La filtración de datos de tarjetas de crédito y débito de clientes del Banco de Costa Rica (BCR), por parte del grupo Maze, fue el punto de inflexión que obligó a la entidad financiera a agilizar los cambios en sus sistemas digitales.

La institución se vio obligada a ejecutar, en pocos meses del 2020, procesos cuyo desarrollo estaba previsto en un plazo de dos años, reconoció Douglas Soto, gerente general del banco estatal.

“El ataque de Maze nos obligó a adelantar las implementaciones de plataformas tecnológicas que teníamos en el 2020. Reforzamos muchísimo la seguridad del Banco y, en vista de la pandemia, implementamos una serie de productos(...) para que los clientes pudieran demandar los servicios (en línea)”, confirmó Soto a La Nación.

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El resultado fue una inversión de ¢20.525 millones, durante el 2020, para reforzar la protección de los sistemas del BCR, así como la digitalización de la solicitud de tarjetas, el cambio del PIN o las claves.

Para este año, la entidad continúa con el enfoque de intensificar la transformación tecnológica, para lo cual tienen previsto destinar ¢25.632 millones.

Con esas cifras, en cuestión de dos años el banco estatal destinará ¢46.157 millones (casi $75 millones), a reforzar su infraestructura tecnológica.

En mayo del 2020, el BCR confirmó que el grupo cibercriminal Maze filtró un un cúmulo de datos entre la que había información de tarjetas de débito y crédito emitidas por la institución, sin embargo, en ese momento descartó que esta pudiera utilizarse para cometer algún tipo de fraude.

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Maze no es el único tema que ocupa al Banco en estos momentos. En la actualidad efectúan el análisis de la situación económica de sus clientes corporativos y empresariales frente a la crisis de la covid-19, pues a los más afectados por la pandemia los arreglos de pago se les vencen entre setiembre y octubre próximo.

El BCR efectuó 23.000 readecuaciones a empresas vinculadas con turismo, comercio y transporte público.

En la industria turísticas, por ejemplo, hicieron algún tipo de modificación en las condiciones crediticias a casi la totalidad de la cartera de crédito, cuyo saldo es de ¢145.000 millones.

“Estamos tratando de tener pronósticos prolongados, de cinco a 10 años, para ver la viabilidad del cliente para salir de esta crisis, porque sabemos que la recuperación será lenta. Por eso, estamos en el proceso de extender arreglos de pago, dependiendo de la capacidad de pago del cliente”, explicó Soto.

El Gerente comentó que las actividades de logística, servicios y tecnología son sectores dinámicos y demandantes de recursos. Así como las empresas instaladas en zona franca.

La entidad pública reportó una recuperación en la utilidad neta del primer trimestre, pues ascendió a ¢11.732 millones, lo cual significó un incremento del 68% comparado con los ¢6.992 millones al mismo periodo del 2020, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

El año pasado, BCR tuvo una reducción en las ganancias. Estas ascendieron a ¢25.612 millones, es decir, 30% menos respecto al 2019, que fueron de ¢37.074 millones.

A marzo pasado, reportó un saldo de ¢2,98 billones de crédito colocado. La mitad de dichos recursos está dirigido a sector corporativo y empresas.

Por actividad económica, vivienda significa el 36% del crédito y los servicios, el 32%, según los estados financieros de la entidad disponibles en la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Tormenta y oportunidad

El ciberataque de Maze generó un gran “ruido” alrededor de la institución, pero no tuvo ningún daño financiero, en palabras de su gerente, Douglas Soto.

Hace un año, este grupo de delincuentes publicó información de tarjetas de crédito de Visa y Mastercard del Banco.

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Desde el 1. ° de mayo del 2020, la institución catalogó este caso como una extorsión. El 22 de mayo, descartó que hubiera evidencia de la sustracción de datos de clientes de los sistemas de la institución. Aunque Maze ya había divulgado datos de tarjetas emitidas entre el 2017 y 2018.

Sin embargo, el 25 de mayo, el Banco confirmó la filtración y corroboró que el 70% de los plásticos estaban desactivados.

“Maze nos afectó, pero fue una gran oportunidad porque teníamos un cronograma de plataformas por implementar y las implementamos inmediatamente (...) El Banco salió victorioso de Maze porque agilizó procesos para aplicarlos en dos años y se hicieron en el 2020”, reconoció Soto.

El funcionario destacó que entre las medidas de seguridad adoptadas está la biometría facial para Android y dispositivos iOS, de Apple.

La nueva herramienta permite a los usuarios validar transacciones desde la aplicación móvil del BCR. Entre los trámites validados están Sinpe Móvil, solicitud de PIN de tarjetas de crédito y débito; cambio de contraseña, pago de servicios, depósitos judiciales y cambio de parámetros de tarjetas.

El ejecutivo enfatizó que el refuerzo de las facilidades en línea fueron claves de cara al aumento de las transacciones electrónicas desde los teléfonos móviles.

Los datos del Banco muestran que, en enero del año pasado, se efectuaron 20.000 transacciones vía web. Para el mismo mes del 2021, registraron 7,2 millones.

“Maze fue un asunto bastante fuerte en cuanto a riesgo reputacional, pero no hubo daño colateral y más bien nos permitió fortalecer todas nuestras defensas”, insistió Soto.

La entidad pública también modificó, durante el año pasado, la atención al servicio al cliente para facilitar la respuesta de solicitudes de clientes, pues la pandemia obligó a llevar la respuesta a una solicitud, hasta la puerta de la casa de la persona.

Además, la mitad de los empleados de la institución pasó a teletrabajo. El Banco cuenta con una planilla de 4.200 trabajadores.

“Nuestro norte es convertirnos en un banco digital para que, desde el teléfono, la persona pueda solicitar cualquier servicio. Esto llegó para quedarse”, afirmó Soto.

El jerarca reconoció que la medida reducirá gastos en alquileres. Sin embargo, descartó que implique despido de personal.

En el 2020, la institución tuvo ingresos por el cobro de créditos e inversiones de ¢300.287 millones, lo cual significó una baja del 11,5%, respecto a los ¢339.491 millones, del 2019, según Sugef.