Las tres principales calificadoras de riesgo, Moody’s, Fitch Ratings y Standard and Poor’s (S&P), consideran que para Costa Rica es posible alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de lograr la sostenibilidad de la deuda pública.

El principal reto, argumentaron los voceros de las calificadoras a La Nación, será conseguir el consenso político para lograr las reformas necesarias y cumplir con los compromisos pactados con el organismo internacional.

Incluso para la analista de S&P, las políticas ejecutadas como parte del acuerdo con el Fondo podrían cimentar el camino hacia una mejora en la calificación de riesgo.

“Si las políticas acordadas por Costa Rica, como parte de un ‘stand-by', son de apoyo y constructivas para el crecimiento y la dinámica fiscal, y pueden implementarse de manera creíble, es probable que respalden una mejora en sus calificaciones”, comentó a La Nación Lisa Schineller, analista de Standard & Poor’s.

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Sin embargo, la visión de las tres agencias estadounidenses difiere de otros actores financieros internacionales como, por ejemplo, Bank of America, que en una opinión, el pasado 15 de julio, descartó la posibilidad del acuerdo con el Fondo, pues considera que no se lograrán las condiciones necesarias para aprobar las reformas legales en el Congreso.

Costa Rica anunció su intención de negociar un acuerdo “stand-by” con el FMI para obtener un financiamiento extra por unos $1.700 millones, los cuales se sumarían a los cerca de $508 millones del crédito rápido que se negocia en el Congreso, en este momento.

Precisamente, este martes 28 de julio, el departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa confirmó a los diputados que el crédito rápido de $508 millones con el FMI, sí requiere de aprobación legislativa.

El Poder Ejecutivo considera clave el respaldo del organismo internacional para alcanzar la meta de llevar la deuda pública al 50% del producto interno bruto (PIB), en el 2034.

El Fondo estima que el nivel del endeudamiento del país llegará al 67,2%, este año, y alcance el 70% de la producción en el 2023.

Visión externa

Las tres agencias estadounidenses coincidieron en que un acuerdo con el FMI no implicará, por sí solo, una mejora en la calificación de riesgo soberano del país. Pero daría las herramientas necesarias al Gobierno para hacer sostenible la deuda pública.

Para Gabriel Torres, analista de Moody’s, si el eventual pacto permite al Gobierno lograr un mayor control de las finanzas públicas, será un paso muy relevante para el país.

“Es factible llegar a un acuerdo con el Fondo. Muchos países llegan a un acuerdo con el FMI, no es imposible lograrlo. La clave es la voluntad política de Costa Rica, del Gobierno actual y de las diferentes fracciones en la Asamblea Legislativa”, destacó a La Nación Gabriel Torres, analista de Moody’s.

El especialista de Moody’s fue claro en que la estabilidad de las finanzas públicas no se logrará mediante recorte del gasto, será necesario un incremento relevante de los ingresos gubernamentales.

Carlos Morales, analista de Fitch Ratings, coincidió con Torres y añadió que pactar con el Fondo mejoraría la credibilidad de Costa Rica en el extranjero.

“La mayor importancia sería cuán exitoso es el gobierno ejecutando las condiciones fiscales del acuerdo con el FMI sobre todo aquellas que reduzcan el déficit fiscal y aseguren la sostenibilidad de la deuda pública”, explicó Morales a este diario.

Para Schineller, de S&P, el acuerdo “stand-by” podría contener las medidas de corrección fiscal y de flexibilidad, a lo largo del tiempo, requeridas por el país.

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“Lo importante para la calificación de riesgo son los compromisos políticos, así como la ejecución por parte de cualquier gobierno, y por gobierno incluimos al Ejecutivo, Legislativo y Judicial para apoyar el crecimiento y una sólida trayectoria de deuda fiscal”, sostuvo Schineller.

Tanto S&P como Fitch redujeron la calificación de riesgo de Costa Rica, entre mayo y junio pasado, debido al mayor déficit y endeudamiento por las consecuencias de la pandemia.

Por su parte, Moody’s colocó, en junio, la calificación de riesgo del país en perspectiva negativa desde estable por los efectos del covid-19.

Los tres analistas afirmaron que el acuerdo con el FMI sería positivo si permiten disminuir el déficit fiscal y la deuda, contener el costo de los intereses y un manejo flexible de las finanzas públicas ante efectos adversos, locales o externos.

Además, brindarían las condiciones de confianza idóneas para una reactivación económica, luego de la pandemia sanitaria.

En contraste, el análisis realizado por Bank of America da por hecho que el acuerdo con el FMI es inviable porque se requiere de la aprobación del Congreso, y el Ejecutivo cuenta con pocos apoyos para lograr consensos.

“Percibimos fatiga con los aumentos de impuestos, y el Gobierno parece no estar dispuesto a recortar gastos, menos con las elecciones en 2022”, argumentó el banco estadounidense.

Bank of America considera que las finanzas públicas tienen poco margen para ”apretarse la faja”, dado el relevante peso del pago de los intereses de la deuda pública.

La entidad financiera internacional destacó que cualquiera de las medidas que tome el país será dolorosa, pues requerirá de un ajuste muy fuerte en las finanzas públicas.