El proyecto Monte del Barco, administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión, está a punto de perder el 39,8% de los terrenos destinados al desarrollo turístico, a raíz de un remate por deudas bancarias.
Los bancos Lafise y Bancentro ejecutaron las propiedades, depositadas en un fideicomiso de garantía, por el impago de $4,9 millones más intereses, informó la empresa bursátil en un hecho relevante publicado este jueves 25 de febrero.
La ejecución de garantía fue de 26 fincas cuya extensión es de 172,2 hectáreas. El desarrollo previsto en Monte del Barco es por un total de 432 hectáreas.
El remate se efectuó en los terrenos privados del proyecto, pues 31,6 hectáreas corresponden a propiedades otorgadas en concesión por parte del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).
La deuda original con las entidades financieras era por $10 millones y fue asumida por el Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco, a través de sus subsidiarias Inversiones Goda S.A. y Llanuras del Tempisque MB S.A.
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La misma se dejó de pagar cuando Aldesa pidió la intervención judicial por problemas de liquidez, en marzo del 2019, ante el Juzgado Concursal de San José.
La firma bursátil argumentó que el proceso de ejecución no está en firme y que presentaron un proceso de revocatoria, pues las empresas afectadas están dentro del Convenio Preventivo de Acreedores.
“Sí se debió paralizar el remate; por esa razón precisamente es que presentamos una apelación al acto de primera instancia”, afirmó Aldesa por escrito a La Nación.
La adjudicación de los terrenos, para el pago de la deuda bancaria, se hizo a favor de la sociedad denominada 3 102 763229 S.R.L, representada por el abogado Alejandro Batalla.
El proyecto de desarrollo Monte del Barco posee la concesión de los terrenos en el Golfo de Papagayo, desde 1996, cuando el ICT otorgó el derecho de explotación en los terrenos públicos.
Esta obra ha enfrentado múltiples escollos para su concreción, desde económicos hasta legales. Por ejemplo, en el 2019, la Directiva del ICT canceló las concesiones en el polo turísticos, pero tres meses después las devolvió.
La iniciativa tiene previsto el desarrollo de un hotel de lujo de 140 habitaciones, un campo de golf y la venta de contratos de residencias.
Problemas judiciales
En julio del año pasado, el Juzgado de Cobro de Santa Cruz, Guanacaste, perdió cuatro fincas por un total de 17,2 hectáreas, las cuales se remataron en favor del Grupo Maklouf, como garantía de pago por una operación de crédito.
Además, aún está pendiente la resolución de otros cinco procesos judiciales en favor del mismo grupo empresarial, por propiedades cuyo conjunto significa 59,6 hectáreas adicionales.
Los problemas legales que enfrenta el desarrollo turístico implican un riesgo para el éxito de la concreción del proyecto turístico Monte del Barco y el futuro de Aldesa Corporación de Inversiones (ACI), conglomerado de iniciativas privadas, y las de las firmas bajo la fiscalización de la Superintendencia General de Valores (Sugeval).
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En el plan de salvamento presentado por Aldesa ante el Juzgado Concursal se prevé que el 97% de los ingresos futuros de la empresa dependen del éxito de esta obra de infraestructura.
La previsión de la firma es que la iniciativa turística generare ingresos por $136,4 millones, de los casi $140 millones de flujo de caja de los proyectos impulsados por la firma, se detalla en documentos presentados en la vía judicial y de los cuales tiene copia La Nación.
La empresa solicitó, desde marzo del 2019, la intervención judicial por problemas de liquidez en la conclusión de ocho proyectos inmobiliarios privados para los cuales obtuvo recursos por $200 millones, de un grupo de casi 600 inversionistas.
La firma bursátil pidió la conversión del proceso a un convenio preventivo de acreedores, el pasado 17 de abril, como medida para evitar la quiebra de la empresa. Dicha petición está aún en trámite.
Aldesa comunicó que ya consiguió arreglos de pago firmados y ejecutados con acreedores por un valor de $70 millones.