Bonos de Gobierno recobran la confianza de los inversionistas locales

Con ayuda de la reforma fiscal y de mejores rendimientos, Hacienda aumentó la captación de recursos, principalmente en dólares, luego de varias semanas de toparse con un mercado “seco”.

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El Gobierno logró, en las últimas semanas, una mejora en la captación de recursos mediante la subasta de títulos, después de pasar un periodo de “sequía” en el mercado de valores costarricense.

El resultado de las convocatorias efectuadas denotan un mayor interés de los inversionistas locales por los bonos de deuda del Ministerio de Hacienda.

Por ejemplo, en cinco subastas de títulos en dólares, durante noviembre pasado, la Tesorería Nacional captó $35,5 millones, mientras que en solo dos convocatorias efectuadas en este mes de enero, obtuvo $183 millones, según registros de la Bolsa Nacional de Valores.

En el caso de las captaciones en colones, los resultados estuvieron bajos entre noviembre y la primera mitad de diciembre pasados, si se comparan con la segunda quincena del 2018 y las primeras semanas del 2019.

La aprobación de la reforma fiscal –el pasado 3 de diciembre– y el aumento de las tasas de interés están entre las razones del incremento de las colocaciones por parte de Hacienda, apuntaron varios economistas consultados por La Nación.

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Una subasta es un proceso de venta de títulos sean públicos o privados, que se efectúa en la Bolsa Nacional de Valores, en el mercado primario; es decir, entre el emisor y los inversionista, por medio de un puesto de bolsa autorizado.

Hacienda también convoca a subastas por ventanilla, realizadas también en la Bolsa, en las cuales establece el monto de la emisión y el rendimiento. Los inversionistas deben aceptar las condiciones establecidas por Hacienda, no pueden pujar tal como ocurre en las subastas.

Menor incertidumbre

Para José Rafael Brenes, director general de la Bolsa Nacional de Valores, el mercado estaba “desordenado” y los inversionistas exigían tasas muy altas al Gobierno.

“Hacienda se salió del mercado, cuando usó las letras del tesoro, y los inversionistas quedan a la espera. El Ministerio busca un nuevo mecanismo para fijar los precios, cuando hacen los contratos de colocación fijan los nuevos precios en colones y dólares. A partir de ahí, todo el mundo dice okey con las nuevas tasas”, explicó Brenes.

El Banco Central prestó al Gobierno ¢500.000 millones por un plazo de tres meses, en setiembre del 2018, para que pudiera hacer frente a los gastos de salarios, ayudas sociales y deuda pública.

El Gobierno recurrió a esta medida, pues debido a las penurias fiscales había inversionistas exigiendo rendimientos muy altos, lo cual se catalogó como “movimientos especulativos” por Hacienda.

“A partir de los contratos de colocación la gente supo cuánto era lo que Hacienda quería pagar. Antes de eso había mucha incertidumbre”, destacó Brenes.

El contrato de colocación es una figura de captación de recursos que permite vender bonos en el mercado interno a los inversionistas que pueden ser extranjeros. Mediante esa modalidad, el Gobierno recibió $600 millones a finales del año anterior.

Para el economista José Luis Arce mejoró la percepción de los inversionistas sobre la deuda pública, pero aún hay expectativa de cómo se financiará el Gobierno: mediante recursos internos o externos.

“Las expectativas de los participantes en el mercado mejoró luego de la aprobación del proyecto de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (...) y se logró superar la fuerte presión por financiamiento que se experimentó a finales del año pasado, por el déficit, los vencimientos, la acumulación de deuda de corto plazo y las letras del tesoro”, argumentó Arce.

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Por su parte, Vidal Villalobos, asesor económico de Grupo Prival, recalcó que una de las ventajas para Hacienda, en las subastas efectuadas, fue la mayor demanda de títulos con vencimiento al 2022 o años posteriores.

Dicha situación, resalta el economista, da espacio a Hacienda para administrar de manera más ordenada el vencimiento de la deuda pública.

Uno de los problemas, al ingresar el Gobierno de Carlos Alvarado, fue que la administración de Luis Guillermo Solís dejó un hueco presupuestario de ¢600.000 millones por endeudamiento de corto plazo hecho a finales del 2017.

Para Johnny Mora, director de Fondos de Inversión del Grupo Acobo, la aprobación de la reforma fiscal fue clave en devolver la confianza de los inversionistas locales.

“Días después de la aprobación (del plan fiscal) hubo un cambio en la percepción de sus inversiones. Sin dejar de lado, que las tasas de interés ya estaban sumamente altas”, recalcó el economista.

Mora destacó que la posible autorización para emitir deuda externa (eurobonos) da un aire al Gobierno y reduce el riesgo de las colocaciones internas de Hacienda.