Patricia Leitón. 8 mayo
Fotografía tomada por Alexis Delgado Quirós y suministrada por la abogada Adriana Rojas de una de las propiedades que se utilizó como garantía para solicitar el crédito con el Banco Popular. Foto: cortesía.
Fotografía tomada por Alexis Delgado Quirós y suministrada por la abogada Adriana Rojas de una de las propiedades que se utilizó como garantía para solicitar el crédito con el Banco Popular. Foto: cortesía.

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda ordenó devolver dos propiedades que ya había rematado el Banco Popular a la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP).

Así lo hizo mediante la sentencia 39-2019-VIII del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, de las 14:30 horas del 6 de mayo del 2019, que declara la nulidad de las escrituras públicas en donde se establecen las garantías hipotecarias, se anulan los juicios de cobro judicial y por ende anula los remates celebrados, según informó la abogada Adriana Rojas mediante un comunicado.

Armando Rojas, director jurídico de la entidad financiera dijo que la resolución todavía no está en firme.

“El Banco Popular está en análisis de la resolución que usted indica, la cual aún no está en firme, por lo que no es factible referirse al fondo de lo consultado" dijo Rojas.

Añadió que es factible impugnar ante el superior dicha resolución, por lo que aún es prematuro afirmar que los actores tengan la razón en dicho proceso judicial.

Por su parte, Adriana Rojas explica, en un comunicado, que la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera, conocida como ADIP, se fundó en 1974, por un grupo vecinos, con la finalidad de generar desarrollo en la comunidad y progresos para sus habitantes.

“La ADIP generó actividad económica importante tanto para la región como para las personas locales, con el servicio de transporte de pasajeros y bicicletas por medio de lancha a modalidad de cabotaje. A finales de la década de los noventas, ganaron la licitación pública del Ferry de Paquera, en donde el transporte incluyó a los vehículos”, detalló Rojas.

Gracias a este crecimiento, la Asociación adquirió dos propiedades: una finca de 34.949 metros cuadrados en el centro de Paquera, en donde se realizan los festejos y ferias del pueblo, como monta de toros, bailes, juegos mecánicos y otra, con una medida de 111.194 metros cuadrados, de montaña en bosque secundario ubicada también en Paquera, para la protección del medio ambiente.

Entre los años 2009 y 2010, los integrantes de Junta Directiva aprobaron dos acuerdos para solicitar dos créditos (uno a nombre de la ADIP y otro a nombre personal de un directivo de ese entonces) con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y comprometer las dos propiedades con gravámenes hipotecarios, por ¢69.253.000 y ¢50.000.000, con cuotas mensuales que la Asociación no pudo pagar.

Por lo tanto, la entidad bancaria envió las dos propiedades a remate en el año 2015.

Sin embargo, el Contencioso determinó que “el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, otorgó los créditos, sin el requisito esencial: la aprobación de asamblea general. Se requería el consentimiento manifestado por medio del voto de todos los asociados vecinos de Paquera que conforman la ADIP”, explicó Rojas.

De esta manera se anuló todo lo actuado y se ordenó la devolución de las propiedades.

Rojas tomó el caso por la petición de Oscar Jesús Rojas, un vecino del lugar.

Rojas ha tramitado otros casos de clientes bancarios que han perdido propiedades por sus créditos, como por ejemplo, uno en el cual el Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda declaró nula una garantía que consideró excesiva, así como la tasa piso de un crédito otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR), del cual ya se había ejecutado el cobro judicial mediante la resolución número 118-2018-I, del 3 de diciembre del 2018.

Según había publicado este diario, el 27 de abril pasado, el monto de bienes y valores adquiridos por las entidades financieras debido a que las personas y empresas no pudieron pagar sus créditos registró un fuerte crecimiento entre febrero del 2018 y febrero del 2019, al pasar de ¢259.000 millones a ¢325.000 millones, un aumento del 25%.

Nota del editor: Esta información se actualizó a las 6 p.m. con la opinión del director jurídico del Banco Popular.