Óscar Rodríguez. 28 abril
Los cambios aprobados por el Conassif permitirán a las entidades financieras negociar la ampliación de un crédito con los deudores que sean afectados por las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria. Foto: Diana Méndez.
Los cambios aprobados por el Conassif permitirán a las entidades financieras negociar la ampliación de un crédito con los deudores que sean afectados por las consecuencias económicas de la pandemia sanitaria. Foto: Diana Méndez.

Las entidades financieras obtuvieron luz verde para renegociar la ampliación de plazo de un crédito y, de esta forma, reducir la cuota mensual de la deuda para los clientes más afectados por la crisis del coronavirus.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) acordó, por un periodo de un año, flexibilizar la regulación crediticia y permitir a los bancos, cooperativas, mutuales y financieras alargar el periodo de pago de un préstamo sin implicar un castigo para la entidad.

“La situación de emergencia sanitaria ha motivado la respuesta de las autoridades financieras, enfocada a posibilitar espacios de negociación entre las entidades y los deudores para gestionar arreglos de pago (…), que en situaciones normales no se acordarían, con el objetivo de asegurar el repago futuro de los fondos prestados”, se explica en el acuerdo publicado en La Gaceta, el pasado 24 de abril.

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Alberto Dent, presidente del Conassif, explicó que el cambio se acordó como una medida adicional para permitir la reestructuración de los préstamos de los clientes con problemas de pago a raíz de la pandemia del covid-19.

“En términos prácticos, el acuerdo significará que un cliente llegue al banco, pida una prórroga en el pago por cinco meses y pida alargar el plazo del crédito de cinco años a nueve. Entonces el banco tiene la autorización del Conassif para hacer la reestructuración sin que el cliente pierda la categoría y por un plazo mayor al original sin hacer ninguna provisión”, aseveró Dent.

El jerarca aclaró que la medida es temporal y, a partir de julio del 2021, la flexibilización se acaba; pero sin afectar las readecuaciones pactadas en los próximos 12 meses.

La decisión del Conassif implica la suspensión de manera excepcional de disposiciones establecidas en el Reglamento sobre la Suficiencia Patrimonial de Entidades Financieras y el Reglamento para la Calificación de Deudores.

En el 2018, la entidad reguladora estableció una serie de limitaciones a los plazos de créditos otorgados a personas por considerarlos excesivos y riesgosos.

Esto significó que el banco debía aportar capital adicional si un préstamo de consumo o tarjeta de crédito se establecía a más de cincos años, de compra de vehículos a más de siete años o de vivienda por más de 30 años.

El nuevo acuerdo del Consejo pretende facilitar las condiciones crediticias para los deudores y se une a un paquete de medidas tomadas, a mediados de marzo pasado, de otorgar más flexibilización a las entidades para renegociar operaciones con sus clientes.

Los primeros cambios normativos ya posibilitaron a los bancos prorrogar el pago de 2,1 millones de operaciones crediticias de entre dos meses y hasta un año.

En total, hasta el pasado 15 de abril, se realizaron 1,7 millones de prórrogas en el pago mínimo de la tarjeta y casi 400.000 periodos de gracia para préstamos de consumo, vivienda y para compra de automóvil.

Hasta marzo anterior, el saldo del crédito otorgado en el sistema financiero costarricense mostraba una contracción general de 1,3%, según datos del Banco Central de Costa Rica.

Aplicación de la medida

La condición excepcional brindada por el regulador financiero no será de aplicación masiva, como ocurrió en la prórroga del pago de créditos, sino que será una medida de renegociación individual.

Allan Calderón, subgerente de Crédito y Riesgo del Banco Nacional, confirmó que ampliar el plazo de un préstamo genera menos flujo de ingreso a las entidades, pero puede mitigar el incremento de la morosidad y el gasto en estimaciones.

“Alargar el plazo va a permitir reducir la cuota del cliente, permitiéndole ajustar su ingreso disponible y con ello mayor capacidad de pago, en una situación de emergencia en donde sus ingresos se han podido ver reducidos”, recalcó Calderón.

Añadió que cada institución financiera será la encargada de normar la aplicación de la flexibilización dada por el Conassif.

Rossy Durán, subgerenta Financiera del Banco de Costa Rica, explicó que la medida permitirá brindarle más tiempo a los clientes, sin que afecte la suficiencia patrimonial de las entidades.

“No tendría ningún sentido que nos castiguen el patrimonio por ayudar al cliente. Es una directriz que va en línea de ayudar a los clientes”, enfatizó Durán.

Para Adrián Rodríguez, gerente de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, los plazos de los créditos deben ajustarse lo necesario para poder soportar un periodo prolongado de desempleo o pérdida de negocios.

“En el momento actual, lo que se requiere es que tanto el deudor como la entidad financiera concilien las condiciones que beneficien a ambos el corto y mediano plazo”, destacó Rodríguez.

El Banco Popular subrayó, por escrito, que el acuerdo del Conassif permitirá a las instituciones financieras apoyar a sus clientes, pero también favorece a las entidades, pues dará mayor disponibilidad de capital para colocar nuevos créditos o refinanciar operaciones.