La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibe mensualmente miles de millones de colones de aportes de trabajadores y empresas para financiar el sistema de salud pública de Costa Rica.
Cada uno se registra para corroborar su origen, principalmente, cuando se trata de cuotas obrero-patronales y gastos de la propia institución.
Sin embargo, la Auditoría Interna de la entidad autónoma encontró un descontrol financiero con 6.000 operaciones pendientes de acreditarse por un saldo acumulado de más de ¢100.000 millones. Dicho monto representa un 4% de los ingresos recibidos en el 2018.
El informe ASF-18-2018 criticó la “cantidad significativa de transacciones sin registrar”.
Entre las transacciones sin registrar contablemente hay depósitos judiciales de patronos con procesos de arreglos de pago, abonos de trabajadores independientes, devoluciones de dinero de incapacidades y salarios pagados de más; y la cancelación total o parcial de la atención médica brindada a personas no aseguradas.
El estudio también advirtió de “riesgos de ocurrencia de daños patrimoniales” en la Caja por no iniciar los procesos de cobro a los empleados, a quienes se les giraron remuneraciones de más.
La Nación solicitó a la Caja el informe completo, pues en el sitio web de la institución solo hay una parte. Sin embargo, Ólger Sánchez, auditor interino, se negó a entregar el documento por contener datos privados de empresas y personas; pero sí respondió consultas generales de la investigación efectuada.
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“Se determinó que contiene información de pacientes y trabajadores que pueden generar afectación a los principios constitucionales de intimidad y privacidad”, explicó Sánchez, por correo electrónico.
Pese a las revelaciones, el funcionario destacó que las personas aseguradas siempre tienen derecho a recibir y utilizar los servicios de salud de la Caja.
“Es importante mencionar que en todos los casos citados, el dinero está depositado en las cuentas bancarias de la Institución y lo que está pendiente, es únicamente su registro contable”, enfatizó la Auditoría por escrito.
Desde el pasado 11 de febrero, este diario solicitó una posición oficial a la institución autónoma sobre los resultados del informe de Auditoría. Sin embargo, al cierre de este artículo no hubo respuesta.
Mensualmente, la Caja recibe las contribuciones para el financiamiento del seguro de salud de 1,7 millones de trabajadores y 88.000 patronos, en su mayoría micro y pequeñas empresas; y una contribución estatal.
Hasta noviembre anterior, la CCSS reportó ingresos por ¢2,4 billones correspondientes a dichos aportes, según los estados financieros del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM).
El gasto total de la entidad, para el mismo periodo, ascendió a ¢1,9 billones, de los cuales el 53% corresponde a gasto en remuneraciones de sus empleados.
El restante 47% corresponde a egresos por compra de medicamentos, pago de incapacidades, inversión, entre otros.
Hallazgos del estudio
El informe de la Auditoría reveló que en las cuentas bancarias de la institución descentralizada existe una cantidad significativa de transacciones sin registrar, con una “antigüedad preocupante”.
El análisis tuvo un corte a setiembre del 2017 y, en los 6.000 documentos encontrados, se determinó la ausencia de registro contable adecuado y oportuno.
“En los casos de depósitos judiciales, se constató que no es oportuno el registro de los pagos efectuados por los patronos, generando datos inconsistentes en cuanto al saldo de las obligaciones que mantienen con la Institución”, se detalla en el informe.
Una situación idéntica se presenta con los pagos totales o parciales hechos por trabajadores independientes y personas no aseguradas atendidas en los centros médicos de la entidad.
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Entre las razones del problema, señalados por la Auditoría a La Nación, están la falta de conocimiento del registro de la información, por parte de trabajadores, de los pagos recibidos de la institución.
Parte de la dificultad, se destaca en la respuesta por escrito, es que dichos trámites se efectúan en diversas de sus instalaciones a lo largo del país, desde hospitales, áreas de salud y sucursales.
Por otra parte, el estudio detectó que en los casos de pagos efectuados de más a sus trabajadores –no se detalla cuántos–, no existía la apertura de cuentas por cobrar a dichos funcionarios.
Tampoco el registro de los abonos efectuados por empleados en los casos que se devuelve el dinero.
“En apariencia refleja un débil proceso de recuperación de dichas sumas”, advierte el informe de la Auditoría.
Correcciones
Para enmendar las falencias encontradas, la Auditoría Interna de la CCSS planteó 21 recomendaciones.
Dicha dependencia propuso crear un equipo de trabajo que identifique las razones de los registros pendientes y efectúe las acreditaciones de pagos pendientes.
Además de analizar los procesos de registro contable de la institución, tanto de ingreso de recursos como abonos de deuda pendientes de patronos y trabajadores independientes, devoluciones de dinero de empleados e ingresos por servicios médicos brindados.