El Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) estima que en un plazo de dos a tres meses la mora de la cartera de crédito volverá al nivel de normalidad.
El indicador de morosidad, de los préstamos en impago a más de 90 días y en cobro judicial, cerró en 4,18% en mayo anterior, cuando el límite máximo considerado como prudente es del 3%.
La entidad estatal reconoció que el préstamo de un cliente corporativo –no detalló cuál– provocó un aumento importante en la mora legal, explicó este martes 19 de junio mediante la Dirección de Relaciones Institucionales.
"La recuperación se estima en los próximos dos o tres meses", respondió la institución por correo electrónico a una consulta enviada por La Nación.
También influyó –indica el BNCR– el poco crecimiento del crédito, frente a diciembre del 2017, lo cual afectó los indicadores de calidad de la cartera.
"La situación económica del país y el poco crecimiento de las principales actividades, han provocado problemas de capacidad de pago a nuestros clientes físicos y jurídicos, aspecto que lo resiente todo el sistema", detalló la entidad.
El indicador de morosidad mide la proporción del saldo de la cartera de crédito directo que se encuentra en impago a más de 90 días y en cobro judicial.
La mora es parte de un grupo de 15 indicadores de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) que miden la salud financiera de un banco y sirven de referencia para ordenar correcciones.
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El Banco Nacional detalló que el incremento en el impago de las operaciones de crédito de clientes también elevó las provisiones por el deterioro de la cartera de préstamos.
"En concreto, la situación se debe a que hay bajo crecimiento económico que provoca un deterioro de la cartera en todas las actividades y exige, a su vez, mayor generación de estimaciones", explicó la institución pública.
Las provisiones del BNCR ascendieron a ¢32.232 millones entre enero y mayo de este año, casi cinco veces más comparado con el mismo periodo del 2017, cuando fueron ¢6.756 millones.
El fuerte incremento de las provisiones coincide con los problemas generados por el financiamiento para la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo, en Turrubares, desarrollado por la empresa Hidrotárcoles.