Solo un 2% de 2.500 empresas agrícolas completaron el registro obligatorio ante la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para legalizar a sus empleados extranjeros.
Mañana vencerá el plazo extraordinario habilitado y únicamente 55 firmas hicieron el trámite total. Otras 29 aún no han cumplido con todas las etapas del proceso de registro.
En el 2012, Migración inició la regularización de empleados extranjeros en sectores como el de la construcción, trabajo doméstico y agro, y otorgó facilidades para su registro.
No obstante, las empresas agrícolas no participaron como se esperaba, por lo que se amplió el plazo.
Minoría en regla. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) calculó en agosto del año pasado que 2.500 empresas debían inscribirse en Migración.
En esas compañías laboran 100.000 empleados migrantes, informó Gladys Jiménez, directora a. i. de Migración, con base en datos del MAG.
Jiménez estimó que el registro concluirá con la inscripción de 22.000 empleados, menos de una cuarta parte del total.
Lo positivo, destacó, es que las empresas más grandes sí se inscribieron, y ahora tendrán tiempo hasta el 31 de diciembre para registrar a sus empleados.
Sanciones. A partir del 1.° de febrero, las empresas no inscritas se exponen a multas que van de 2 a 12 salarios base; es decir, entre ¢403.400 y ¢4.840.800.
El monto de la sanción irá acorde con la gravedad de la violación a la normativa.
Migración interpreta que el decreto no contempla la inscripción de empresas después del 31 de enero.
Por esto, si una firma desea regularizar a sus trabajadores solo le quedan como alternativas solicitar su registro en alguna de las categorías disponibles para tal fin, o bien, motivar a cada uno de sus empleados para que se regularicen en forma individual.
Causas. Sobre las causas de la escasa respuesta, Jiménez citó el desconocimiento del proceso y resistencia a dar información empresarial “sensible”.
Se solicitó el criterio del Ministerio de Agricultura al respecto, pero no hubo respuesta antes del cierre de edición.
Por su parte, la Cámara de Agricultura remitió a este medio una carta que envió su presidente, Juan Rafael Lizano, a los ministerios de Gobernación, Trabajo y Agricultura, en la cual alega que las empresas carecieron de información, lo cual impidió el registro.
En la misiva, con fecha del 28 de enero, la Cámara pidió una prórroga de tres meses al Gobierno para cumplir con el correspondiente registro.