La Contraloría General de la República (CGR) detuvo parte de los gastos en planilla, previstos en el 2019, en un grupo de 17 municipalidades.
La entidad encontró una serie de inconsistencias en los gobiernos locales tales como la aprobación de nuevas plazas de trabajadores en ocho de los municipios, sin contar con el financiamiento para pagar los sueldos de las personas durante este año.
A otros nueve municipios no se les aprobó el aumento salarial de los empleados, pues era superior a la meta de inflación del 3%, o porque era mayor al incremento porcentual de todo el presupuesto.
Así se detalla en la revisión de los 81 presupuestos municipales avalados por la Contraloría entre noviembre y diciembre anterior.
Plazas detenidas
La municipalidad de La Unión fue la institución a la cual se le detuvo la mayor cantidad de nuevas contrataciones. En total se trató de 55, 36 puestos de cargos fijos y otras 19 para servicios especiales.
La Contraloría también rechazó la transformación de cuatro puestos de trabajo a otras funciones y la reasignación de cinco empleados, según consta en el oficio DFOE-DL-1872, del pasado 21 de diciembre.
“Debe tenerse presente la difícil situación financiera que atraviesa esa Municipalidad en los últimos años, reflejada, principalmente, en el déficit de recursos libres 2017 (¢1.213 millones) que se mantendrá para el 2018”, enfatizó la entidad.
La Nación intentó obtener la posición de Luis Carlos Villalobos, alcalde de La Unión. Sin embargo, no respondió ni el correo ni el mensaje dejado en su despacho.
El municipio presupuestó gastos por ¢11.111 millones, muestran los datos entregados a la CGR.
A las municipalidades de Parrita y Upala se les frenó la contratación de nueve y cuatro trabajadores, respectivamente.
En ambos casos, el argumento del rechazo fue el mismo, pues ninguno de los dos municipios justificó la viabilidad de los recursos para sufragar el gasto de esos empleados.
La Contraloría también detuvo la contratación de tres empleados, tanto en Talamanca como en Oreamuno.
En Liberia fueron dos plazas. En Esparza y Los Chiles fue una en cada entidad.
Aumento de más
A los municipios de Jiménez, Turrubares, Mora, Cañas y Puntarenas se les rechazó al aumento salarial de este año por superar la meta de inflación dictada por el Banco Central.
En Cañas, por ejemplo, se dispuso hasta 4% de incremento en salarios, según el informe DFOE-DL-1732, del 5 de diciembre anterior.
En el pago de ajuste en el monto de dietas destacó el municipio de Tibás a la cual se le rechazó el gasto total en esta partida, para regidores y síndicos, por ¢70 millones, por sobrepasar el tope anual de 20% permitido por el Código Municipal.
En el caso de Garabito y Montes de Oca, se rechazó porque el ajuste fue superior al crecimiento total del presupuesto de cada municipio, que rondó el 10%.
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Otros hallazgos
La Contraloría también rechazó el pago de deuda financiera previsto por los gobiernos locales de Quepos y Alvarado porque los créditos tramitados aún no estaban aprobados, por lo cual no están definidos ni el monto de la cuota, ni de las comisiones.
En el caso de Quepos, el gasto previsto era de ¢242 millones, según consta en los informes de la CGR.
Por último, en Nicoya y Garabito se vetó el ingreso destinado por parquímetros municipales, dado que ninguno de los dos ayuntamientos tiene aprobadas las tasas de dicho servicio.
CCSS, Nacional y SBD presupuestan alza salarial mayor a inflación
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Banco Nacional y el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) presupuestaron aumentos salariales por encima de la inflación proyectada, para el 2019.
Por tal razón, la Contraloría General de la República (CGR) no aprobó el ajuste de las tres entidades públicas por superar la meta de inflación del 3% prevista por el Banco Central.
El ente contralor argumentó, en tres oficios de diciembre anterior, que ninguna de las instituciones justificaron el monto proyectado de incremento a sus empleados.
El Nacional presentó un presupuesto con un alza de 4,04%, la Caja del 4% y el SBD de 3,79%.
“Las diferencias que se generan producto de esta improbación deberán trasladarse a la cuenta de Sumas sin asignación presupuestaria”, resaltó la CGR a las tres entidades.
La Contraloría explicó por escrito a La Nación que cuando un gasto se rechaza, la institución puede presentar un presupuesto extraordinario e incorporar de nuevo el egreso.
Pero es responsabilidad del jerarca de cada entidad estatal realizar el ajuste y justificarlo, señaló la CGR.
Por último, tanto al Nacional como al Banco de Costa Rica se les rechazó el monto propuesto para dietas de los directivos.
Ambos bancos presupuestaron una dieta de ¢209.240 por sesión para este año, pero deberá mantenerse el monto del 2018 por ¢204.520.
La razón es que el salario de la jerarca de la Contraloría no tendrá aumento este año, y por ley la dieta en juntas directivas equivale al 10% del sueldo del puesto de la contralora.