Un grupo de trabajadores del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) le exigieron al Gobierno definir el futuro de la planilla de 694 personas.
Representantes de la Unión de Empleados de Bancrédito (Uneca) se concentraron este martes frente a las oficinas centrales de la entidad en Cartago. Allí presentaron un documento de peticiones para el Poder Ejecutivo y la Junta Directiva de la institución.
Julio Baltodano, secretario general de Uneca, explicó que solicitaron la creación de una mesa tripartita de diálogo para que se vean las peticiones sobre pago de cesantía, devolución del ahorro de la pensión complementaria y traslado a otras instituciones públicas.
En el órgano para discutir las demandas habría representantes del Ministerio de Trabajo, el Banco y los empleados.
Baltodano argumentó que las peticiones deben integrarse en el proyecto de ley de transformación de Bancrédito o en un decreto ejecutivo.
"Queremos que se discutan los puntos del documento y que haya claridad para los trabajadores. Creo que hay mucha improvisación y no nos informan nada a los trabajadores", aseguró Baltodano.
El documento se envió a Mariano Segura, comisionado del Consejo Presidencial Económico del Gobierno y a Ronald Rojas, presidente de la Junta Directiva de Bancrédito.
El Consejo de Gobierno decidió, el pasado 25 de mayo, sacar a Bancrédito de la intermediación financiera y que sea un banco de fomento y desarrollo.
Gerardo Porras, reconoció este lunes que aún no saben cuántos empleados quedarán en la institución una vez que sea transformada, pero sí que se reducirá en un 90% frente a la operación comercial actual.
"La Administración está concentrada en la elaboración de un estudio interno mediante el cual será posible definir, a partir del nuevo modelo de negocio, cuántos puestos son necesarios y con qué perfil, y así determinar la cantidad de colaboradores que podrán permanecer en la institución", afirmó Porras a La Nación.
Solicitudes.
Entre las peticiones de los trabajadores está que se pague el auxilio de cesantía para los funcionarios despedidos, por el total de años laborados en la institución, en vez del tope de ocho años establecido en el Código de Trabajo.
El documento fundamenta la petición con base en el artículo 37 del Estatuto del Servicio Civil que permite tal beneficio.
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"Esta norma de ley ya en una ocasión se aplicó en el Banco y recientemente fue aplicada en el Banco de Costa Rica, sin que en ninguno de estos casos haya existido cuestionamiento", argumenta la petición.
Otra de las solicitudes es la devolución íntegra de las sumas acumuladas en el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Empleados de Bancrédito y la posibilidad de traslado a otra institución pública; pero sin devolver la cesantía.
Asimismo, que a los trabajadores que tengan un crédito con el banco se les mantengan las condiciones de tasa de interés y plazo y un periodo de gracia de un año –sobre intereses y principal– para quien no encuentre empleo.