El Tribunal Contencioso Administrativo respaldó la sanción interpuesta a Scotiabank, por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por incumplir la normativa contra lavado de dinero en Costa Rica.
Los jueces declararon sin lugar, el pasado 11 de mayo, la petición de la entidad bancaria de declarar la caducidad del procedimiento administrativo, la prescripción de la investigación, la nulidad de la multa de ¢1.171 millones y la indemnización de ¢30 millones por daño moral, planteada contra la entidad supervisora.
“Al desestimarse las pretensiones de la demanda, la de carácter indemnizatorio, también resulta improcedente y así debe declararse”, se detalla en la resolución Nº 38-2020-V, de la cual tiene copia La Nación.
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Los jueces respaldaron las razones que llevaron a la Sugef y al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) a dictar un acto sancionatorio contra Scotiabank por permitir el ingreso al país de $6,5 millones de presuntos sobornos para el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, de parte de la empresa brasileña Odebrecht.
“La entidad bancaria incurrió en la falta prevista de la Ley 7.786 y sus reformas, por incumplimiento a las obligaciones contenidas en (…) ese mismo cuerpo normativo, toda vez que “…es claro que las operaciones descritas pueden ser calificadas como sospechosas”, se argumenta en el sentencia firmada por los jueces Marianella Álvarez, Ileana Isabel Sánchez y Sergio Mena.
La legislación que se infringió fue la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.
Luis Enrique Gómez, subgerente general de Scotiabank en Costa Rica, argumentó por escrito que no pueden referirse al caso, pues respetan el debido proceso de las autoridades judiciales.
“Scotiabank está comprometido a cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en los países donde tiene presencia y como muestra de ello, el pasado 13 de junio del 2019, el banco pagó, de forma voluntaria y bajo protesta, al Estado, la suma de ¢1.171 millones según lo indicado por la Sugef por el caso de investigación Ecoteva”, informó el vocero de la entidad bancaria.
El banco acudió a la vía judicial después de que el Conassif rechazara sus argumentos contra la investigación realizada por la Sugef en su contra.
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La Superintendencia abrió, en noviembre del 2014, un procedimiento administrativo a Scotiabank por aceptar el ingreso aparentemente irregular de recursos en varias cuentas en el país.
La multa se impuso en abril del 2018 y fue equivalente al 0,5% del patrimonio reportado por la entidad en marzo del 2013, según consta en el fallo judicial.
El Tribunal cuestionó la posición de Scotiabank de que la multa fue desproporcionada, pues se aplicó el porcentaje más bajo (0,5%) dado que la ley permite hasta el equivalente al 2% del patrimonio, fundamentaron los jueces.
Entre los argumentos de la Sugef, respaldados por el Tribunal Contencioso, fueron que Scotiabank no efectuó una debida diligencia de reportes de operaciones sospechosas (ROS), por el ingreso de recursos a varias cuentas bancarias en el país, muy por encima del saldo promedio mensual.
“No resulta razonable que el banco demandante haya tardado tres meses en realizar una investigación para enviar los cuatro ROS (…) de transacciones inusuales que puedan ser reportadas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas”, se destaca en el fallo.
Por último, los jueces ordenaron a Scotiabank al pago del costo del proceso judicial, el cual debe liquidarse en el proceso de ejecución de la sentencia.