Por: Óscar Rodríguez.   23 julio
Si el deterioro financiero se mantiene en Bancrédito, Hacienda perdería el equivalente a 0,4% del PIB invertidos en el banco público. Foto: Alonso Tenorio.

El Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) consumió la mitad de su patrimonio, en un plazo de seis meses, por las pérdidas generadas por las medidas que tomó para cubrirse de créditos malos.

A junio anterior, el patrimonio de la institución ascendió a ¢31.429 millones, frente a los ¢68.130 millones registrados en diciembre pasado, según la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

El fuerte deterioro financiero se debe a que, entre el 2017 y el primer semestre de este año, la institución pública registró pérdidas por ¢36.513 millones.

El 72% de dicho monto, es decir ¢26.345 millones, surgió debido a las provisiones que tuvo que hacer la entidad para protegerse del impago de créditos de sus clientes.

El restante 28% lo provocó la creación de una reserva, por ¢10.168 millones, para el pago de las prestaciones legales de los empleados despedidos.

Marco Hernández, interventor de Bancrédito, confirmó que las estimaciones por el deterioro de la cartera de préstamos es el principal problema financiero de la institución.

“Sí hay una afectación importante del deterioro de los activos (préstamos), eso es lo fundamental. Lo que va quedando son los activos más difíciles de recuperación y son los que más se deterioran”, afirmó Hernández.

El Interventor dijo que si se mantiene el deterioro, el Estado costarricense podría perder su capital en Bancrédito.

El impacto en fondos públicos, de continuar la pérdida, sería equivalente al 0,4% del producto interno bruto (PIB) debido a los recursos invertidos por el Ministerio de Hacienda en el Banco, enfatizó Hernández.

Actualmente, en el Congreso hay un proyecto de ley para que el Banco de Costa Rica (BCR) absorba la entidad cartaginesa, pero su avance es nulo.

El Banco fue intervenido, el 22 de diciembre del año pasado, luego de que cayera en cesación de pagos con Hacienda, al cual le adeuda ¢133.000 millones; pero carece de liquidez para pagar.

Bancrédito es una entidad pública con garantía estatal. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) pidió al Gobierno, en marzo pasado, hacer efectivo el respaldo público para que la institución pudiera cancelar sus deudas. Sin embargo, dicha garantía no se hizo efectiva.

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Deterioro crediticio

Bancrédito inició, desde julio del 2017, un proceso de venta de su cartera de crédito, tras la decisión del Consejo de Gobierno de cerrar la intermediación financiera de la institución.

A junio anterior, el saldo de crédito de la institución ascendió a ¢139.744 millones, frente a los ¢160.582 millones que tenía cuando comenzó la intervención de la institución.

La baja ocurrió porque se lograron recuperar ¢20.838 millones que estaban en mora: ¢15.571 millones en efectivo y ¢5.267 millones por la liquidación de bienes en garantía.

Pese a esta recuperación, la información reportada por la institución a Sugef muestra un empeoramiento en la cartera de crédito.

Por ejemplo, las operaciones con una morosidad de más de 90 días pasaron de representar el 3%, en enero anterior, al 28% en junio.

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Hernández explicó que los créditos en este estado adquieren una condicíon de mayor riesgo de pago, por lo tanto las provisiones por estos préstamos son mayores.

Precisamente, eso fue lo que ocurrió entre mayo y junio cuando las estimaciones por créditos malos se duplicaron, al pasar de ¢4.230 millones a ¢8.248 millones.

“Algunos deudores relevantes de la cartera crediticia se deterioraron, lo que obligó a recalificarlos a categorías de mayor riesgo con el consecuente incremento en estimaciones”, detalló el interventor.

El resultado de la desmejora fue que la institución reportó, al primer semestre del año, una pérdida de ¢8.962 millones, según la información publicada en Sugef.

Durante el primer semestre, los interventores de Bancrédito realizaron un reajuste en la cartera de cobro judicial de la institución, pues erróneamente la institución clasificaba operaciones en dicha categoría, cuando lo correcto era que aún estaba en cobro administrativo.

Por esa razón, el saldo de crédito en cobro judicial pasó de representar el 35% del total de la cartera, en los primeros tres meses del año, al 9,7% en junio anterior.

Los clientes al día en el pago de su crédito se mantuvieron en un rango de entre el 40% y el 35% del saldo del crédito de la entidad estatal.

Durante los primeros seis meses de la intervención del banco cartaginés se recuperaron ¢20.838 millones de créditos altamente riesgosos.

Un total de ¢15.571 millones fueron recuperados en efectivo y ¢5.267 millones de bienes adjudicados en garantía.

Procuradoría avala uso de garantía estatal sin condiciones
El Gobierno de Luis Guillermo Solís no hizo efectivo el respaldo estatal a Bancrédito cuando lo solicitó el Conassif en marzo anterior. En la imagen, Helio Fallas, entonces jerarca de Hacienda; y Sergio Alfaro, de Presidencia, durante una comparencia en el Congreso sobre el banco cartaginés. Foto: Mayela López.

