Un 43% de los ¢54.000 millones invertidos por el Gobierno en los territorios rurales de Costa Rica, entre el 2014 y el 2017, se dedicó al área de infraestructura, mientras que otro 22% se usó en “proyectos articulados”, es decir, realizados en coordinación con otras instituciones, según un informe solicitado al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), entidad encargada por ley de concretar ese nuevo sistema de desarrollo en el país.

Según esa cifras, en esos cuatro años se emplearon ¢21.914 millones en obras de infraestructura, ¢11.062 millones en “proyectos articulados”, ¢9.737 millones en adquisición de tierras, ¢5.942 millones para el fomento a la producción y ¢1.772 millones a créditos.

Entre las obras de infraestructura que mencionó la entidad se encuentran puentes, caminos, centros de valor agregado (pequeñas plantas industriales), escuelas, acueductos y centros de salud.

Las inversiones en esos territorios (29 en total, con el de Moravia-Goicoechea-Coronado, que se agregó este 9 de octubre) subieron de un total de ¢6.272 millones en el 2014, a un total de ¢15.255 millones, en el 2017. El Inder indicó que para este 2018 se presupuestaron ¢21.683 millones para invertir en esos territorios, aunque todavía no se sabe ni cuánto se ejecutó ni en cuales áreas.

La ley 9.036, de creación del Instituto de Desarrollo Rural, ordenó a esta entidad crear en Costa Rica ese tipo de territorios, los cuales reúnen cantones o incluso distritos por afinidad económica, intercambio económico y cultural tradicional y por características geográficas, todo esto aparte de la división del país por regiones.

Esa legislación que transformó al anterior Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el Inder se publicó en La Gaceta el 29 de mayo del 2012.

La composición de los territorios rurales se terminó el 28 de julio del 2016, con un total de 28, pero habitantes de Moravia-Coronado-Goicoechea solicitaron el suyo, cumplieron con los requisitos y se debió agregar este mes de octubre.

A partir del cambio en el concepto, con un énfasis en la territorialidad –modelo aplicado en países desarrollados– arreciaron las críticas acerca de la repetición de esfuerzos con las municipalidades y otros ministerios y entidades públicas.

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Empero, el actual presidente del Inder, Harys Regidor, señaló que eso se evita, precisamente, con el traslado de la propuesta de obras y planes de desarrollo a manos de cada territorio y con los requisitos donde se identifica cuáles propuestas tienen impacto en desarrollo productivo y cuáles en desarrollo cantonal y comunal.

Los recursos que se invierten en los territorios provienen del presupuesto del Inder, el cual se financia con impuestos específicos. Por ejemplo, para el 2017 esta entidad recibió ¢34.176 millones, procedentes de impuestos a las bebidas gaseosas (¢8.507 millones), cerveza (¢3.728 millones), licores (¢1.648 millones), cigarrillos (¢1.352 millones) y vinos (¢197 millones). El ingreso mayor proviene de un timbre o tasa a toda transacción de tierra en Costa Rica, lo cual el año pasado deparó ¢18.743 millones.

Sistema novedoso

El representante de la oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para Costa Rica, Miguel Ángel Arvelo, calificó como muy avanzada la ley que creó el Inder y destacó que se pasó de tener como sujeto del desarrollo rural a un poblador rural territorial en lugar de un beneficiario de la reforma agraria.

Agregó que una de las grandes limitantes para un país como Costa Rica, según los estudios, es la concentración y poca descentralización. En ese contexto, detalló, la participación de las organizaciones y ciudadanos en los territorios es importante para que la toma de decisiones se haga desde allá.

El sistema logra, dijo Arvelo, que la gente escoja y priorice su plan de desarrollo y que defina de alguna manera cómo se invierten los recursos públicos. Esto porque desde ellos proponen y justifican los proyectos y se elevan a todas las instancias hasta que deben ser vistos y aprobados por la junta directiva del Inder, en este caso.

Arvelo, empero, le ve dos amenazas al sistema tropicalizado por Costa Rica a partir de experiencias europeas, principalmente. La primera de ellas es la gran cantidad de territorios establecidos finalmente, pues primero se recomendaban entre ocho y 12, y la segunda, que se presente una competencia y descoordinación entre la dirigencia de cada territorio y el gobierno local establecido por la legislación, es decir, las municipalidades.

En el primer caso consideró una mayor dificultad para tener un mayor control del asunto. Esto, porque si se hace masivo, los mecanismos de participación ciudadana se terminan diluyendo.

En el segundo, advirtió, en algunos países del mundo se presentó una especie de competencia entre las municipalidades y los Consejos Territoriales de Desarrollo Rural, la figura superior de este sistema, integrada con 60% de miembros de la sociedad civil y el sector privado y 40% de integrantes de las entidades públicas presentes en cada bloque o territorio.

Regidor detalló que para mantener el control y seguimiento de los programas e inversiones en los 29 territorios hay tres niveles: el asesor territorial de la entidad y la oficina regional del Instituto, que se dan en el propio campo; el fondo de tierras o fondo de desarrollo, que se encargan de la supervisión; la Secretaría Técnica del Instituto, que también realiza estudios periódicos de este tipo y mantiene una vigilancia permanente.