Óscar Rodríguez. 3 septiembre
Los recursos presupuestados por el Gobierno como aporte a la Caja, para 2019, se usarán para financiar el sistema de salud público y las pensiones. Julio Guzmán atendió, en julio pasado, a Randall López en el Hospital México. Foto: John Durán.
Los recursos presupuestados por el Gobierno como aporte a la Caja, para 2019, se usarán para financiar el sistema de salud público y las pensiones. Julio Guzmán atendió, en julio pasado, a Randall López en el Hospital México. Foto: John Durán.

Las contribuciones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) establecidas en el presupuesto del Gobierno se duplicaron en un plazo de siete años debido a un conjunto de leyes y reglamentos.

El próximo año los aportes al sistema de salud y los regímenes de pensiones ascenderán a ¢894.999 millones; mientras que en el 2013 fueron ¢501.647 millones, se detalla en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el 2019.

El Gobierno realiza por mes 24 diferentes pagos a la institución autónoma que incluyen, principalmente, la contribución como patrono de 143.000 empleados públicos y en su condición de Estado a la seguridad social.

El Poder Ejecutivo también realiza contribuciones solidarias para grupos de protección como ancianos en pobreza extrema, indigentes, privados de libertad, empleadas domésticas y trabajadores independientes. Además de cargas especiales como los exámenes de ADN y la fecundación in vitro.

Las contribuciones gubernamentales son financiadas con el pago de impuestos de los contribuyentes y mediante la colocación de bonos de deuda del Ministerio de Hacienda.

Todos estos aportes están fundamentados en leyes especiales. De hecho, el Gobierno está obligado a aportar –vía presupuesto– la falta de recursos que enfrente la Caja, según lo dicta el artículo 177 de la Constitución Política.

Sin embargo, la principal crítica de Hacienda es que debe hacer los aportes sin tener un ingreso determinado para cada contribución.

El más reciente pago costeado mediante el presupuesto es la fertilización in vitro cuyo laboratorio especializado tendrá un costo de $7 millones, según estimación de la CCSS.

“Buena parte de los programas (financiados) devienen de leyes o reglamentos cuya visión es atender grupos que requieren la atención del Estado, sin embargo, en ningún caso se ha definido una fuente de financiamiento para su cobertura”, criticó Hacienda en la exposición de motivos del Presupuesto 2019.

El dinero transferido a la Caja se usa para cubrir los gastos del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) que cubre a 2,6 millones de asegurados; el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) con 265.000 jubilados; y el Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) que paga una jubilación mensual a 115.000 personas pobres.

El sector empresarial y los trabajadores –públicos y privados– también financian con sus contribuciones mensuales la seguridad social.

Alza de contribución

Para el próximo año, la transferencia de recursos del Gobierno a la Caja crecerá 14,4% -comparado con el 2018- debido a que el Ministerio de Hacienda decidió realizar el aporte de la cuota estatal al IVM.

En setiembre del 2016, la Junta Directiva de la CCSS decidió elevar la contribución del estado al fondo de jubilaciones de 0,58% a 1,24% para darle equilibrio en corto plazo al régimen.

Sin embargo, la administración de Luis Guillermo Solís se negó a realizar el aporte adicional de 0,66 puntos porcentuales debido a la crisis fiscal del Gobierno.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, explicó que pese a la persistente situación fiscal el Presupuesto 2019 sí se incluyen los recursos del IVM, así como a las pensiones del Poder Judicial y el Magisterio Nacional.

Según los datos de Hacienda, la contribución estatal al IVM será de ¢160.106 millones, es decir un alza de 118%, comparado con el 2018.

Aguilar recalcó que se tratan de ¢85.218 millones adicionales para el próximo año, los cuales en su mayoría se financiarán con emisión de deuda.

“Las decisiones tomadas por esta entidad (CCSS) relacionadas con ajustes a los porcentajes y montos de cada uno de los aportes, se realizan sin analizar el impacto que esto genera a las finanzas del Gobierno, quien no cuenta con las fuentes de ingreso suficientes para atender estos pagos, lo cual, produce que se recurra al endeudamiento, agravando la situación fiscal”, se argumenta en el Presupuesto 2019.

