102.000 créditos cayeron en morosidad en los últimos dos años

Hasta octubre, 324.700 préstamos tenían atraso en el pago de hasta tres meses, un 46% más frente a las 222.700 operaciones del 2017, según Sugef. Alza del endeudamiento, desempleo y situación económica explican deterioro, afirman banqueros.

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En los últimos dos años, las carteras de créditos de las entidades financieras comenzaron a llenarse de préstamos que se deterioraron y, de estar al día en el pago mensual de la cuota, pasaron a categoría de morosidad.

Hasta octubre pasado, el sistema financiero reportó un total de 324.659 operaciones en las cuales el deudor se atrasó en la cancelación de sus obligaciones en un plazo de entre un día y hasta tres meses.

Al compararlo con el mismo periodo del 2017, hay 101.835 créditos más en mora, pues en ese momento eran 222.824. El incremento es de un 46%.

Así se detalla en la información brindada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), a solicitud de La Nación, que incluye la totalidad de operaciones y deudores (empresas y personas) bajo la fiscalización de la institución pública.

La información se desglosa por tipo de entidad desde la banca pública, bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, financieras y mutuales. Así como el saldo total prestado.

Para banqueros y dirigentes de organizaciones financieras el deterioro reportado en la cartera de crédito se asocia a los problemas de alto endeudamiento de los clientes, el aumento del desempleo y la desaceleración de la economía costarricense.

Gustavo Vargas, presidente de la Cámara de Bancos, asegura que una de las causas del incremento se vincula con el aumento del nivel de endeudamiento de las personas y las empresas.

”La situación económica que ha experimentado el país en los últimos años (poco crecimiento de la actividad económica, aumento del desempleo, nuevas leyes tributarias) ha impactado la capacidad de repago de deudores en sus obligaciones”, destacó Vargas, quien es gerente general del Banco Nacional.

Para María Isabel Cortés, directora ejecutiva de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), el estancamiento de los salarios y la reducción de los ingresos de las personas influye en el comportamiento actual del crédito.

La caída de más operaciones en morosidad incrementó el saldo de recursos en dicha situación. A octubre anterior, ¢1,47 billones estaban con atrasos hasta 90 días, mientras que, para el 2017, el monto era de ¢1,18 billones. Esto significa un incremento del 24%, según demuestran los datos de Sugef.

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Retroceso crediticio

Los dificultades enfrentadas por los clientes para cumplir con sus obligaciones generó que los préstamos al día en el pago perdieran terreno frente a los que se deterioraron.

En octubre del 2017, las operaciones sin ningún tipo de problemas representaba el 95,3% del total de 6 millones de operaciones, mientras los que cayeron en mora eran el 3,6%.

Sin embargo, para este año, el 93,4% de los 5,9 millones de préstamos otorgados en el país tenían la mejor calificación de pago y los que presentaban atrasos, hasta 90 días, eran el 5,4%.

Las operaciones en mora a más de 90 días y cobro judicial, es decir las peor calificadas y de difícil recuperación, se mantuvieron prácticamente en el mismo porcentaje, entre el 2017 y el 2019, del 1,1% del total de préstamos.

Esta situación ocurre porque las entidades financieras venden o pasan por pérdidas los préstamos peor calificados para cumplir con la normativa regulatoria de la Sugef, destacó Carlos Fernández, exgerente del Banco de Costa Rica (BCR).

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Desglose por moneda y sector

Los datos brindados por la Sugef muestran que los problemas de deterioro crediticio se concentran en las operaciones en colones.

A octubre pasado, había 286.526 operaciones en moneda nacional en categoría de morosidad entre un día y tres meses, pero en el 2017 eran 200.074. Es decir hubo un deterioro en el pago de 86.452 operaciones.

Esta alza generó que los préstamos pasaran de representar el 5,1%, del total de operaciones en esta moneda hace dos años atrás (3,9 millones), al 8,6% en el 2019 del total de 3,3 millones, muestran los datos de la Superintendencia.

Vargas recalcó que buena parte de la desmejora fue en préstamos de consumo y vivienda.

