La Contraloría General de la República pidió ayer que se solucionen fallas detectadas en la rectoría por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) del sector de pequeñas y medianas empresas (pymes).
Entre los problemas encontrados mediante un estudio, están falta de identificación de la población meta, la ausencia de indicadores para evaluar la gestión y un registro de empresas bastante pobre.
Además, la ausencia de información clave para dar dirección a las entidades involucradas en el desarrollo de una pyme, mientras el Consejo Asesor no se reúne con la frecuencia necesaria y hay manejo inadecuado de las actas.
La titular del MEIC, Mayi Antillón, reconoció que al llegar esta administración, en mayo del 2010, se encontraron diversos problemas como los mencionados en el informe de la Contraloría.
Agregó que el MEIC, como entre rector de las pymes, enfrenta dos problemas fundamentales. El primero es que la ley le dio esa tarea hace 10 años, pero no lo dotó de financiamiento para cumplirla.
El segundo es la dependencia de la información de unas 50 entidades públicas, privadas, autónomas y de otro tipo, integradas en la red de apoyo a las pymes. La ley ordenó entregar datos, pero muchas no lo hacen o los suministran parcialmente, dijo Antillón.
Esta tesis se sustenta en que la Contraloría recuerda, de nuevo, que las entidades involucradas deben entregar la información al MEIC, tanto de programas y capacitaciones como de créditos.
Según Antillón, el MEIC cumple al pedir la información a todas las entidades involucradas, pero se brinda parcialmente o no se entrega.
Agregó que en un proyecto para modificar la ley se pretende cobrar por registrar una pequeña o mediana empresa, con lo cual se financiarían programas. Pero eso puede causar que menos cantidad de ellas se registren.
Castillo consideró que el país ya tiene una política en este campo, pero su aplicación es difícil si no se sabe cuántas empresas realmente hay. Por eso, dijo, es importantísimo que estén registradas pues eso ayudará a orientar mejor los esfuerzos de las entidades.
Adelantó que se emitió un nuevo reglamento para mejorar el acceso y uso de los recursos disponibles en dos fondos de financiamiento para las empresas.
Cubero dijo que quizá por arraigo cultural una gran cantidad de micro y pequeñas empresas no se registran. Esa fuerte informalidad, más dificultades en fuentes de datos como los de la Caja Costarricense de Seguro Social, Tributación o las patentes municipales, agregó, dificultan contar con información certera acerca de la cantidad y características de las firmas.
El informe pone de nuevo en el tapete la necesidad de crear un criterio general para clasificar a las pymes, pues hasta ahora solo se usan la afiliación a la Caja, los pagos en Tributación o las patentes, consideró Cubero.
Estimó que el censo se pudo aprovechar para hacer consultas y tener datos certeros y actualizados sobre este sector.