Óscar Rodríguez. 5 septiembre
El presupuesto de la Corte, enviado al Congreso, se estableció en ¢472.677 millones, lo cual significa una baja del 0,2% respecto al de este año. Foto: Rafael Pacheco.
El presupuesto de la Corte, enviado al Congreso, se estableció en ¢472.677 millones, lo cual significa una baja del 0,2% respecto al de este año. Foto: Rafael Pacheco.

El Poder Judicial redujo las inversiones en infraestructura, adquisiciones de bienes y servicios, y compra de equipos para mantener el crecimiento en el gasto en los pluses salariales de sus empleados, el próximo año.

La partida de remuneraciones es la única que aumenta en la institución, mientras que el resto sufrió una reducción, según el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2020, entregado a la Asamblea Legislativa el pasado viernes 30 de agosto.

Los salarios y contribuciones sociales de la Corte se establecieron en ¢388.701 millones, lo cual equivale a un incremento del 1,4%, comparado con los ¢383.347 millones presupuestados en el 2019, es decir ¢5.354 millones más.

Dicho incremento provoca que las remuneraciones consuman 82,2% del plan de presupuesto del 2020, mientras que en el periodo actual absorben el 80,9% de los egresos.

El recorte se hizo para brindar financiamiento al gasto en salarios y pluses, y poder respetar el límite presupuestario dictado por el Ministerio de Hacienda, con base en la regla fiscal.

La reducción total, de las partidas diferentes a remuneraciones, fue de ¢6.261 millones el próximo año, comparado con el 2019.

La preocupación acerca de este estrujamiento quedó patente meses atrás, en una cita entre los máximos jerarcas del Poder Judicial y Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, que tuvo lugar el pasado 17 de mayo, y de cuya minuta La Nación tiene copia.

“El realizar esos rebajos para darle contenido a remuneraciones, podría implicar sacrificar otros recursos que resultan de necesidad apremiante por lo que el panorama es crítico”, consta en el acta 47-2019 del Consejo Superior, del pasado 23 de mayo, en la que se detallan los temas abordados en esta reunión.

Los funcionarios aceptaron la necesidad de utilizar recursos destinados a otras obligaciones como pago de contratos, servicios públicos e insumos para la prestación de servicios de la institución, según se detalla en el acta.

En esta reunión participaron Fernando Cruz, presidente de la Corte; Emilia Navas, fiscala General de la República; Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial; y Diana Montero, jefa de la Defensa Pública.

“El realizar esos rebajos para darle contenido a remuneraciones, podría implicar sacrificar otros recursos que resultan de necesidad apremiante por lo que el panorama es crítico”. Consejo Superior, acta 47-2019.

Aguilar confirmó que los jerarcas judiciales acudieron al Ministerio y solicitaron un incremento en el límite del gasto para financiar los tribunales anticorrupción y otras necesidades operativas de la Corte.

“Nos pareció que era importante el tema anticorrupción que empezamos a pellizcar de otros presupuestos y partidas para darle los recursos y de hecho se presupuestaron”, recalcó la Ministra

Sin embargo, posteriormente Hacienda redujo este financiamiento en ¢2.500 millones, porque el Poder Judicial mantuvo el cálculo de los pluses salariales como porcentaje del salario, en vez de hacerlo de forma nominal como se aprobó en la reforma fiscal.

Incluso Hacienda cuestionó, en el proyecto de presupuesto enviado a la Asamblea Legislativa, que la Corte no respetara la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Esta institución (la Corte) tiene la competencia de fijarse sus salarios, pero la ley no permite que los pluses no se nominalicen, así se lo envié en una nota al Poder Judicial”, explicó la Ministra de Hacienda.

El presupuesto de la Corte, enviado al Congreso, se estableció en ¢472.677 millones, lo cual significa una baja del 0,2% respecto al de este año.

Inicialmente, Hacienda había establecido un límite máximo de presupuesto de ¢468.308 millones para el 2020.

¿Qué sube y qué baja?

En el desglose de la partida de remuneraciones se detalla que los incentivos salariales son los de mayor relevancia.

El egreso previsto, durante el próximo año, es de ¢179.731 millones, lo que significa un aumento del 1,1% en comparación con el 2019.

En segundo lugar están los sueldos base, que ascenderán a ¢116.442 millones, es decir, un incremento del 0,6%, el próximo año, comparado con el actual.

