¿Cuáles empresas o personas calificarán para obtener un crédito con un aval del 80% del Gobierno? Esta es una de las principales dudas que externó el público en una conferencia que brindaron, el pasado 7 de agosto, el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), Alberto Dent y la ministra de Planificación y Política Económica, Pilar Garrido.
Estos avales serán clave como respaldo para que los clientes de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), puedan acceder a préstamos, y de esta forma sacar adelante proyectos productivos afectados por la pandemia.
Dent explicó que cada banco realizará la evaluación de cada cliente, pero como regla general, el proyecto de ley, al cual se le asignó el expediente 22.144, establece solo tres condiciones.
Primero, tiene que ser una persona física con actividad lucrativa o una empresa afectada por la covid-19 y eso deberán probarlo. En ese sentido, no califican empresas nuevas, para las cuales hay otras líneas de crédito o familias endeudadas por consumo, por ejemplo.
Segundo, la empresa o persona tiene que probarle a los bancos que con la asistencia que se le va a dar logrará salir adelante.
¿Cómo demostrar que puede sobrevivir? Dent respondió que la persona o empresa se sienta con el banco y proyecta qué va a suceder cuando la situación empiece a recuperarse. Puede ser que la empresa requiera un tiempo de gracia para empezar a pagar. Si fuera un hotel, por ejemplo, el banco estima la ocupación que requiere para pagar el crédito en un número determinado de años.
Tercero, la empresa que recibirá ayuda debe volver a contratar el personal o mantener el que tiene al solicitar la ayuda.
Según el proyecto de ley, los beneficiarios deben acreditar, en los plazos que se defina reglamentariamente, que mantiene el nivel de empleo existente en el momento de emitir el aval y hacer su mejor esfuerzo por recuperar los empleos perdidos por la pandemia en el menor plazo posible.
En el caso de negocios informales se consultó a Dent si tendrían que formalizarse para solicitar el crédito.
“No es requisito del programa. El banco podría pedírselo pero el programa no lo requiere”, respondió el presidente del Conassif.
Este fondo de avales, presentado al Congreso por el Poder Ejecutivo, contará, al inicio, con $300 millones que aporta el Gobierno, el cual los obtuvo de un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Este fondo se complementa con una propuesta que puso en consulta el Banco Central, el martes 4 de julio, para crear una línea de crédito especial por ¢700.000 millones para prestar a los hogares y empresas más golpeados por la pandemia sanitaria.
Empresas también deben dar garantías
Dent detalló que para participar en un crédito con el fondo de avales las empresas o personas también tendrán que poner garantías al solicitar el crédito.
“Requerimos el sacrificio de todos, requerimos el sacrificio del empresario que tiene que poner el capital que tiene; del banco que tiene que ayudarle y jugarse el chance con 20% y del Estado que está apostando a la empresa que va a crear empleo dándole el aval por el 80%, es un esfuerzo de largo plazo y de todos”, explicó Dent.
La tasa y plazo del crédito, explicó Dent, habrá que negociarlo con cada banco, depende de cada cliente y de qué es lo que necesita.
Hay otros detalles, como el monto máximo que se puede solicitar de crédito y comisiones, que se definirán en el reglamento.
El proyecto de ley establece en su único transitorio que el reglamento deberá estar listo en un plazo máximo de treinta días a partir de su entrada en vigencia; no obstante, Dent y Garrido detallaron que ya están trabajando en él para publicarlo cuando el proyecto se apruebe.