La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó para discusión una nueva política dirigida a fortalecer el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) la cual, entre sus principales medidas, incluye la creación de impuestos para elevar los ingresos del sistema.
Asimismo, plantea la flexibilización de la edad de jubilación, elevándola hasta los 70 años, pero que permite al trabajador elegir la edad de su retiro, actualmente establecida en 65 años.
La institución también presentó la opción de redirigir hacia el fondo de pensiones, cargas sociales patronales que financian a entidades públicas.
En cuanto a las inversiones de la reserva del fondo, la iniciativa propone destinar hasta el 10% para el financiamiento de obra pública, el 3% en instrumentos bursátiles del extranjero y elevar el monto anual a prestar de la cartera hipotecaria de la institución autónoma.
Tales opciones son parte de la nueva Política de Sostenibilidad Financiera y Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 2019-2022 aprobada por la Junta Directiva de la Caja, el pasado 8 de abril, según consta en el acta 9.027.
El documento plantea un cronograma de discusión de las propuestas a lo interno de la entidad autónoma entre este año y el 2021.
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Para el 2022 se tiene previsto la negociación de las iniciativas con representantes de los trabajadores, patronos y el Gobierno; para finalizar, en el 2023, con la toma de acuerdos para reformar el IVM, en el seno de la Directiva de la CCSS.
Las propuestas son diferentes a las que promueve de manera directa Román Macaya, presidente ejecutivo de la institución, y se estructuraron como un complemento a las de dicho jerarca.
Las últimas recomendaciones de fortalecimiento emanadas de una mesa de diálogo sectorial, en el 2017, aportan un beneficio mínimo al régimen, pues la reserva del régimen se agotaría en el 2045 (máximo cinco años más del escenario previsto sin estos cambios), según un estudio de la Dirección Actuarial y Económica de la CCSS.
La institución autónoma generó la nueva política para el fondo de jubilaciones como parte de un mandato dictado por la Contraloría General de la República, el año pasado.
El IVM es el principal sistema de pensiones de Costa Rica. Hasta junio pasado contaba con 280.433 beneficiarios del fondo, más de 1,5 millones de trabajadores cotizantes y 87.598 patronos.
La reserva del régimen ascendió a ¢2,75 billones, según los estados financieros del IVM con corte a junio de este año.
FUENTE: Política de Sostenibilidad Financiera y Actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 2019-2022, CCSS. DISEÑO/LA NACIÓN.
Detalle de propuestas
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, fue el encargado de presentar la nueva política institucional para fortalecer el IVM a la Directiva.
“Cada una de las iniciativas presentadas hay que concretizarlas, desarrollarlas, plantearlas y cuantificarlas. Además de determinar cuál sería el camino para poder materializarlas”, explicó Barrantes.
El objetivo de la Gerencia de Pensiones es contar con los estudios del impacto de las propuestas en el primer semestre del 2020.
El funcionario reconoció que algunas de las propuestas puede aplicarlas la Directiva de la Caja; otras como los impuestos requieren de la aprobación de la Asamblea Legislativa.
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“Ya empieza a discutirse de cómo generar precisamente ingresos a través de la riqueza que se vaya generando en el país, sea a través del empleo o a través de la robotización, algunos otros han planteado impuestos a licores, cigarrillos, juegos de azar”, explicó el jerarca ante la Junta Directiva, en abril pasado.
El jerarca explicó que, en el ámbito internacional, se empieza a discutir la manera de generar ingresos a través de la riqueza que generan las nuevas tecnologías que se implementan en los procesos productivos. El propósito de la institución es contar con el acompañamiento, durante este análisis, de expertos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Barrantes enfatizó en que estas medidas no solucionarán la situación del régimen, pero mejorarán su financiamiento.
Sobre la edad de retiro, la entidad autónoma plantea un esquema donde no hay una edad de retiro, va desde los 61 años y hasta los 70 años.
La decisión de determinar la edad de jubilación sería del trabajador y el incentivo es que si se mantiene más tiempo en el sistema puede recibir una mayor pensión.
“A veces, cuando se plantean esquemas muy rígidos, donde se dice la edad mínima de retiro son 68 o 70 años, ahí es donde socialmente hay críticas, porque hay ocupaciones y profesiones, que uno sabe que ya no corresponden a ciertas edades, otras profesiones sí tienen más esa posibilidad”, reconoció Barrantes.
En el caso de la redistribución de cargas sociales patronales, la propuesta de la CCSS es que algunas, en vez de financiar el Fondo de Desarrollo Social de Asignaciones Familiares (Fodesaf) y el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), vayan al régimen de pensiones.
Mensualmente cada patrono aporta, del equivalente del salario de cada trabajador, 5% a Asignaciones Familiares y 2% al INA.
“Son elementos que uno podría pensar que podían financiarse o refinanciarse a través del Gobierno y estas cargas sociales pasan a fortalecer la Seguridad Social, son planteamientos que hay que estudiar”, argumentó Barrantes.
La Gerencia de Pensiones también propuso a la Directiva de la institución un proceso de diversificación de las inversiones de la reserva del régimen.
Entre las principales están que se destinará el 10% de los recursos del fondo, unos ¢273.500 millones, para invertir en proyectos de desarrollo de obra pública.
Asimismo, en instrumentos bursátiles emitidos en el extranjero, se destinaría hasta 3% de los recursos del fondo, lo cual asciendo, actualmente, a ¢83.000 millones.
Régimen recibirá ¢2.170 millones menos por cotización de empleo público
La Caja Costarricense de Seguro Social resaltó que parte de la necesidad de llevar nuevos ingresos al IVM también se sustenta en los efectos que generará la reforma fiscal en el ritmo de crecimiento de la cotización de los empleados públicos.
La Dirección Actuarial y Económica de la CCSS determinó que el régimen recibiría ¢2.171 millones menos en aportes, en el 2020, debido a los cambios en la forma de calcular las anualidades, dedicación exclusiva y carrera profesional.
La entidad prevé que, en los próximos años, las contribuciones del sector público mantengan una desaceleración como consecuencia del menor crecimiento de los salarios.
Para el 2025 el monto previsto subirá a casi ¢11.000 millones y, en el 2030, a ¢21.000 millones, según el Informe Estimación del Impacto Financiero de las Modificaciones en Cesantía y Pluses generados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Con respecto a las contribuciones del Seguro de IVM también se hizo la proyección de las condiciones (previo a la ley), en este momento se esperaban ¢121.654 millones, pero con las nuevas condiciones baja a ¢119.483 millones, es una reducción de 0,1%, sin embargo, al 2035 esta reducción se espera que sea de 1,3% de los ingresos de IVM”, explicó Jaqueline Castillo, jefa de Estadística de la Dirección Actuarial, según consta en el acta 9.029 de Junta Directiva de la CCSS, del pasado 29 de abril.
El análisis hecho por la institución autónoma también reveló un impacto en las contribuciones del Seguro de Salud y Maternidad.
El impacto se genera porque las cargas sociales se calculan con base en los salarios recibidos por los trabajadores.