Banca

Proyecto obligaría a entidades financieras a cubrir hasta 50% de presupuesto de las superintendencias

Actualmente los bancos, puestos de bolsa, operadoras de pensiones, entre otras, financian hasta el 20% del presupuesto de la Sugef, Sugeval y Supén, solo en Sugese el 100% corre por cuenta del Banco Central

El Gobierno propuso aumentar, en forma gradual, hasta 50% el porcentaje de contribución que las entidades financieras aportan al presupuesto de las entidades supervisoras, en un proyecto de ley en el cual reforma varias leyes financieras.

Se trata del texto N.° 21.293 , el cual se presentó junto con el el plan N.° 21.292 donde se propone autorizar a bancos extranjeros la apertura de sucursales propias en suelo costarricense. Ambas iniciativas se convocaron a sesiones extraordinarias.

Actualmente, los supervisados aportan el 20% del presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la General de Valores (Sugeval) y la de Pensiones (Supén). En el caso de la Superintenencia General de Seguros (Sugese), el Banco Central es quien financia todo su plan de gasto.

De acuerdo con la iniciativa, para lograr un ajuste gradual primero los supervisados por la Sugese alcanzarían el 20% con el que hoy contribuyen el resto en un periodo de dos años y luego, en tres años, todos continuarían hasta el 50%.

El proyecto señala dos razones para este aumento. La primera es la búsqueda de una mayor equidad en el financiamiento de las actividades de supervisión y regulación, pues los beneficios de la estabilidad financiera que resultan de esas actividades recaen, en primer lugar, sobre las entidades supervisadas, argumenta el Gobierno en el texto.

En segundo lugar, añade el Ejecutivo, la necesidad de reducir las pérdidas del Banco Central, pues el financiamiento del gasto de los órganos de desconcentración máxima no cubierto por los supervisados, representa alrededor del 23% de esas pérdidas.

Los planes están firmados por el viceministro de Hacienda, encargado de ingresos, Nogui Acosta, y el presidente de la República, Carlos Alvarado. Se intentó, este 11 de marzo, conversar con Acosta, pero al cierre de esta información no había atendido consultas.

En el 2017, el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto del entonces diputado Ottón Solís para fusionar las cuatro superintendencias en una sola, con el fin de ahorrar recursos, pero no prosperó.

Otros temas

El plan propone, también, romper el secreto bancario, definido como la imposibilidad de obtener información de terceros no regulados, y la imposibilidad de compartir información confidencial con homólogos extranjeros.

“Actualmente Costa Rica forma parte de la lista (Watch List) en la que aparecen los países que no han logrado cumplir, y que por lo tanto no tienen acceso a las relaciones de cooperación e intercambio de información que tienen los signatarios”, explican los proponentes en la exposición de motivos.

Por ello se plantea fortalecer las funciones supervisoras de la Sugeval mediante el intercambio de información con homólogos extranjeros y que tenga acceso a los beneficiarios finales de las inversiones por medio del Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta.

“Con esta medida podría revisarse la información de los beneficiarios finales de las inversiones con cuentas de valores en custodia, hasta llegar al nivel de la persona física con un porcentaje de participación significativo (porcentaje que sería definido mediante reglamento emitido por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero)”, señala la exposición de motivos.

En el país el tema de romper el secreto bancario se ha propuesto por la vía del acceso a la información por parte de la Dirección General de Tributación.

Otras propuestas de la iniciativa son: fortalecer la normativa contable y el marco sancionatorio que aplica la Sugeval y que las superintendencias, Conassif y Banco Central asuman, por medio de sus respectivas asesorías jurídicas, la defensa judicial de los funcionarios cubiertos por la normativa cuando sean demandados personalmente por terceros por actuaciones propias del ejercicio de su deber.

En la exposición de motivos del proyecto el Poder Ejecutivo justifica que la propuesta se basa en las recomendaciones que han realizado el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Costa Rica comenzó su proceso de incorporación al OCDE en el 2013 y, a la fecha, ha sido admitida en 12 de 22 comités técnicos de esa Organización. Cuando esté en todos los comités, el Poder Legislativo podrá aprobar el protocolo de adhesión formal.

La OCDE también ha planteado el tema de un seguro de depósitos para el sector privado; sin embargo, esta materia no se menciona entre las reformas financieras.

Primeras reacciones

La Nación consultó sobre ambos planes a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y a la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica.

María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la ABC respondió que el texto lo ha manejado el Banco Central y lo último que conocieron es que le habían incorporado las recomendaciones realizadas por el FMI, pero la ABC no ha tenido acceso al documento.

Anabelle Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos, comentó que de lo informado por las autoridades de Gobierno, consideran que los cambios propuestos se enmarcan en los estándares internacionales sobre las materias que plantean, por lo que resultan positivos para el desarrollo del sistema financiero.

“En tal sentido, estaremos revisando los detalles y los plazos que se establecen para avanzar hacia esos estándares, de manera que sean razonables y suficientes para los operadores bancarios y financieros locales”, señaló Ortega.

Colaboró el periodista Juan Fernando Lara

Patricia Leitón

Patricia Leitón

Periodista en la sección de Economía. Economista y periodista graduada por la Universidad de Costa Rica. Ganó el premio “Redactor del año” de La Nación (2001) y Premio Academia de Centroamérica del Periodismo Profesional en el Área Económica" (2004).

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