El Estado pagó $24 millones en comisiones por créditos externos que tienen un bajo uso.
Los recursos corresponden a un total de 26 préstamos aprobados al sector público y es el saldo al 31 de diciembre del 2015, según datos del Ministerio de Hacienda dados a La Nación.
El país paga comisiones de compromiso a organismos internacionales, por un total de $3.700 millones de recursos para inversión de obra pública, de los cuales solo se ha usado el 30%.
Entre los proyectos hay carreteras nacionales y cantonales, hospitales, plantas de generación de energía, infraestructura educativa, alcantarillado sanitario y programas de prevención de la violencia.
La mayoría de estas operaciones tienen, en promedio, siete años de haberse aprobado en el Congreso, excepto dos créditos al ICE y otro a Recope, que no requerían aval de los diputados.
José Francisco Pacheco, viceministro de Hacienda, explicó que las comisiones siempre deben pagarse porque son parte del compromiso crediticio.
“El problema es el tema de la duración de la plata sin usar. Tenemos proyectos hasta con 10 años de tratar de ejecutarse, eso quiere decir que durante ese tiempo se pagaron comisiones”, dijo Pacheco.
La Contraloría la Contraloría General de la República cuestionó, en el documento número DFOE-SAF-IF-03-2016, el alto costo por el atraso generado en los fondos sin usar.
Atrasos. El ente contralor señaló que la lenta ejecución está fundamentada en las debilidades del diseño de los proyectos y estudios desactualizados.
Otro inconveniente es que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, encargada de dar seguimiento a los préstamos, hace informes manuales de seguimiento cada tres meses.
Pacheco comentó que trabajan con el Banco Central para que antes de finalizar esta Administración se implemente en Hacienda un programa automatizado de seguimiento a los créditos.
Tales fallas generan que Costa Rica sea el país de Latinoamérica que tiene la ejecución más lenta de los créditos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según análisis del propio organismo internacional.
De hecho, 14 de los 22 proyectos financiados con recursos externos han consumido el 70% del tiempo previsto de ejecución de la obra de infraestructura.
En promedio, cada préstamo autorizado tiene un plazo de seis años para utilizar los recursos.
Sin embargo, hay expedientes para los que ya venció el tiempo meta de uso y las obras llevan un importante atraso en su calendario.
La Contraloría halló casos en que el Gobierno solicitó la ampliación del uso de la línea de crédito hasta siete veces, debido a los atrasos en la ejecución.
Entre esos casos sobresalen el Programa de Regulación del Catastro y el alcantarillado sanitario de San José.