Óscar Rodríguez. 12 octubre
El proceso de disolución y liquidación de una sociedad anónima debe realizarlo un notario público ante el Registro Nacional. Foto: Jorge Castillo.
El proceso de disolución y liquidación de una sociedad anónima debe realizarlo un notario público ante el Registro Nacional. Foto: Jorge Castillo.

La disolución de sociedades anónimas cumplió, este 2019, dos años consecutivos de incremento.

Entre enero y setiembre de este año se cerraron 4.715 sociedades; es decir, un 13% más comparado con las 4.145 que se clausuraron durante los 12 meses del 2018, según datos del Registro Nacional.

En tanto, las estadísticas muestran que, en el 2017, fueron 3.603 las disueltas.

El aumento coincide con la entrada en vigencia de la Ley del Impuesto a las Personas Jurídicas, la cual comenzó a regir en el 2017, así como con el registro de accionistas y beneficiarios finales que se inició en setiembre pasado.

El nuevo tributo implica un pago anual de ¢66.930 para las sociedades inactivas y de ¢213.100 para aquellas que tienen ingresos mayores a ¢119 millones en un año. Este gravamen se paga a comienzo de cada año, según el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, el registro obliga a los propietarios de una sociedad a declarar al fisco la identidad de todos los accionistas. Por incumplir esa obligación se impone una multa de hasta ¢44,6 millones y la imposibilidad de obtener un certificado o inscribir documentos en el Registro.

La disolución de una sociedad ocurre por el incumplimiento de tres periodos consecutivos del impuesto a las personas jurídicas; también, por acuerdo de socios, por pérdida del 50% del capital social o por vencimiento del plazo para el cual fue creada, según se establece en el Código de Comercio.

“Algunas sociedades se disuelven porque el plazo vence, entonces el Registro las disuelve. Esto ocurre aunque las partes quieran salvarla, pero deben presentar los documentos para ampliar el plazo (de vida de la sociedad)”, destacó Tomás Guardia, socio de Servicios Legales de Deloitte.

Proceso

La disolución de una sociedad anónima puede tener un costo de poco más de ¢160.000. Dicho monto incluye los timbres del trámite, contratar un notario y la publicación de un edicto, mencionaron abogados tributarios consultados por La Nación.

Los especialistas enfatizaron en que los honorarios de quien efectúa el trámite pueden elevarse si se requiere la liquidación de activos.

Francisco Villalobos, socio director de ICS Abogados, explicó que el cierre definitivo de una sociedad tiene un costo básico de ¢150.000.

Empero, deben incluirse otros ¢8.000 de la publicación de un anuncio en La Gaceta, en el cual se informa del proceso de cierre de una personería jurídica.

“La disolución cuesta en honorarios (de un notario público) ¢97.000 (debe incluirse el impuesto al valor agregado) por el costo de la protocolización de la asamblea de accionistas, más ¢50.000 en timbres”, aseguró Villalobos.

Asimismo, agregó que puede elevarse si hay activos por liquidar, pues un notario debe hacer un proceso para venderlos; pagar deudas, en caso de existir, así como repartir bienes y recursos entre los socios.

“En estos procesos también hay trámites tributarios, pues hay que presentar una declaración de cierre ante Tributación. Además, si la sociedad tiene alguna contingencia fiscal, los socios son los responsables (en) adelante, aunque se cierre de manera definitiva”, detalló Villalobos.

Bernardo van der Laat, especialista de BLP Abogados, destacó que el trámite de disolución varía si la sociedad está activa y realiza actividad comercial, en comparación con una inactiva que simplemente es tenedora de bienes como una vivienda o un carro.

“En caso de que sea una sociedad activa, hay que tomar una serie de pasos previos; por ejemplo, liquidar a los empleados (en caso de que los tenga), presentar la declaración de cierre ante la Administración Tributaria, cancelar patente, terminar contratos con proveedores y, obviamente, gestionar la desinscripción como contribuyente ante Hacienda y como patrono ante la Caja”, explicó el abogado.

Van der Laat agregó que cuando la sociedad está inactiva el proceso es más sencillo, pues simplemente consiste en tramitar el cierre en el Registro.

Los especialistas recomendaron que, antes de empezar la disolución, se debe efectuar una revisión para determinar si la sociedad es deudora, acreedora, posee hipotecas o ha emitido garantías, como pagarés.