Manuel Avendaño Arce. 9 julio
En el mercado costarricense circulaban 443 diferentes tipos de tarjetas de crédito a abril del 2020, según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Fotografía: Shutterstock.
En el mercado costarricense circulaban 443 diferentes tipos de tarjetas de crédito a abril del 2020, según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Fotografía: Shutterstock.

Si usted tiene una tarjeta de crédito cuyo monto de financiamiento es menor o igual a ¢675.000 y su banco planea cerrarle este instrumento por la aplicación de los nuevos topes a las tasas de interés, ¿podría la entidad reconvertir esa deuda en un micropréstamo?

La respuesta es sí. No existe ninguna norma o restricción legal que le impida a una entidad financiera adoptar este ajuste aunque signifique un impacto negativo para el cliente.

Las tasas máximas que sirven para definir la usura en el país establecen que los préstamos en colones −incluidas las tarjetas de crédito− no pueden superar el 37,69%, mientras que los microcréditos (operaciones de ¢675.000 o menos) deben estar por debajo del 53,18%.

Miguel Elizondo, abogado de banca y seguros de la firma Zurcher Odio & Raven, explicó que esta es una posibilidad que podrían aplicar los bancos o emisores de tarjetas en el mercado nacional.

“Los saldos de tarjetas no se tratan como microcrédito, sino como un préstamo general que tienen tasas más bajas. Si se refinancia con ese cambio, se le aplicaría la tasa más alta”, apuntó.

De acuerdo con Elizondo, cuando se habla de reestructuración, refinanciamiento o compra de saldos; el cliente busca una nueva operación bancaria para pagar la anterior con mejores condiciones y plazos.

“Si se busca una reestructuración de una tarjeta que tiene un monto menor a los ¢675.000, entonces se trataría como un microcrédito. No existe ninguna indicación expresa desde el punto de vista legal que impida hacerlo”, concluyó el abogado.

Perfil de cliente

Un punto importante es que al final las posibilidades del cliente, para aceptar este tipo de ajustes, dependerá de su perfil y su calificación de riesgo.

Si se trata de una persona que paga puntualmente su deuda, no genera intereses y tiene una buena calificación en el Centro de Información Crediticia (CIG) de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), entonces tendrá más opciones para buscar la compra de la deuda.

Un cliente con buena calificación no se verá en la obligación de aceptar el cambio de una tarjeta de crédito por un microcrédito con tasas más altas, sino que podrá acudir a otros bancos o entidades financieras para negociar un producto que le ofrezca mejores condiciones.

Ahora bien, Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), recordó que para una persona con un récord crediticio manchado o con una mala calificación será más difícil acceder a otras alternativas para renegociar la deuda en el sistema financiero nacional.

“Una distinción que quedó en la ley, pero que quizás puede generar confusión, es que aunque las tarjetas de crédito se usan para comprar bienes de consumo, también son un instrumento muy útil para los emprendedores y pymes que las utilizan para el negocio (...) los bancos y los clientes van a tener que acomodarse poco a poco”, aseguró el economista.

Montero prevé que un grupo importante de tarjetahabientes que utilizan este instrumento para consumo se van a quedar sin esa facilidad por los ajustes y cierres que anunciaron los bancos, mientras que para las pymes deberán crearse productos específicos.

Zonas grises

Aunque esta es una zona gris que dejó la reforma a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (7.472), que entró en vigor el pasado 20 de junio, las entidades financieras esperan que la publicación del reglamento aclare los vacíos.

Bernardo Alfaro, jerarca de Sugef, aclaró que la interpretación de esta nueva normativa corresponde al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

“Estamos esperando que el MEIC elabore el reglamento de la ley para tener claridad respecto a esas eventualidades”, zanjó el superintendente, consultado por este medio.

El MEIC informó de que publicará el reglamento en aproximadamente 90 días.

Esta reglamentación incluirá un Índice de Comparabilidad Financiera elaborado de forma conjunta con el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Se trata de un estudio de mercado para obtener información sobre todas las tasas de interés de los créditos.

El MEIC adelantó a La Nación, semanas atrás, que la aplicación de las tasas tope para definir la usura se haría únicamente con los nuevos contratos que se negocien a partir de la entrada en vigor de la ley, es decir, no aplican retroactivamente para los créditos otorgados antes.

Sin embargo, algunos bancos como Scotiabank ya hicieron ajustes en las tasas anuales de sus productos de tarjetas de crédito para sujetarlas a los topes de 37,69% en colones y 30,30% en dólares, mientras se publica el reglamento.

BAC Credomatic, uno de los emisores de tarjetas de crédito más grandes del país, indicó que cerrarán 187.426 plásticos a 79.789 clientes porque se trata de operaciones deficitarias para la compañía.

El impacto por la nueva ley de tasas de usura, según BAC, también implicará el despido de 373 personas y el cierre de 11 puntos de servicio.

Promerica evalúa a cerca de 30.000 clientes que no se ajustan, en términos de riesgo y precio, a las condiciones de la nueva regulación sobre las tasas de interés. Mientras que Scotiabank anunció el cierre de las tarjetas de crédito a 20.000 clientes para cumplir con los topes.

Arturo Giacomin, presidente de Davivienda Costa Rica, dijo en un comunicado, este martes 7 de julio, que la entidad hará ajustes en su oferta de crédito con base en las nuevas tasas tope. El banco no recortará su planilla y tampoco ofreció datos sobre cuántos clientes se verán afectados con los cambios.