José Luis Arce.   18 enero

Más allá de lo meramente presupuestario, ejecutar – de una vez por todas – un ajuste que restaure la sostenibilidad de las finanzas gubernamentales implicaría también despejar algunas dudas y no dar espacio a suspicacias en ciertas áreas de la política pública que no deberían, por su importancia, siquiera dar pie a insinuaciones de que puedan estar condicionadas por el déficit o las congojas para financiarlo.

Una de esas áreas es la supervisión del sistema financiero y, en particular, de las pensiones. Las últimas semanas se han caracterizado por un debate público intenso en torno a las modificaciones en las normas de información financiera – específicamente, en las metodologías de valoración de instrumentos financieros – y en el reglamento que regula el manejo de los portafolios en los fondos de pensiones de capitalización individual.

Los cambios adoptados no son antojadizos ni responden a la improvisación: el primero de ellos adopta estándares internacionales que mejoran la transparencia de la información financiera; mientras que la nueva regulación de inversiones, es una mejora sustancial, largamente acariciada y madurada, que da más flexibilidad a las operadoras de pensiones para determinar la composición de las carteras que administran, un paso que va en la dirección de una supervisión más basada en riesgos y menos en rígidos controles y, sobre todo, de crear espacios para que gestores responsables generen más valor a sus clientes, lo que traducirse en mejores pensiones.

Entonces, ¿de dónde puede alimentarse un debate tan intenso? Más allá de la desafortunada coincidencia temporal de los cambios con un periodo particularmente difícil para el financiamiento gubernamental, en realidad la polémica no debería centrarse en el contenido de las reformas sino en dos temas más complejos: la independencia de los supervisores y la posibilidad de conflictos entre su ámbito de acción y otras políticas económicas y la gobernanza y la calidad de los gestores de los fondos.

Se trata en el fondo de asegurar un diseño institucional de la supervisión suficientemente robusto como para que, sin olvidar que no se actúa en el vacío, sus acciones nunca estén supeditadas indebidamente a otros objetivos, es decir, que se construya un adecuado espacio de coordinación entre supervisores y, principalmente, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Para las operadoras, los cambios implican una mayor toma de responsabilidad en la gestión de los recursos de los trabajadores, que significa indefectiblemente la transparencia que dan los precios determinados en el mercado a la hora de la valoración y portafolios bien diversificados que consideren todos los riesgos, incluidos por supuesto los que supone invertir en la deuda del gobierno costarricense.