Óscar Rodríguez. 9 octubre, 2018
El Banco Nacional efectuó una provisión ¢26.878 millones ($47 millones) por el crédito dado a la empresa Hidrotárcoles por la construcción de la planta Capulín San Pablo en Turrubares. Foto: Jeffrey Zamora
El Banco Nacional efectuó una provisión ¢26.878 millones ($47 millones) por el crédito dado a la empresa Hidrotárcoles por la construcción de la planta Capulín San Pablo en Turrubares. Foto: Jeffrey Zamora

El Tribunal Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda declaró sin lugar la pretensión del Banco Nacional para que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) asuma el Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo, en Turrubares, desarrollado por la empresa Hidrotárcoles.

Así se detalla en la resolución N°571-2018-T, del pasado 5 de octubre, en la cual el juez Rodrigo Huertas descarta los argumentos de la entidad financiera.

“No se ha podido evidenciar cómo resultaría posible el poder vincular al ICE (...) con el fin de obligar a dicha Institución; no solo a seguir la realización del proyecto y a la conservación del mismo, sino además para asumir la deuda, que desde un inicio y como se ha indicado y es notorio se dio únicamente entre el Banco Nacional de Costa Rica y la empresa Hidrotárcoles”, se detalla en la sentencia de la cual tiene copia La Nación.

La medida cautelar presentada por el banco estatal, a comienzos de año, buscaba que el ICE retomara el proyecto, evitara su deterioro y garantizara la conclusión de las obras.

Sin embargo, el juez descartó dicho pedido, pues el desarrollo hidroeléctrico no es efectuado por el ICE, ni en terrenos de la institución.

“Las propiedades no pertenecen al Instituto Costarricense de Electricidad, y al ser propiedades ajenas a esa Institución incurriría incluso en invasión a propiedad privada”, argumenta la resolución.

El ICE informó, mediante su Oficina de Prensa, de que con la resolución dejará de resguardar con fondos públicos la protección de un bien de dominio privado.

“A raíz de esta resolución no existe ninguna responsabilidad u obligación a cargo del ICE (...) No existe obligación de asumir obra alguna”, apuntó la compañía pública.

El Banco Nacional informó, mediante la Dirección de Relaciones Institucionales, de que no podía referirse al caso de Hidrotárcoles por secreto bancario y porque hay procesos judiciales en trámite.

“El Banco ejercerá todas las acciones legales que correspondan en defensa de sus intereses”, detalló la entidad.

El ICE firmó un contrato con Hidrotárcoles, integrado por las firmas Sánchez Carvajal e Hidrobrujo, en el 2012, para la compra de energía del proyecto a desarrollarse.

El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) formalizó, en abril del 2014, un crédito por $117,5 millones a Hidrotárcoles para el proyecto eléctrico, de 50 megavatios, valorado en $167 millones, de los cuales giró $103,5 millones.

En julio del 2015, el ICE inició el proceso para finiquitar el contrato por incumplimientos de Hidrotárcoles.

El papel del Instituto es vital en el proyecto pues sin su participación, no hay garantía de que el desarrollo cuente con recursos para pagar el crédito al Nacional.

La entidad bancaria efectuó, durante este año, una provisión de ¢26.878 millones ($47 millones) por el préstamo dado a Hidrotárcoles.

Además, recalificó –en febrero anterior– al cliente a la peor categoría como deudor, como medida prudencial por el alto riesgo de que el proyecto no se concluya y no pueda hacer frente al préstamo.

Regaño judicial

La resolución firmada por el juez Rodrigo Huertas calificó de “situación riesgosa” la decisión del BNCR de respaldar el crédito con una garantía incierta, al tratarse de una obra a desarrollarse a futuro.

“No se podría pensar, que la garantía única y exclusiva del Banco Nacional de Costa Rica para respaldar el crédito o financiamiento de los montos requeridos por la empresa Hidrotárcoles, se haya constituido o garantizado con la obra que desarrollaría la citada empresa, ya que esto sería una situación que desde todo punto de vista resultaría, inconveniente y desacertado para los intereses aquí representados por el Banco Nacional”, criticó la sentencia.

El Tribunal argumentó que, al otorgarse un crédito de $117 millones, el Banco Nacional debió respaldar la operación con una garantía suficiente en caso de imprevistos.

Hidrotárcoles presentó como garantía terrenos y creó un fideicomiso de garantía –también con propiedades– para obtener el financiamiento.

“Resultaría lógico y prudente el pensar que la representación Bancaria accionante, haya tomado las previsiones del caso, realizado el análisis previo de aseguramiento de los fondos públicos antes de ser puestos en manos de la empresa que los requiere en el contrato de crédito”, resaltó el Tribunal.

Según los argumentos presentados por el BNCR al Tribunal, el ICE debe tomar el control de la planta y pagar al Banco el monto correspondiente de la deuda.

"El ICE es el obligado a pagar al Banco Nacional el monto de la deuda y en caso de que las garantías del contratista no sean suficientes para pagar al Banco", argumentó la entidad financiera en el proceso judicial.

Esta entidad añadió que, para recuperar los recursos, el ICE debía cobrarle a Hidrotárcoles.

Juez estudia solicitud para demoler represa

El Tribunal Contencioso Administrativo acogió, para estudio, una demanda cuyo objetivo es lograr la demolición de la represa del Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo, propiedad de la empresa Hidrotárcoles.

En la resolución preliminar, emitida este 9 de octubre, el Tribunal brindó 30 días hábiles a la empresa privada para responder a la demanda del bufete Lazar Abogados.

El Tribunal Contencioso estudia una petición para demoler la represa del proyecto hidroeléctrico desarrollado por Hidrotárcoles en Turrubares. Foto: Jeffrey Zamora.
El Tribunal Contencioso estudia una petición para demoler la represa del proyecto hidroeléctrico desarrollado por Hidrotárcoles en Turrubares. Foto: Jeffrey Zamora.

Luis Alonso Salazar, de Lazar Abogados, explicó que la paralización del proyecto genera un alto riesgo en la zona para el ambiente y poblaciones aledañas.

Salazar es propietario de varios terrenos aledaños al embalse de la represa los cuales –argumenta el abogado– están en riesgo por el abandono del proyecto y han empezado a inundarse.

“Somos víctimas indirectas en una situación que no formamos parte (...) La represa no está anclada y si se desprende, por una crecida del río, arderá, Troya hay muchísimo riesgo en la zona”, afirmó Salazar.

En el proceso judicial, bajo el expediente 18-006094-1027-CA-0, también se dio audiencia al Banco Nacional, entidad que financió la obra, y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) porque tuvo un contrato de compra de energía con Hidrotárcoles.

También se le dio audiencia al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

Las tres instituciones públicas cuentan con tres días hábiles, una vez notificadas, para que se pronuncien sobre el caso, según la resolución del juez Fabián Núñez.