Para Hacienda debe darse una discusión sobre las contribuciones estatales a la Caja, pues la institución ha trasladado costos al Gobierno “sin atender de manera seria medidas de eficiencia en el gasto”.

Pese al incremento reportado en los aportes a la Caja, el Gobierno aún adeuda a la seguridad social 724.393 millones, según las estimaciones de la entidad autónoma.

Un total de ¢639.657 millones corresponden a aportes e interés sin realizar al seguro de salud. Mientras que ¢84.736 millones son pendientes de pago al IVM.

Hacienda propone pagar deuda con el IVM en plazo de 10 años

El Gobierno planteó un arreglo de pago a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para ponerse al día con sus deudas con el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La iniciativa del Ministerio de Hacienda es comenzar a elevar su contribución al fondo de pensiones y alcanzar, en el 2025, la contribución estatal de 1,24%.

También se propuso pagar –en un plazo de 10 años– la actual deuda por ¢57.293 millones con el sistema de jubilaciones, según los estados financieros del régimen de pensiones.

Hacienda solo da el 0,58% de contribución del Estado al fondo, pese a que la contribución se elevó en 0,66 puntos porcentuales adicionales desde setiembre del 2016.

El Presupuesto del 2019 sí contempla la contribución actualizada al IVM.

El Gobierno adeuda al IVM ¢57.293 millones por contribución estatal no efectuada, desde setiembre del 2016, cuando la Junta Directiva de la Caja subió el aporte. Foto: Alonso Tenorio
El Gobierno adeuda al IVM ¢57.293 millones por contribución estatal no efectuada, desde setiembre del 2016, cuando la Junta Directiva de la Caja subió el aporte. Foto: Alonso Tenorio

La iniciativa de Hacienda implica que el porcentaje de contribución se suba poco a poco a partir del próximo año y, en el plazo de siete años, alcanzar el porcentaje estatal de 1,24% del total de contribución obrero-patronal, detalló Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS.

La propuesta es que el pago se haga de manera gradual,mientras las finanzas del país se van normalizando y para que no haya un impacto negativo, explicó Barrantes.

El funcionario recalcó que la deuda actual del Gobierno con el régimen –por el aporte no hecho entre 2016 y 2018– y la que se generará por no hacer la contribución completa, se cancelaría en un plazo de una década.

La iniciativa de Hacienda está en estudio por parte de la Dirección Actuarial y la Dirección Jurídica.

La Junta Directiva de la CCSS es la que debe responder si aprueba o rechaza la propuesta de Hacienda.

Estudio en camino

Por otra parte, la Caja está a la espera de que en las próximas semanas se presente el más reciente estudio actuarial al IVM.

Este es un informe efectuado por la propia Caja y sería el más reciente tras el informe hecho por la Universidad de Costa Rica, en diciembre del 2016.

En esa ocasion, el estudio propuso elevar la edad de retiro de 65 años a 70 años, subir el aporte obrero-patronal y estatal hasta el 26,4% (hoy es de 10,16%) y que el monto de pensión represente el 40% del salario de la persona al jubilarse, en vez del 60%.

Todas estas medidas se recomendaron para darle sostenibilidad al IMV. Sin embargo, ninguna se aprobó en la Mesa de Diálogo conformada.

Para Rodrigo Arias, actuario encargado del estudio de la UCR, fue un error no haber dotado al fondo de pensiones de sostenibilidad a largo plazo, pues los acuerdos entre trabajadores, Gobierno y empresarios fueron para dar estabilidad en el corto plazo.

“Las recomendaciones realizadas por la Mesa de Diálogo no son un aporte significativo para la sostenibilidad financiera y actuarial de IVM ya que solamente representan una contención de 6 años o menos en los momentos críticos de IVM y algunas de ellas deben pasar por la Asamblea Legislativa”, afirmó Arias.

Para el especialista, fueron más efectivas las decisiones de la Junta Directiva de la CCSS de aumentar en un punto porcentual el aporte de los trabajadores y en 0,66 puntos la contribución del Estado.