Marvin Barquero. 27 agosto
En febrero del 2013, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) estimó que el 64% de los cafetales del país estaba afectado por el hongo de la roya. En algunas zonas el problema fue muy severo y las plantaciones prácticamente quedaron destruidas. Foto: Archivo
En febrero del 2013, el Instituto del Café de Costa Rica (Icafé) estimó que el 64% de los cafetales del país estaba afectado por el hongo de la roya. En algunas zonas el problema fue muy severo y las plantaciones prácticamente quedaron destruidas. Foto: Archivo

Un 27% de la cartera total del Fideicomiso de Apoyo a los Cafetaleros Afectados por la Roya está con morosidad o atrasos de pago, reconoció ante una consulta el Banco de Costa Rica (BCR), entidad que administra ese fondo, creado en el 2013 con recursos estatales, para otorgar préstamos blandos ante la emergencia por el ataque de ese hongo.

Sin embargo, en este momento no se tienen casos en proceso de cobro judicial, explicó Roy Benamburg, gerente de Fideicomisos del BCR.

“El Comité Director del Fideicomiso sí solicitó enviar a 17 productores a cobro judicial; sin embargo, el fiduciario (el BCR) recomendó primeramente hacer la gestión de cobro administrativo, debido a que el monto de recuperación era menor a los gastos en los que podría incurrir el fideicomiso en gastos legales”, detalló el ejecutivo bancario.

Mientras tanto, la recuperación de cartera de ese fideicomiso alcanzó solo el 46,6% en el lapso 2014-2018, por lo cual el 53,39% no se había logrado cobrar en ese periodo, reveló un estudio de la auditoría del Ministerio de Hacienda.

De un total de ¢4.290 millones de cartera por recuperar, solo se cobraron ¢1.999 millones, señaló el informe.

Esas montos se refieren a los créditos que ya estaban en etapa de cobro, pues el fideicomiso también otorgó periodos de gracia a los productores, con el fin de que recuperaran sus plantaciones luego del fuerte ataque de la roya en el país, que se presentó entre finales del 2011 y el 2014.

Además, entre el 2014 y el 2018, se habían pagado en comisiones al BCR, por la administración del fideicomiso, un total de ¢2.209 millones, mientras que la recuperación de créditos era menos en ese mismo periodo, pues alcanzó solo ¢1.999 millones, detalló el informe de auditoría.

Las cifras surgen mientras el BCR prepara el traslado de la totalidad del fideicomiso al Instituto del Café de Costa Rica (Icafé), pues será absorbido por el nuevo Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé), creado mediante ley, en octubre del 2018.

El fideicomiso por la roya se creó mediante una ley, aprobada en segundo debate el 25 de junio del 2013, y firmada por la entonces presidenta de la República, Laura Chinchilla, el 3 de julio del 2013. Una auditoría externa prepara el informe final para trasladar el fondo.

Se financió con un aporte de $40 millones (unos ¢20.000 millones de entonces) procedentes del Presupuesto Nacional, con un aporte único del superávit del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), que alcanzó alrededor de ¢11.000 millones, y con otro aporte único del superávit del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), por unos ¢500 millones.

La administración del fideicomiso fue ganada por el Banco de Costa Rica y se realizó bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). El objetivo fue ayudar a los pequeños productores que sufrieron el ataque del hongo, con créditos a tasas preferenciales para diferentes actividades, como fertilización, podas y renovación de plantaciones. Las tasas se aplicaron según actividad y la más baja fue del 4% anual.

A febrero del 2013, 64% de los cafetales del país estaba afectado con el severo ataque del hongo, según las estimaciones del Icafé.

Los controles para otorgar crédito mediante este fideicomiso se habían cuestionado en un informe de la Contraloría General de la República, emitido el 8 de diciembre del 2016. La entidad criticó las debilidades en los mecanismos y procedimientos de control aplicados al otorgar los préstamos.

Situación especial

La alta morosidad y la poca recuperación de cartera surge de una condición especialmente difícil de los productores de café, consideró Benamburg.

Explicó que existe un contrato entre los intermediarios operativos y el fiduciario (Banco de Costa Rica), donde el productor, al entregar la cosecha del café, se le procedía a realizar la retención respectiva.

Sin embargo, y como ejemplo, detalló que en la zona de Coto Brus (una de las que lograron más créditos), existían 10 intermediarios operativos realizando la labor de cobro, pero durante el plazo de ejecución del fideicomiso solo quedaron dos intermediarios operativos efectuando dicha labor.

Otra de las razones por la que se desmejoró el cobro de los créditos –añadió–, es que se dificultó el pago durante las cosechas, debido a las difíciles circunstancias del sector cafetalero, entre ellas que la cantidad de café vendido para exportación, durante la cosecha 2016-2017, reflejó una disminución respecto al periodo 2014-2015, de 17%.

El fideicomiso de la roya es uno de los que debe ser trasladado en su totalidad al nuevo Fonascafé, cuya ley se aprobó el 29 de octubre del 2018.

El trámite administrativo del traslado de este fideicomiso al Fonascafé, y la situación difícil de los pequeños productores del grano crean una condición muy especial, explicó la directora ejecutiva del Icafé, Xinia Chaves.

La funcionaria explicó que el Icafé, entidad que tiene a cargo la administración del Fonascafé, solicitó la entrega de un informe de auditoría externa de ese fideicomiso, para realizar un traslado en orden y con los números claros. Esa auditoría se está realizando en este momento.

Al completarse en su totalidad el traslado, el Icafé deberá realizar un estudio, caso por caso, de los deudores atrasados y determinar si algunos de ellos requieren más tiempo para pagar, adelantó Chaves.

“Todo se va a cobrar y se va a recuperar, pues los cafetaleros siempre han pagado sus deudas, aunque se va a requerir más tiempo", declaró Chaves.

Justificó esa posición en que se trata de muy pequeños productores, con créditos individuales que van entre ¢1 millón y ¢3 millones en su mayoría, con un tope máximo de ¢7 millones. Ellos, continuó Chaves, no se han logrado recuperar del golpe de la roya y, además, se han visto muy afectados por la baja en la cosecha, ya que las dos últimas han sido las menores de los últimos 40 años.

Dijo que se trata de 17.000 expedientes de créditos, de los cuales se requiere saber cuántos están al día, cuántos con atraso, cuántos pueden pagar y cuáles deberán tener un periodo mayor para honrar la deuda.

Colaboró: el periodista Óscar Rodríguez.