Banca

Directivos del Banco Nacional intentan parar proceso en su contra

Directores critican pesquisa de Consejo de Gobierno y de la Procuraduría de Ética

Cuatro directivos del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) intentan paralizar una investigación en su contra, dirigida por el Gobierno, por querer acaparar las juntas directivas de las subsidiarias de la entidad bancaria.

Los directores Ana Isabel Solano Brenes, Jorge L. Méndez Zamora, Luis E. Pal Hegedus y Víctor Hugo Carranza Salazar cuestionaron, ante la Sala Constitucional, que el procedimiento administrativo iniciado por el Consejo de Gobierno lesiona sus derechos fundamentales.

Además resaltan que la pesquisa podría acarrear sanciones administrativas que incluyen la separación del cargo como directores del Nacional, según se detalla en la resolución de la Sala IV que dio curso al recurso de amparo el 21 de noviembre del año pasado.

En su argumentación los directores aseguran que el Consejo de Gobierno comenzó dos procedimientos administrativos en su contra apoyados en un “juicio mediático”.

El primer proceso se inició el 1. ° de marzo del 2016 . Mientras que el segundo fue el 6 de setiembre, del mismo año, luego de que la Procuraduría de la Ética presentara un informe sobre su actuación.

Pese a las investigaciones del Poder Ejecutivo, Solano, Méndez, Pal y Carranza defendieron la autodesignación en las directivas de BN Valores, BN Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y BN Sociedad Corredora de Seguros.

Además catalogaron los nombramientos de “usuales en el Sistema Bancario Nacional”.

Según los directores, los nombramientos dieron lugar a una “serie de notas y críticas por parte de la prensa nacional, con poco análisis técnico legal financiero y de las razones que justificaron el mayor control de las empresas subsidiarias”.

Los magistrados de la Sala IV no suspendieron el proceso iniciado contra los directivos por el Órgano Director de Procedimiento Administrativo, por lo cual continúa la investigación del Poder Ejecutivo.

El Gobierno hizo, el 24 de octubre del 2016, un traslado de cargos a los directivos y los convocó a comparecencias orales y privadas.

En enero del año pasado, los cuatro directivos que acudieron a la Sala IV aprobaron modificar la composición de las juntas de las sociedades anónimas del Nacional, pero renunciaron a los cargos dos meses después.

Si la decisión se hubiera ratificado cada uno iba a recibir ¢202.800 por acudir a la sesión de junta de las subsidiarias. A la vez que significaba una reasignación de 15 puestos en las sociedades anónimas del banco.

Los directores Jeannette Ruiz Delgado, Xinia Herrera Durán y Víctor Ramírez Zamora no participaron en la presentación del recurso de amparo contra el Consejo de Gobierno.

En lo interno de la Junta Directiva del Banco se ha incrementado la división entre sus directores.

Crítica. Los directivos del BNCR cuestionaron el procedimiento establecido por el Consejo de Gobierno, pues solicitó un informe global de su actuación a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Para ellos, la Sugef debía entregar un documento individual de cada director, lo cual, estiman, lesiona sus derechos.

Los magistrados pidieron, en diciembre anterior, al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, presentar su descargo.

El 11 de enero de este año los altos jueces también requirieron a la Sugef remitir su posición. La Sala IV aún no ha dictado su fallo.

Puestos en riesgo. Los directores Solano, Méndez, Pal y Carranza reconocieron, ante el tribunal constitucional que la investigación implicaría posibles sanciones administrativas las cuales podrían incluso generar su separación del cargo como directivos bancarios de la institución autónoma.

Asimismo, criticaron que la investigación del Gobierno se fundamenta en una presunta violación al artículo 32 del Código de Gobierno Corporativo del Nacional.

El Código, ratificado por la actual Junta Directiva, dispone que en las sociedades anónimas solo puede haber dos directivos de la entidad bancaria.

“El documento interno (...) no es una norma de rango legal o reglamentario, de modo que no forma parte de las fuentes de derecho que describe la Ley General de la Administración Pública”, según los directores.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Periodista de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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