Con el cambio del período fiscal ordinario, la gran mayoría de los contribuyentes presentan su declaración del impuesto sobre la renta, a más tardar, el 15 de marzo de cada año. Esta declaración es necesaria para poder efectuar el cálculo correspondiente al impuesto de patentes, que se debe cancelar en cada cantón donde se desarrolle una actividad lucrativa. Sin embargo, el cambio de fechas ha generado confusiones en varios cantones de nuestro país, e incluso, el cobro adicional de intereses en contra de los contribuyentes.
Para comprender el conflicto con las fechas, es necesario tener claro que el monto de ingresos brutos incluido en la declaración de utilidades es un insumo indispensable, en la gran mayoría de cantones, para el cálculo del impuesto de patentes.
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Por su parte, las patentes municipales se cancelan con base en el resultado del período fiscal anterior, pero se cancela por adelantado. Es decir, el total de ingresos brutos del período 2020, será el insumo para poder calcular el impuesto de patentes del periodo 2021. De hecho, la declaración de patente se presenta después de la declaración del impuesto sobre utilidades, en los plazos que varían según cada municipalidad; plazos que podrían ser de dos meses u ochentas días, por citar solo dos ejemplos.
Ahora bien, varios cantones realizan el cobro anual de la patente en tractos trimestrales; por ejemplo, se estipulan pagos por realizar en el mes de enero, abril, julio y octubre de cada año, en consecuencia, los primeros tractos se realizan, incluso, antes de tener la obligación de presentar la declaración correspondiente ante la municipalidad.
Esto ha generado diferencias importantes entre los montos cancelados en los primeros tractos y los que, finalmente, se determinen mediante la declaración correspondiente. Parece que lo lógico sería efectuar el ajuste en los tractos restantes del mismo período, pero se han dado casos en donde las municipalidades desconocen este traslape de fechas y pretenden realizar cobros retroactivos por las presuntas diferencias.
Lo grave es que también se pretende reconocer intereses y eventuales sanciones por las supuestas faltas cometidas, cuando en realidad, las diferencias que se originan, exclusivamente, por existir incongruencias entre las fechas en que se deben cumplir las obligaciones fiscales, a nivel nacional y cantonal. Esperamos que cada municipio pueda encontrar soluciones que impidan el cobro improcedente por tal situación.
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