La Procuraduría General de la Repúbica (PGR) confirmó, en abril anterior, que el Gobierno está obligado a hacer efectiva la garantía estatal cuando un banco de su propiedad entra en crisis.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) pidió, el 23 de marzo anterior, al Poder Ejecutivo hacer efectiva dicha garantía en el caso del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).

El respaldo se pidió para que la entidad pudiera cancelarle al Ministerio de Hacienda los ¢128.000 millones invertidos durante el 2017. Hoy, el impago asciende a ¢133.000 millones debido a los intereses morosos.

Sin embargo, la garantía no se ha hecho efectiva hasta el momento.

La Nación consultó a Casa Presidencial y al Ministerio de Hacienda, el pasado 18 de julio, si el Poder Ejecutivo incumple la ley al no dar el respaldo a Bancrédito.

Ninguna de las dos entidades respondieron al cierre de esta información.

La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional es la que dicta el respaldo estatal para los bancos propiedad del Gobierno, es decir Bancrédito, el Banco Nacional y el Banco de Costa Rica (BCR).

“La situación de crisis que justifica la ejecución de la garantía obliga a una respuesta urgente y oportuna, por lo que esa ejecución no puede estar subordinada a un proceso de liquidación”, argumentó la Procuraduría en su informe C-057-2018, el cual es vinculante y de acatamiento obligatorio.

Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia en la administración de Luis Guillermo Solís, consultó a la Procuraduría si en un proceso de intervención de un banco público, pueden usarse mecanismos distintos a la garantía estatal.

La PGR fue clara en su informe, del 3 de abril, en el sentido de que condicionar la garantía a un proceso de liquidación es “susceptible de afectar la protección y confianza que se derivan de la garantía estatal”.

Tras la respuesta, Luis Carlos Delgado, presidente del Conassif, y Rocío Aguilar, jerarca de Sugef en ese momento y hoy ministra de Hacienda, se reunieron en Casa Presidencial con personeros de Gobierno, el 6 de abril.

Marco Hernández, interventor de Bancrédito, confirmó que ese día el Poder Ejecutivo acogió la propuesta de que el Banco de Costa Rica (BCR) absorba a la entidad cartaginesa, en vez de hacer efectivo el respaldo estatal.

Entrevista Marco Hernández, interventor de Bancrédito: ‘Estado puede perder su capital’

Marco Herández, interventor de Bancrédito, afirmó que es urgente la aprobación de la ley para que el BCR absorba la entidad cartaginesa, de lo contrario, el Estado costarricense perderá el dinero invertido allí y su capital.

Marco Hernández, interventor de Bancrédito. Foto: Melissa Fernández.

- El resultado del Banco muestra una pérdida de ¢8.962 millones a junio. ¿Cuáles son las razones?

- La pérdida obtenida en junio del 2018 se debió, precisamente, a que algunos deudores relevantes de la cartera crediticia de Bancrédito se deterioraron, lo que obligó a recalificarlos a categorías de mayor riesgo con el consecuente incremento en estimaciones.

“Por la pérdida registrada en junio del 2018, el patrimonio de Bancrédito se redujo a ¢31.429 millones a junio del 2018”.

- Si se mantiene la tendencia actual, ¿puede darse un escenario en que las pérdidas de la institución consuman su patrimonio?

- La tendencia es que el patrimonio de Bancrédito se vaya deteriorando gradualmente por el menoscabo que sufren sus activos, lo cual se produce por ser una entidad inviable financieramente e insostenible en lo operativo.

“Asimismo, inciden negativamente en ese patrimonio los costos que se asumen por mantener a un ente en esas condiciones.

“Por ello, es urgente que los diputados que actualmente integran la Asamblea Legislativa puedan tramitar y aprobar, con la mayor prontitud posible, el proyecto de ley que propone una fusión por absorción con el BCR, con lo cual se rescataría el patrimonio que queda de Bancrédito”.

- ¿Cuál es el riesgo para el Estado si se mantiene la pérdida del patrimonio?

- La gestión de la Interventoría (...) es la finalidad de que el Estado no se vea impactado en sus finanzas en forma significativa, no solamente por lo que podría representar perder el patrimonio de Bancrédito y contabilizar un déficit por pérdidas adicionales, sino por la no recuperación de sus inversiones en esa entidad, que equivalen aproximadamente al 0,4% del PIB.

- En abril pasado, la Procuraduría determinó que la garantía estatal debe aplicarse con el solo hecho de que haya iliquidez o insolvencia.

- El Gobierno de la República, conociendo el oficio sobre la inviabilidad financiera de Bancrédito, decidió acoger la recomendación de fusionar Bancrédito con uno de los dos restantes bancos comerciales del Estado, tomar como base el proyecto propuesto por la Sugef y aprovechar el manifiesto interés del BCR de absorber a Bancrédito.

- ¿Cuándo ocurrió esa decisión?

- La decisión se gestó en una reunión celebrada el 6 de abril del 2018 en casa Presidencial, en la que estuvieron convocados el Luis Carlos Delgado Murillo y Rocío Aguilar Montoya, presidente del Conassif y superintendenta general de la Sugef en ese momento.