El mayor salto porcentual ocurre en los pagos eventuales. Para 2020 se presupuestaron ¢7.351 millones, es decir, 15% más comparado con los ¢6.390 de este año.

La única partida que tuvo un retroceso en el rubro de remuneraciones fue cesantía con una baja del 20%, pues los ¢4.498 millones presupuestados este año, se redujeron a ¢3.585 millones, el próximo.

La variación se fundamenta en que el Poder Judicial incorporó solo el reconocimiento de ocho años en prestaciones legales.

Roxana Arrieta, directora de Gestión Humana del Poder Judicial, destacó que la partida de remuneraciones de la institución, sin incluir salario escolar y aguinaldos, se reduce en 1% comparado con el 2019.

Del lado de los recortes, destacan el gasto de capital para el cual se presupuestó ¢25.770 millones el próximo año, es decir, 13,4% menos respecto a los ¢29.753 millones de este año, se detalla en el proyecto enviado por Hacienda al Congreso.

La inversión en edificios fue la más sacrificada. Para el próximo año se destinaron ¢7.669 millones, mientras que en este fueron ¢10.146 millones, es decir, una caída del 24,4%, según el análisis hecho por Hacienda.

Nacira Valverde, directora de Planificación del Poder Judicial, no consideró correcta la comparación hecha por el Ministerio, por comparar el presupuesto aprobado hasta agosto de este año.

“La menor presupuestación en el 2020 en esta subpartida (edificaciones) obedece a las restricciones presupuestarias indicadas por el Ministerio de Hacienda, lo que limitó el crecimiento en recursos para atender las obras (...) que está tramitando el Poder Judicial”, destacó Valverde.

La funcionaria reconoció que Hacienda, en un primer momento, había establecido menos recursos para inversiones.

La partida de adquisición de bienes y servicios se ubicó en ¢49.045 millones, es decir, una leve baja: del 0,1%.

Mientras que las transferencias a terceros, principalmente del sector privado, se ubican en ¢9.160 millones el próximo año, lo cual equivale a una baja del 19,5%, en relación con los ¢11.377 millones de este año.

Magistrados critican efectos de la regla fiscal

La incorporación de la regla fiscal en el presupuesto de la del Poder Judicial, para el próximo año, generó fuertes críticas entre los miembros de la Corte Plena.

Los principales cuestionamientos de los magistrados fueron que, debido al límite de crecimiento dictado por el Ministerio de Hacienda, se dejaba sin financiamiento temas claves dentro de la institución como la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, así consta en el acta de Corte 22-19, del pasado 6 de junio.

La Corte Plena aprobó, en junio pasado, la distribución de los recursos del presupuesto del próximo año, en medio de críticas al efecto de la regla fiscal en el Poder Judicial. Foto: Carlos Arguedas.
La Corte Plena aprobó, en junio pasado, la distribución de los recursos del presupuesto del próximo año, en medio de críticas al efecto de la regla fiscal en el Poder Judicial. Foto: Carlos Arguedas.

Ese día, el alto órgano de dirección del Poder Judicial aprobó de manera definitiva el presupuesto del 2020 y la distribución del dinero asignado por el Gobierno.

El malestar de los jerarcas llegó al punto de proponer no aprobar el presupuesto, como dijo la magistrada Nancy Hernández.*

También discutieron sobre plantearle a Hacienda un presupuesto extraordinario para elevar el gasto y luego ir a “pelearlo después a la Asamblea Legislativa”, como expuso el magistrado Jesús Ramírez.

Los cuestionamientos a ocurrieron porque Hacienda les impuso que el presupuesto de la Cortes no podría subir, el próximo año, para que la previsión de gasto corriente en el Presupuesto Nacional no superara el 4,67% establecido por la regla fiscal.

Fernando Cruz, presidente de la Corte, recalcó que marco legal, en referencia a la reforma fiscal, y que no era posible separarse de la regla, pues implicaba una sanción drástica.

En tanto, Fernando Castillo, presidente de la Sala IV, dijo que, ante el problema generado por la regla fiscal, se debía hacer un esfuerzo en lo interno de la institución para dotar de recursos y personal a las áreas priotarias como el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial.

* Nota aclaratoria

En el artículo se cita a la magistrada Nancy Hernández como partícipe de esas críticas a la regla fiscal cuando ella solo se refirió a la no inclusión de partidas para financiar la lucha contra la corrupción pese a un acuerdo unánime de la Corte. La observación no tiene relación alguna con la regla fiscal. Lamentamos el error.