Compras públicas de emergencia por coronavirus cuestan ¢26.000 millones al Estado

CCSS y MEP hicieron la mayoría de adquisiciones en equipamiento médico y alimentos. Otras 20 instituciones efectúan trámites en Sicop por más de ¢2.000 millones para atender pandemia sanitaria, principalmente de artículos como guantes, cubrebocas y desinfectantes.

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Un vuelo para traer material sanitario de China, monitores de signos vitales, respiradores, diarios de comida, alcohol en gel, mascarillas, guantes o trajes de seguridad, son algunas de las compras públicas de emergencia efectuadas para atender la pandemia del coronavirus.

En poco menos de dos meses, la Contraloría General de la República (CGR) autorizó casi una veintena de contrataciones directas por ¢25.941 millones de bienes y servicios destinados para la atención del ataque de la enfermedad covid-19.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Educación Pública (MEP) son, hasta el momento, las dos instituciones que han invertido la mayor cantidad de recursos para la asistencia de los enfermos por el virus y las personas más golpeadas por los efectos económicos de la crisis.

Sin embargo, hay más intenciones de contratación en camino. En el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) hay 43 procesos de compras urgentes, por ¢2.195 millones, impulsados en su mayoría por gobiernos locales e instituciones descentralizadas.

Todos los trámites se efectúan al amparo de procesos de contratación expeditos y bajo la sombrilla de la declaración de emergencia decretada por el Gobierno, el pasado 16 de marzo.

Los registros de la CGR muestran que, una vez ingresado un proceso, la respuesta de la entidad fiscalizadora se brinda en un plazo máximo de dos días.

Adquisiciones por pandemia de covid-19

En poco menos de dos meses se efectuaron una veintena de procesos de compras públicas por casi ¢26.000 millones para atender la emergencia del coronavirus. Los equipos médicos y alimentos son la mayoría de las adquisiciones.

FUENTE: CGR Y SICOP.    || J.C. INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.

Bienes prioritarios

La Caja es la entidad pública que aglutina la mayoría de las compras e inversión de recursos para la atención de pacientes contagiados con el covid-19.

Hasta el pasado 24 de abril, la Contraloría aprobó a la institución autónoma la adquisición de bienes y servicios por ¢15.372 millones, es decir, el 60% del total de recursos públicos destinados a la pandemia.

De dicho monto, ¢12.681 millones fueron dirigidos a la compra de equipo médico como ventiladores pulmonares, bombas de difusión, equipo de oxigenación, monitores de signos vitales o termómetros.

Las compras también incluyen equipo de protección como 4,4 millones de mascarillas quirúrgicas, 1,4 millones de batas descartables, 1,3 millones de respiradores N-95, 700.000 lentes, 600.000 pantallas de protección facial y un millón de gorros descartables.

Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, destacó que las compras efectuadas por la institución permiten el abastecimiento de insumos de protección personal por los próximos tres meses.

Además, recordó que en un tiempo muy corto el Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) se transformó en un nuevo hospital para la atención de pacientes con covid-19, lo cual requirió una alta inversión.

Por la característica y especialización de los artículos para atender los enfermos de covid-19, la institución autónoma contrata a empresas importadoras de equipos médicos.

Por ejemplo, la institución adjudicó un contrato por $1,1 millón (¢650 millones) a la compañía Bioplus Care para la compra de 300.000 respiradores N 95 para protección contra tuberculosis.

En otro caso, a la aerolínea DHL se le dio el contrato por $1,3 millones (¢750 millones) para traer al país la donación de equipamiento médico de China a Costa Rica.

Ambos concursos de contratación directa fueron publicados por la Caja en su sitio web.

Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la CCSS, destacó que la institución mantiene, pese a lo excepcional de la actual situación, la estrategia de pagar los artículos hasta efectuar una inspección de los mismos.

“Nos encontramos en un momento excepcional a nivel de mercados internacionales en temas de abastecimiento, capacidad de producción, especulación de precios, falsificación de mercadería, secuestros de insumos, alta demanda de medios de transporte y competencia mundial por los mismos bienes”, enfatizó Porras.

Tras la Caja, el MEP es la entidad que más recursos ha destinado para atender a los afectados por la emergencia sanitaria.

Dicha entidad recibió la autorización para invertir ¢10.000 millones para brindar diarios de comida a las familias de más de 850.000 menores quienes recibían alimentación, antes de decretarse la emergencia, en más de 4.500 centros educativos.

La aprobación brindada por la CGR permite al MEP comprar los diarios de comida a terceros proveedores, debido a la incapacidad del Consejo Nacional de Producción para abastecer los productos.

La Comisión Nacional de Emergencia también adjudicó, el pasado 23 de abril, a tres empresas la adquisición de 10.000 diarios de comida por ¢255 millones que serán entregados en su mayoría en localidades fuera del Gran Área Metropolitana, confirmó la institución.

En el caso de los procesos aún en trámite en Sicop, destacan la compra de reactivos e insumos, por un monto de ¢1.600 millones, por parte del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

Esta entidad es la que se encarga de realizar las pruebas de laboratorio para detectar a las personas contagiada por el nuevo coronavirus.

Asimismo destacan los procesos para adquirir guantes, cubrebocas, insumos de limpieza, desinfectante o alcohol por parte de municipios como Santa Ana, Santa Cruz, Golfillo, Santo Domingo o San José. Así como el Instituto Nacional de Seguros o el Instituto Costarricense de Electricidad.

Nueva realidad de contratación

La CGR destacó que, en el marco de la atención de la pandemia, la División de Contratación Administrativa ha agilizado los procesos autorización con el objetivo de resolver en horas o un máximo de dos días, los trámites de compras públicas.

“Estos instrumentos (contratación administrativa) cambian drásticamente en un contexto de emergencia nacional, pues las prioridades públicas se centran en el cumplimiento de objetivos sociales más esenciales, como son la preservación de la vida de las personas o la mitigación del impacto negativo sobre la actividad económica de las familias, las empresas y el país”, destacó la entidad en el documento Contratación Administrativa en momentos de emergencia, publicado este 24 de abril.

La entidad destacó en su informe que, en un momento como el actual, la transparencia en las adquisiciones de bienes y servicios es una garantía clave en el rendimiento de cuentas del uso de los fondos públicos.