El menor crecimiento de la economía aunado al aumento en el desempleo pasaron factura al seguro de salud administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Durante los últimos cuatro años, el incremento en la cantidad de trabajadores afiliados al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) reportó una fuerte desaceleración, y en el 2019 el número prácticamente se estancó.

Como consecuencia, el ingreso por el aporte obrero-patronal para el financiamiento del sistema público de salud mostró, durante los últimos dos años, las tasas de aumento porcentual más bajas de la última década pues se ubicaron por debajo del 6% en cada año, según datos brindados por la CCSS. En la última década, el crecimiento interanual fue de 8,8%, en promedio.

“La cantidad de trabajadores (el año pasado) fue la misma que en el 2018. No tuvimos un crecimiento en la cantidad de trabajadores contemplando sector público y sector privado”, explicó Luis Diego Calderón, gerente Financiero interino de la Caja, quien agregó que esto se atribuye, en parte, a la situación (económica) que vive el país y a los niveles de desempleo.

Pese a este freno en el número de afiliados, el funcionario detalló que hubo una variación positiva en el monto de las contribuciones como consecuencia, principalmente, de los ajustes salariales de los trabajadores del sector privado.

La actividad económica de Costa Rica mostró, a partir del 2017, un proceso de desaceleración que comenzó a revertirse hasta mediados del 2019, según el registro del índice mensual de actividad económica (IMAE).

El seguro de salud cubre de manera directa a casi tres millones de personas: 1,7 millones de trabajadores, 428.000 pensionados y a 514.000 asegurados del Estado (niños, privados de libertad, indigentes, entre otros).

La cobertura se eleva aún más cuando se incluye a los familiares o dependientes asegurados de manera indirecta.

La contribución mensual de los trabajadores, empresas e instituciones públicas es esencial para el SEM debido a que, en el 2019, representó el 64% de los ingresos totales de la institución.

Dichos recursos se utilizan para brindar los servicios de atención medica de la población del país, compra de medicamentos y equipo, y el pago de las remuneraciones de 58.000 funcionarios de la Caja.

El financiamiento del sistema se obtiene de los trabajadores asalariados que cotizan el 5,50% de su sueldo; de los patronos con el 9,25% de los salarios de sus empleados, y del Estado con el 0,25% del total de trabajadores del país.

En los pensionados, la contribución del jubilado es del 5%, la del fondo de pensiones del 8,75% y la estatal del 0,25%.

En el caso de los asegurados voluntarios y los trabajadores independientes hay una cuota global del 12% del salario reportado. Dicho aporte se divide entre la contribución de la persona y el Estado.

Evolución de cotizantes

Los datos de la Caja muestran que, a diciembre pasado, el SEM reportó un total de 1,7 millones de trabajadores afiliados, lo cual significó un crecimiento de 0,9% respecto al mismo periodo del 2018.

La desaceleración en la cantidad de trabajadores asegurados se inició en el 2016, pero se intensificó de manera más relevante entre el 2017 y el año pasado, según el registro de la institución.

Precisamente, fue en ese periodo cuando el nivel de desempleo del país pasó de 9,4%, en el tercer trimestre del 2017, a 11,4%, al mismo periodo del año anterior, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En referencia al mercado de trabajo, Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, destacó que la desaceleración de la economía y deficiencias estructurales del mercado laboral generaron un nivel más elevado del desempleo el año anterior.

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“Hubo un elemento cíclico de la actividad económica que, sin lugar a dudas, afectó la generación de empleo”, destacó Cubero.

El Presidente del Banco Central enfatizó que la economía costarricense sí creó nuevos puestos de trabajo en el 2019, pero no los necesarios para la cantidad de personas en busca de un empleo.

En tanto, el Gerente de Finanzas de la CCSS detalló que la reducción en la cantidad de contribuyentes se concentró en el sector privado, que representa el 55% del total de trabajadores afiliados al seguro de salud.

“Sí notamos que el sector privado ha decrecido. De hecho, decreció 0,2% en cantidad de cotizantes, mientras que el sector público creció 0,7% (el año pasado). Hay una compensación en cantidad de trabajadores. Pero ambos muestran una desaceleración”, destacó Calderón.

Las actividades que perdieron trabajadores, al cierre del año pasado, fueron el agro, la industria de manufactura, la construcción y el comercio. Las cuatro áreas aportaron 659.000 puestos de trabajo al cierre del año pasado, es decir, 12.000 menos respecto al 2018.

La evolución de estos sectores es muy relevante pues, en su conjunto, representan el 37% del empleo formal del país, según la información de la Caja.

En contraste, los trabajadores independientes son el segmento de que más crece. A diciembre del año pasado, la entidad aseguradora registró a casi 241.000 afiliados de dicho segmento, es decir, 4% más comparado con el mismo mes del 2018.

La CCSS desconoce si los asalariados que perdieron su empleo, en los últimos años, o quienes laboran en plataformas de servicios digitales (Uber, Glovo o Uber Eats) influyen en el incremento de las que laboran por cuenta propia.

Efecto en ingresos

El menor crecimiento del empleo formal en el país provocó una desaceleración en el crecimiento de las contribuciones obrero-patronales al régimen.

En el 2019, el seguro de salud registró aportes por ¢1,8 billones lo cual significó una variación del 5,7% comparado con el año previo.

Dicho porcentaje, junto a la tasa de variación de 5,4% del 2018, están entre los más bajos de la última década.

El Gerente Financiero destacó que, pese a la menor tasa de crecimiento, las finanzas de la institución autónoma no tuvieron un impacto negativo.

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Las razones fueron que el seguro de salud recibió transferencias extraordinarias del Gobierno, para inversión en la red hospitalaria, y porque la morosidad patronal y de los trabajadores no creció, pese a la situación económica, detalló Calderón.

El Ministerio de Hacienda trasladó, el año pasado, ¢97.215 millones correspondientes al préstamo contraído con el Banco Mundial, una suma mayor a los ¢28.044 millones que giró en el 2018. Estos recursos son partes del arreglo de pago del Estado, con el seguro de salud, suscrito en el 2016.

Los ingresos totales de la entidad autónoma ascendieron a ¢3 billones. Mientras que el gasto fue de ¢2,3 billones, siendo el principal rubro el de remuneraciones que significó el 55% del egreso total.

Calderón explicó que, el año pasado, hubo un menor incremento del gasto en salarios por la reforma fiscal y, para el 2020, continuará de esa manera.

Máxime porque la Junta Directiva de la institución aprobó que el crecimiento porcentual de los egresos no puede superar el de los ingresos.