado.

“Con la Caja tengo 25 cuotas y con el Magisterio tengo 194 y son las que me tienen pendientes y no me han resuelto nada. Para mí es imposible pagar los ¢15 millones”, dijo.

El monto más alto, aún sin transferirse, es el de una exfuncionaria, de Dota, pues el pendiente de pago es de ¢94 millones, según los datos de la CCSS.

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Para optar por una pensión mínima del IVM los requisitos son contar con 180 cuotas y tener 65 años para una jubilación de poco menos de ¢200.000 por mes.

Los regímenes para los cuales cotizaron los 60 adultos mayores eran administrados por el Gobierno que se suponía debía crear un fondo con base en la contribución tripartita.

Sin embargo, dicho ahorro nunca se creó, pese a que a los trabajadores se les efectuaba la deducción.

Las personas que no pueden recibir una pensión con cargo al Presupuesto Nacional, deben retirarse por el sistema administrado por la Caja, siempre y cuando Hacienda traslade los recursos correspondientes a los años cotizados.

Origen del desacuerdo

La disputa entre la CCSS y Hacienda se generó cuando la institución autónoma efectuó, desde mediados del año pasado, una actualización a valor presente de las cuotas obreras, patronales y estatales.

El Ministerio depositó, en febrero, ¢189,1 millones en términos nominales solo de la contribución del trabajador registrada previo a 1992.

Sin embargo, la Gerencia de Pensiones de la Caja sostiene que hacen falta ¢675,7 millones, según el cálculo realizado por la Dirección Actuarial de la institución.

“El traslado de cotizaciones entre regímenes se realiza siguiendo los resultados de cálculos actuariales, así lo establece el artículo 46 del Reglamento del Seguro de IVM (...) En el caso de los traslados de cotizaciones que había venido realizando el Ministerio de Hacienda, solo contemplaban el aporte del trabajador y excluían lo correspondiente al patrono y Estado como tal”, explicó Ubaldo Carrillo, director de Pensiones de la institución.

Carrillo enfatizó que el traslado de recursos de forma nominal produciría un efecto negativo al IVM en caso de otorgarse la pensión, pues el fondo debería de subsidiar los recursos faltantes en el pago del beneficio de forma mensual.

“Incorrecto sería que un fondo como el Seguro de IVM se haga cargo de pasivos actuariales, sin los fondos de cobertura necesarios, poniendo en riesgo la sostenibilidad y solvencia de las pensiones de miles de cotizantes”, afirmó el Director de Pensiones.

Por su parte, Isaac Castro, viceministro de Hacienda, confirmó que el traslado de los recursos al IVM sí procede, y actualmente están en un proceso de revisión de los cálculos hechos por la CCSS.

El Ministerio se había negado a efectuar la transferencia por la totalidad de los recursos, dado que el monto era retroactivo y no estaba en capacidad legal de hacerlo.

Empero, modificó su posición inicial, el pasado 27 de mayo, y ahora considera adecuado el traslado, aunque primero la entidad realizará sus propios cálculos, según se detalla en el oficio DJMH-0919-2021.

“El Ministerio de Hacienda se encuentra revisando los montos que correspondería reconocer en cada caso, para trasladarlo a la CCSS”, aseguró Castro.

Cuando la entidad determine los montos de cotizaciones a trasladar, deberá incorporarlos en un presupuesto extraordinario.