“Durante este año, el incremento en la mora fue en operaciones de crédito más pequeños, mientras que en otros años fue de préstamos más grandes”, destacó el jerarca.

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En el caso de los préstamos en dólares en mora, estos se mantuvieron en una cifra muy similar como porcentaje del total de operaciones en esta moneda.

Hasta octubre pasado fueron 38.133 las que cayeron en mora de hasta 90 días, lo cual significó 1,5% de las más de 2,6 millones de operaciones. En tanto, en el 2017 fueron 22.750 de 2,1 millones, es decir 1,1%.

Por tipo de entidad financiera, el aumento más relevante fue en la banca privada y las financieras.

En el primer grupo, conformado por 11 bancos, los préstamos en mora de hasta tres meses eran 132.913 a octubre anterior, es decir 46.452 más frente a las 86.461, al mismo periodo del 2017. Los datos incluyen tanto créditos en colones como dólares.

Como porcentaje del total de préstamos del sector, pasaron de representar el 2,1%, en el 2017, al 3,5% durante este año.

En el caso de las financieras, sí hubo un salto más relevante en la cantidad de operaciones que empeoraron su estado.

Hasta octubre de este año, eran 63.682, es decir 41.458 operaciones más comparado con las 22.224 reportadas en el 2017.

En la banca pública, las operaciones con atraso hasta de 90 días fueron 79.095 a octubre pasado. Mientras que, en el 2017, ascendieron a 68.918 créditos.

Las mutuales y las cooperativas se mantuvieron prácticamente al mismo nivel durante los últimos tres años.

El primer grupo reporto 14.942 créditos, hasta octubre pasado, y en las cooperativas fueron 34.027.

Llamadas y deterioro del récord crediticio son parte del costo de atrasar pagos

No pagar la cuota del crédito tiene diferentes consecuencias para el deudor, sea este una persona o una empresa.

Cuando el atraso es de unos días o un mes, las entidades financieras primero efectúan llamadas al cliente para recordar la necesidad de efectuar el pago. Pero en el momento que ese empiezan a acumular las cuotas pendientes la situación empieza a complicarse.

“Normalmente después de cinco días empiezan a cargarse comisiones de administración por morosidad y comisiones administrativa por cobro. Así que no solo es la cuota de principal e intereses”, explicó Carlos Fernández, exgerente general del Banco de Costa Rica (BCR).

Fernández recalcó que el problema con las entidades bancarias es la falta de propuestas de arreglos de pago, pues solo realizan proceso de liquidar garantías o enviar el crédito a cobro judicial.

“Hay bancos que con uno o dos atrasos en la cuota, pasan al cliente a cobro judicial, con advertencias de cobro bien duras para el cliente. En la banca pública todavía visita al cliente y trata de buscar la forma de hacer un arreglo, pero normalmente es más lento”, destacó el exbanquero.

Otra de las medidas es el embargo del salario para las personas, y contra las empresas es intentar el cobro rápido con el uso de las garantías dadas en la operación.

Gustavo Vargas, gerente del Banco Nacional y presidente de la Cámara de Bancos, explicó que el atraso del pago afecta el puntaje o récord crediticio del cliente ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

La Sugef administra el Centro de Información Crediticia (CIC) en el cual todas las entidades financieras supervisadas registran los créditos y el historial de pago de cada uno de sus clientes.

“Puede ver limitada su capacidad de endeudamiento en el corto y mediano plazo. A nivel de las instituciones financieras, se activan protocolos de gestión y atención de esos clientes para cobrar y ofrecer opciones de arreglo entre lo que se encuentra normado”, recalcó Vargas.

El jerarca explicó que, por la normativa crediticia, cuando se degrada la calificación de un deudor en una entidad financiera, el resto de bancos también deben modificar la nota de la persona o la empresa.

En el caso de la entidad financiera, cuando los préstamos de sus clientes empiezan a deteriorarse está obligada a efectuar una provisión, contra sus ganancias, para respaldar el crédito en caso de impago.

La institución también puede hacer uso de mitigadores dados por clientes, es decir hipotecas, inmuebles u otras garantías presentadas por el deudor en el contrato de crédito.