Marvin Barquero. 17 julio, 2018
Pueblos completos, como Fortuna de Bagaces, surgieron en grandes fincas invadidas que son propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, pero donde las familias no tienen título de propiedad. Incluso, el templo católico de esa comunidad estaba en esa condición. Casos como este se repiten en todo el país. Foto de: Diana Méndez.
Pueblos completos, como Fortuna de Bagaces, surgieron en grandes fincas invadidas que son propiedad del Instituto de Desarrollo Rural, pero donde las familias no tienen título de propiedad. Incluso, el templo católico de esa comunidad estaba en esa condición. Casos como este se repiten en todo el país. Foto de: Diana Méndez.

La acumulación de tierras sin regular lleva ya 60 años en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y se mantiene, tanto que en la última década “aparecieron” fincas y hasta pueblos enteros en terrenos que son propiedad de ese institución.

El caos con las tierras es tal que la entidad ni siquiera tiene claro en este momento a cuánto asciende el área de sus propiedades y se estima que con el actual personal se deberían emplear al menos dos décadas para poner en orden la situación.

La actual gerenta del Inder, Diana Murillo, aseguró que ese problema comenzó desde la época en que nació la entidad con el nombre de Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y que se ha venido acumulando sin que la institución se haya preocupado realmente por resolverlo.

El ITCO fue creado mediante ley el 14 de octubre de 1961, y la primera sesión de junta directiva se realizó el 25 de octubre de 1962. Nació con el objetivo de establecer una equitativa redistribución de la tierra como factor de producción.

Aunque este desorden con los predios es un problema de muchos años y en algunas ocasiones se hicieron programas para resolverlo, de nuevo toma revuelo ante otro intento de las autoridades del Instituto por regularizar la situación. El plan se denomina Estrategia de Titulación y Regularización de las Tierras Propiedad del Inder y fue aprobado por la junta directiva el año pasado.

Las primeras revelaciones de una comisión creada en el marco de esa estrategia indican que, por ejemplo, se “descubrió” que la llamada Hacienda Miravalles, la cual incluye comunidades de Bagaces, como Fortuna, Guayabo y San Bernardo, es propiedad de esa institución. Solo en esa finca se deben poner en orden unas 3.000 propiedades, explicó el Inder, en una respuesta escrita. Hacienda Miravalles tiene alrededor de 16.000 hectáreas.

También se encontró que otra gran hacienda, llamada Chambacú y que abarca miles de hectáreas en parte de los cantones de Los Chiles y San Carlos, es propiedad del Inder. En este caso se estima que también hay más de 3.000 familias con tierras sin regularizar.

Esas tierras fueron invadidas desde hace décadas y la entidad las adquirió, pero nunca se pusieron en orden.

Casos como esos dos se repiten en todas las zonas de Costa Rica, advirtió Murillo. “Sin duda alguna, la situación más grave fue el descuido por parte de la institución, la cual ha postergado la solución a este grave problema que ha ido creciendo con los años”, enfatizó la funcionaria.

Según las primeras informaciones de la comisión, se calcula que el Inder tiene unos 806 asentamientos campesinos, pero ahora seguirá la labor de analizarlos uno por uno y determinar la situación de quienes tienen las parcelas.

Esa tarea pendiente incluye la actualización de la cantidad de familias que habitan en cada uno de ellos, así como el área de cada parcela y la actividad a la cual se dedican. En algunos casos, las familias originales ya no habitan en las parcelas, reconocieron Murillo y Jimmy Garita, jefe de Información y Registro de Tierras del Inder.

El Instituto dijo que dentro de esa estrategia se espera invertir unos ¢2.700 millones en un plazo de cuatro años, en la búsqueda de salidas a la situación. Se prevé contratar, por temporadas y conforme se “descubran” los casos, a abogados, notarios, topógrafos, asistentes y encuestadores, entre otros, para aligerar la legalización de los predios.

El secretario general de la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (Upanacional), Guido Vargas, señaló que este es un asunto de muy urgente solución. “Debió haber sido ayer y no se hecho”, advirtió.

El dirigente dijo que aunque no se tienen datos, muchos de los campesinos venden o traspasan las fincas después de muchos años de trabajar en ellas, pues la “exposición a las fuerzas del mercado y la poca ayuda” no les permite seguir. Esto lleva, dijo, a una reforma agraria al revés: “usted ve grandes desarrollos agrícolas en tierras que fueron asentamientos campesinos”.

¿Cómo se acumuló?

Según los funcionarios del Inder, varios factores intervienen en la acumulación del problema. El primero de ellos fue la compra de fincas cuando ya estaban ocupadas y se heredó la práctica de asignar las parcelas a quienes calificaban y desalojar a quienes no cumplían los requisitos.

En este caso, una gran cantidad de familas nunca se interesó en obtener la escritura, pues con eso evitaban el compromiso de mantenerse al menos 15 años en la parcela, así como el pago de impuestos, mientras en otras ocasiones la entidad nunca ejecutó la acción de titularizar las parcelas.

