Óscar Rodríguez.   5 diciembre, 2019
En mayo del 2018, el OIJ allanó Asebanacio como parte de una investigación por el caso del cemento chino. Foto: Alonso Tenorio.

La Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio) tuvo una pérdida de ¢15.000 millones como consecuencia de los créditos otorgados a empresas, entre el 2013 y el 2017.

Así lo confirmó Karen Vargas, gerenta general de la Asociación, en su comparecencia ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, este 5 de diciembre.

Vargas explicó que la recuperación de los recuros es difícil, pues muchas de las operaciones se otorgaron sin las debidas garantías.

La vocera de la Asociación contó que al asumir la Gerencia, en febrero anterior, se encontró varias auditorías externas que alertaban sobre 253 debilidades en áreas como contabilidad, gestión de riesgo, créditos y temas financieros.

“En Asebanacio hubo un desorden con propósito (...) ¿cómo es posible que en la Junta Directiva de Asebanacio existieran personas expertas en temas financieros, de riesgo y banca; y cuando ingreso hay un montón de auditorías externas sobre que no existía gestión de riesgo?”, manifestó Vargas, en referencia a la administración hecha entre el 2011 y setiembre del 2017.

La vocera cuestionó que los miembros de la Directiva de la solidarista eran expertos en temas bancarios y de riesgo del Banco Nacional.

En setiembre del 2018, la nueva Directiva de Asebanacio acordó que los 5.400 trabajadores asociados debían asumir una pérdida de ¢11.726 millones por créditos malos.

Sin embargo, la gerenta de la organización confirmó un monto mayor ante los diputados.

“Los ¢15.000 millones en pérdidas pertenecían a los trabajadores. ¿Cómo es posible que se entregaran créditos sin garantía, dar créditos y no revisar la documentación? Me topé con temas que no se cobraban créditos, ni a los mismos asociados”, destacó Vargas.

Una de las últimas auditorías de KPMG, de mayo del 2018, confirmó que Asebanacio prestó ¢16.876 millones a diferentes empresas como Agrileasing Latinoamericano, Constructora Raasa, Constructora Sánchez Carvajal, El Toro Bonito; además empresas relacionadas con el empresario Juan Carlos Bolaños como Sinocem Costa Rica y JCB Constructora y Alquiler.

“En Asebanacio hubo un desorden con propósito (...) ¿cómo es posible que en la Junta Directiva de Asebanacio existieran personas expertas en temas financieros, de riesgo y banca; y cuando ingreso hay un montón de auditorías externas sobre que no existía gestión de riesgo?”. Karen Vargas, gerenta general de Asebanacio.

La vocera de Asebanacio también cuestionó que, en el 2017, se entregaron excedentes a los trabajadores del Banco Nacional por ¢10.158 millones, cuando en realidad había una pérdida de ¢1.567 millones; las cuales fueron asumidas por cada uno de los trabajadores asociados a partir del año siguiente.

Vargas destacó que, tras las auditorías externas, se corrigieron las anomalías y se presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público.

Actualmente, el patrimonio de la entidad asciende a ¢84.541 millones. De dicho monto, ¢38.000 millones están colocados en créditos a asociados, ¢28.000 millones en inversiones, ¢15.000 millones en bienes y los restantes ¢3.541 millones en recursos disponibles.

El diputado Luis Fernando Chacón, quien presidió la comisión legislativa, dijo que convocaron a representantes de la Asociación con el objetivo de conocer sobre las irregularidades denunciadas por dicho órgano.

“A partir del 2011 recursos públicos del Banco Nacional (cesantía de empleados) fueron trasladados a la solidarista y existen dudas sobre créditos dados a empresas y terceras personas que no eran integrantes de la Asociación” recalcó Chacón.

En tanto, el legislador del Frente Amplio, José María Villalta, criticó que una asociación solidarista prestara recursos a empresas. Además, consultó sobre la forma en que dichos clientes llegaron a la organización.

Los representantes de Asebanacio explicaron que, al momento de las supuestas anomalías, no laboraban allí y ya presentaron las denuncias sobre el caso ante la Fiscalía General de la República.