La Dirección General de Tributación reactivó, durante el año pasado, el cobro de ¢136.038 millones del impuesto sobre la renta, a siete entidades financieras.
A los bancos públicos se les notificó una multa por ¢122.442 millones (90% del total); mientras que a tres privados, ¢13.596 millones.
Así se detalla en los estados financieros de las instituciones, con corte a setiembre anterior, en los cuales se revela la notificación del Ministerio de Hacienda en referencia a los recursos pendientes de pago.
Los reclamos realizados a la banca, por la Dirección de Grandes Contribuyentes de Tributación, corresponden a las declaraciones fiscales de los periodos 2010, 2011, 2012 y 2013.
La discrepancia se centra en que los bancos imputan como deducible de renta las contribuciones parafiscales establecidas por ley; pero para Tributación dichos gastos son gravables, confirmaron las instituciones bancarias consultadas por La Nación.
Los bancos reparten parte de sus utilidades a la Comisión Nacional de Emergencias, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo y la Comisión Nacional de Préstamos para Educación.
Las siete entidades sancionadas apelaron el cobro y prevén pelear la sanción ante el Tribunal Fiscal Administrativo, e incluso, en la vía judicial.
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Tributación inició, el año pasado, el traslado de cargos tributarios; luego de que la Sala IV eliminara la potestad de cobrar deudas de impuestos por adelantado, a finales del 2016.
Adicionalmente, el fisco comenzó una nueva fiscalización contra algunos bancos, en el 2017, para comprobar las declaraciones de renta del 2014, 2015 y 2016.
Cobro a bancos públicos
El Banco Popular es la entidad a la cual se le acredita la mayor deuda tributaria. En total, Hacienda le cobra ¢62.423 millones entre renta sin declarar, intereses acumulados y multas para el periodo entre el 2010 y el 2013, según sus estados financieros.
El Popular confirmó que apelaron el cobro y, al no estar en firme, no están obligados a efectuar provisiones.
"Se actuará en defensa de los fondos públicos que el Banco administra, ante el Tribunal Fiscal Administrativo, y de ser necesario acudiríamos a los Tribunales Judiciales ordinarios", detalló la Oficina de Comunicación Corporativa del Banco Popular.
El Banco Nacional fue la segunda entidad con la multa más alta, por ¢40.375 millones, según dos resoluciones sancionatorios del fisco por las declaraciones del 2010, 2011, 2012 y 2013, reveladas en los estados financieros.
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El banco estatal insistió, mediante la Dirección Jurídica, que no hay ninguna sanción, pues no está en firme y se encuentra en trámite de apelación ante al Tribunal Fiscal Administrativo.
"En caso de que el Tribunal Fiscal no acoja las apelaciones presentadas se planteará el proceso contencioso-administrativo ante los Tribunales de Justicia. Por lo que aún faltan varios años para tener una resolución firme", detalló la institución pública.
Al Banco de Costa Rica (BCR), el fisco le atribuye una sanción por ¢17.195 millones del periodo del 2010 al 2014, según los estados financieros.
El BCR detalló que realizarían el pago del cobro tributario solo si la interpretación de Hacienda queda en firme en las diferentes instancias de apelación.
A Bancrédito la multa por ¢2.448 millones se le notificó en agosto pasado. La entidad presentó un recurso de revocatoria, según se detalla en sus estados financieros.
Los privados también
En el caso de las entidades privadas, Tributación impuso una sanción de ¢6.327 millones a Grupo Mutual Alajuela; de ¢4.504 millones a Scotiabank y ¢2.763 millones a Banco Promérica.
Scotiabank detalló, en sus estados financieros, que realizó una provisión por ¢600 millones.
Además, esperan que el Tribunal Fiscal Administrativo resuelva sus alegatos en un plazo de tres años.
Grupo Mutual también impugnó los cargos y espera una resolución favorable.
"Existen probabilidades altas de obtener un resultado favorable en la resolución de este caso, ya que Grupo Mutual se encuentra exenta de todo tributo según la Ley del Sistema Financiero Nacional de Vivienda", recalcó la entidad en sus información financiera de setiembre pasado.
Por su parte, Promérica informó en sus estados financieros que no es necesaria hacer una provisión, pues prevén posibilidades de éxito en sus impugnaciones.
Nueva fiscalización
Por otra parte, la Dirección de Grandes Contribuyentes comenzó un nuevo proceso de fiscalización de la declaración de renta de los periodos 2014, 2015 y 2016 en Bancrédito y el Banco Nacional.
A la primera institución informó del inicio del proceso el 8 de agosto del año pasado.
En el caso del Nacional, Tributación entregó dos notificaciones acerca de esta revisión el 14 de agosto del año pasado.
En el oficio, el fisco recalca que efectuará una comprobación de la veracidad de las declaraciones presentadas en los periodos del 2014 al 2016, reveló el Nacional en sus estados financieros.
"Las declaraciones del Banco son fidedignas y apegadas a la normativa tributaria, lo que ha existido es un diferendo en cuanto a la metodología que aplica la institución", informó la Dirección Jurídica a La Nación.
En el caso de Bancrédito, el proceso de revisión se inició en el último trimestre del año pasado y corresponderá ahora a los interventores de la entidad responder a los alegatos del erario.