Otro de los factores fueron tierras donadas por grandes compañías al Estado y que primero el ITCO, luego el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y ahora el Inder (las tres etapas de esta misma entidad), no pusieron en regla en cada momento. En este caso, las empresas (las compañías bananeras son las más conocidas) cedieron zonas invadidas por campesinos al Estado, para evitar conflictos sociales y legales. Esto se presentó más en las zonas sur y Caribe.

A eso se unen las tierras traspasadas mediante decreto por parte del Gobierno y sobre las cuales nunca se hizo la legalización y la repartición correspondiente.

En otros casos, se adquirieron tierras que luego aparecieron con problemas registrales que impidieron su ordenamiento. Entre estas están fincas sin inscribir, fincas con área inferior, fincas ubicadas en la franja fronteriza y fincas afectadas por territorio indígena o por un área silvestre protegida, recordó Garita.

El Inder reconoció que es imposible saber el porcentaje de las tierras que está de manera irregular. Esto, porque la entidad ni siquiera cuenta con un registro actualizado de sus propiedades, reconocieron los funcionarios actuales.

Vargas, por su parte, recordó las denuncias hechas desde hace muchos años por los campesinos acerca del impacto del exceso de trámites al legalizar tierras. También, señaló, hay una distorsión en las instituciones que afecta tema.

“Cuando un agricultor es clasificado por estudios serios, fundamentados, y ya cumple con los tiempos establecidos, debería de tener la propiedad casi de manera inmediata”, se quejó el dirigente Vargas.

Entrevista

Gerenta del Inder, Diana Murillo: Falta de personal fue la excusa para no hacer el trabajo
Diana Murillo, Gerenta General INDER. Foto: Rafael Murillo
Diana Murillo, Gerenta General INDER. Foto: Rafael Murillo

– ¿Por qué se acumuló tanto predio sin titular?

– Parece difícil de creer que se hayan acumulado miles de casos, de familias que han ocupado de forma irregular durante décadas una propiedad del Inder. Es importante informar que si bien la institución, durante muchos años, ha planteado como justificación la falta de personal para realizar la labor de regularización, esta no ha sido la causa principal, esa es normalmente la excusa perfecta para no hacer el trabajo que nos corresponde.

"La mayoría de las propiedades que fueron traspasadas al ITCO mediante decreto ejecutivo y, o mediante donación de alguna empresa, eran propiedades que se encontraban invadidas antes de pasar a formar parte del patrimonio institucional. Las empresas, principalmente las bananeras en la zona sur y en el Caribe, una vez invadidas sus propiedades, las donaban al Estado, presuntamente para no tener que resolver ese conflicto, esto ocasionó que muchos de los ocupantes no cumplieran los requisitos necesarios para poder emitirles una escritura de propiedad.

"Además, otros ocupantes tampoco querían que se les entregara una escritura, para no estar sujetos al periodo de limitaciones de 15 años sobre la propiedad, que establece la institución para sus beneficiarios; otros nunca quisieron que se les resolviera la situación ya que se trataba de extranjeros indocumentados”.

– ¿Tuvo alguna culpa la entidad en la acumulación de este problema?

– Sin duda alguna, la situación más grave fue el descuido por parte de la institución, la cual ha postergado la solución a este gran problema, que ha ido creciendo con los años, siendo hoy uno de nuestros principales retos, porque cada año que pasa se hace más difícil y costosa su solución.

– ¿Qué porcentaje de tierras está en condición irregular?

– Es un dato que no se puede brindar con exactitud; si hablamos de las tierras propiedad del Inder, no se cuenta con un registro actualizado, por esta razón, la etapa previa al proceso de regularización es precisamente esa labor de investigación en coordinación con el Registro de la Propiedad, y con documentos históricos que posee la institución. A la fecha no se cuenta con un registro completo de las fincas del Inder.

– ¿Por qué no se tiene ese registro?

– Por diferentes razones, algunas de ellas ya que no se tienen datos exactos de todos los casos, han pasado décadas y las personas puede que ya no sean los ocupantes originarios, además ha faltado compromiso político. Si se le hubiera dado la importancia que esto amerita, ya se habrían solucionado la mayoría de casos. Tenemos ejemplos de proyectos que por muchos años han estado sin fiscalización, es más, se perdieron los registros y vienen a aparecer en la última década como propiedades del Inder. Aquí es donde la institución se viene a enterar que pueblos completos están a nombre del Inder y no de sus habitantes.

– ¿Cuánto se debe invertir para resolver este problema?

– El costo es un dato difícil de estimar al no contar con información que nos permita conocer con exactitud la magnitud del problema. Tenemos claro que con el personal que actualmente tiene el Inder, no se podría resolver esta situación en el corto o mediano plazo, nos llevaría probablemente una o dos décadas más resolverlo. Si asumimos que la estrategia se ha planteado para un plazo de cuatro años, podríamos concluir que en ese período se estarían destinando ¢2.700 millones, aproximadamente.