Contraloría alerta de problemas financieros en Concesiones, 9-1-1 y Bancrédito

Así lo señaló el órgano contralor en el Informe “Presupuestos públicos 2018: Situación y perspectivas”, en el cual se presenta la información correspondiente a los presupuestos del Sector Público que se ejecutarán en el 2018 y su vinculación con la situación fiscal del país.

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Según el informe, el presupuesto a ejecutar por 265 instituciones del sector público es de ¢25.662.946 millones (sin consolidar), para un crecimiento de 1,3% con respecto al presupuesto definitivo de 2017.

La situación de esas entidades (antes mencionadas), explica la Contraloría, es otra secuela de la grave situación fiscal del país y podría generar nuevos pasivos sobre el Estado.

“Las cifras fiscales y presupuestarias de 2018 son elocuentes. De seguir la tendencia actual, el país se encamina a una crisis de deuda. En poco más de una década, el Gobierno Central pasó de tener un superávit primario (exceso de ingresos, por encima de los gastos, sin intereses) de 3,6% del PIB en 2007 a una proyección del -3,5% en 2018; mientras que el saldo de la deuda se cuadriplicó de 2008 a 2017. Cifras por demás alarmantes”, señala la Contraloría en el documento.

La entidad explica que algunos riesgos de esta situación ya se han materializado en los atrasos en pagos a proveedores, salarios y giro de recursos a instituciones, como sucedió en el 2017.

“En 2018 se observan recortes sustantivos que afectan la operativa institucional, tal es el caso del Consejo Nacional de Concesiones; así como la situación del Banco Crédito Agrícola de Cartago, pasivo que se adiciona a los ya existentes, con el agravante de una liquidez muy estrecha y costos financieros crecientes para obtener los recursos requeridos”, señala la Contraloría.

Una a una

En el caso del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2018 no resultan suficientes para financiar los gastos requeridos para su funcionamiento durante todo el 2018.

Precisamente, esa condición motivó a que la Contraloría General improbara el presupuesto inicial 2018 de ese Consejo, por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 176 de nuestra Constitución Política, en el que se indica que los gastos presupuestados no pueden exceder los ingresos probables, explica el ente contralor.

A raíz de ello, el Consejo presentó un presupuesto extraordinario, que también fue improbado por el órgano contralor en virtud de que pretendía cubrir gastos corrientes con ingresos de recursos de vigencias anteriores: superávit libre y específico, situación que se contrapone a las normas legales que regulan la utilización del superávit, según la Contraloría.

“En consecuencia, la falta de recursos presupuestarios persiste para el CNC y alcanza sólo para la operación de cuatro meses, situación que resulta sumamente preocupante para la Contraloría General, considerando que ese Consejo tiene bajo su control contratos de gran relevancia nacional como son el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público “Proyecto carretera San José-Caldera” y el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM)”, explicó la CGR.

La Contraloría General emitió una advertencia al Ministro del MOPT (Ministerio de Obras Públicas y Transportes), en su calidad de Ministro y Presidente de la Junta Directiva del CNC. Se consultó al MOPT, pero no se ha obtenido respuesta.

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Al Servicio de Emergencias 9-1-1 también la Contraloría le improbó el presupuesto enviado por la institución y su presupuesto para el 2018 corresponde al presupuesto ajustado de 2017, el cual asciende a una suma ¢4.101 millones, monto inferior en 7,8% al presupuesto definitivo del año 2017.

El problema es que su presupuesto se financia con un porcentaje no mayor al 1% de la facturación de telefonía de voz mensual de todos los abonados del país y la demanda de estos servicios ha caído debido al uso de otras aplicaciones (como WhatsApp, Skype, Viber entre otros) con que cuentan los usuarios y que han desplazado el consumo de minutos de voz.

Guiselle Mejía, directora del Servicio de Emergencias 911, explicó que han realizado una fuerte restricción de gastos, pero ya no tienen margen para recortar más, no hay aumento salarial, no hay recursos para capacitación y ni siquiera flujo de caja para reponer un equipo que se dañe. Si enfrentaran una emergencia natural, no tienen recursos para pagar horas extra.

La funcionaria explicó que enfrentan un déficit cercano a los ¢1.000 millones por año y que la solución es el proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa, el 20.539, el cual ampliaría la base de telefonía a las telecomunicaciones para la fijación de los ingresos que les corresponden.

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Por su parte, en el caso de Bancrédito, intervenido desde el 22 de diciembre pasado, la Contraloría no le aprobó el presupuesto enviado por la entidad para el 2018, ya que incumplía con los principios de legalidad, universalidad e integridad y vinculación del presupuesto con la planificación institucional y programación.

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De esta forma, el presupuesto del Banco para el año 2018, corresponde al presupuesto ajustado del periodo 2017, el cual asciende a ¢16.220 millones. Esto significa, en términos comparativos, una disminución del 76,8%, con respecto al monto aprobado para el periodo 2017 (¢70.000 millones).

Además, las medidas tomadas con el Banco afectan la situación de la deuda del Gobierno Central, pues el Gobierno lo apoyó con efectivo que luego quedó inmovilizado, lo que tiene un efecto indirecto sobre la deuda, al no poderse recuperar.

El interventor de Bancrédito, Marco Hernández, explicó que este presupuesto es suficiente para el Banco.

"Recordemos que el Banco ya no hace intermediación financiera y muchos de sus negocios ya nos los efectúa, lo que implica que sus actividades actuales se vean muy reducidas, lo que favorece un presupuesto mucho más bajo para la atención de los procesos que aún se ejecutan", comentó.

Añadió que pbtienen recursos de la recuperación de los activos, especialmente, del cobro de la cartera crediticia que ronda los ¢160.000 millones.